Por Adrián Santana | Nueva York, 24 de octubre de 1929. Wall Street amanecía más congestionada que nunca, concentrándose allí una gran multitud en la que la tensión crecía por momentos: la caída de la bolsa era ya inevitable. El conocido como “Crack del 29” es considerado como la mayor recesión económica que haya sufrido el sistema capitalista a lo largo de su historia, teniendo importantes repercusiones sociales, políticas, morales e ideológicas que pusieron en entredicho el modelo económico liberal hasta entonces vigente. El descalabro bursátil llevó a la ruina de los inversores, más de 32.000 empresas desaparecieron, la banca quebró y los créditos se suspendieron. Más de quince millones de personas se quedaron sin empleo y el comercio mundial se redujo en dos tercios. La intervención del Estado se tornó esencial para la recuperación de las economías y sociedades afectadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Una cuestión quedaba clara: el modelo debía cambiar.
En 1933 el demócrata Franklin Delano Roseevelt llegó al despacho oval. El nuevo presidente en su discurso inaugural, denunció la desregulación y la mala praxis de los bancos y empresas que velaban por el interés personal y el beneficio particular en lugar del colectivo.
“Ha de ponerse fin a esa conducta en la banca y en el mundo empresarial que, demasiado a menudo, ha dado a una confianza sagrada la apariencia de prácticas crueles y egoístas.”
Roosevelt tomó importantes medidas para paliar los efectos de la depresión económica que se había iniciado 4 años antes. Se inició un cierto control de los bancos por parte del Estado a través de la Banking Act, se concedieron créditos para la inversión empresarial y creación de empleos, se devaluó el dólar en un 41% para potenciar la exportación americana y se otorgaron subvenciones a la industria para proteger el sector.
Por otro lado, se incrementaron los derechos laborales. A través de la National Labor Relations Act se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la jornada horaria máxima. Con la disminución del paro gracias a los créditos y subvenciones, la fijación del salario mínimo y la tendencia al alza de los sueldos, se creó una masa de asalariados con cierto poder adquisitivo que multiplicó la demanda interna. En materia social, mediante la Social Security Act, se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones.
En síntesis, el Estado americano desplegó toda su maquinaria para reflotar la economía a la par que las condiciones de vida de la masa social como hicieron diversos países europeos pero con mayor fuerza. Estas medidas significaron, en aquel momento, el freno al capitalismo ultraliberal tornándose posible y viable medidas económicas hasta entonces consideradas impensables.
El Crack del 29 significó un shock económico sin precedentes para el mundo, pero la Segunda Guerra Mundial ha sido, sin duda, el acontecimiento más devastador social, humanitaria e incluso ideológicamente. El conflicto bélico más cruento y traumático de nuestra historia tuvo como principal consecuencia la muerte de 50 millones de personas, quizá muchas más, además de la destrucción de ciudades enteras, el éxodo de poblaciones y la destrucción de las economías de los vencidos, por supuesto, así como de los vencedores, especialmente Francia y Reino Unido.
Analizado el escenario resultante del conflicto, los líderes políticos observaron que el sistema económico imperante hasta entonces no era viable para la protección de la población y el desarrollo social y colectivo. La puesta en marcha del European Recovery Programm, comúnmente conocido como “Plan Marshall”, por parte de los Estados Unidos, ayudó a que en el continente europeo se sentaran las bases del Estado del Bienestar. El modelo basado en la desregulación económica propugnada por el liberalismo debía dejarse de lado haciéndose esencial un ambicioso cambio en la política económica. Fue entonces cuando las teorías de John Maynard Keynes (gestadas, principalmente, tras el crack del 29) cobraron especial relevancia.
Keynes (Cambridge, 1883) rompió con la idea de que el libre mercado y su autorregulaci-ón, genera empleo de manera autómatica. El economista británico basó su teoría en la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios, sin reducir el nivel adquisitivo de la clase trabajadora. El gasto público, en consecuencia, era vital para estimular la economía y crear empleo a través, por ejemplo, de la inversión en infraestructuras.
Si ya Roosevelt, para paliar las consecuencias de la caída bursátil, empleó políticas económicas de corte keynesiano, tras la Segunda Guerra Mundial el Estado pasó a intervenir de manera más nítida en la economía, entregando servicios y beneficios y otorgando mecanismos y recursos que devinieron en certidumbre, seguridad y control en el manejo económico. El caso del Reino Unido es uno de los más interesantes.
La administración de Clement Attle, Primer Ministro laborista, se basó en los informes Beveridge y en el modelo keynesiano para la consolidación del bienestar social y económico británico, apuntalándose la Seguridad Social (creada durante el gobierno de coalición en plena IIGM), creándose el Sistema Nacional de Salud (National Health Service) y nacionalizándose sectores clave para la reducción de las diferencias sociales como los muelles, las minas, el transporte, la electricidad y el gas. Se crearon, además, grandes grupos de vivienda pública para fomentar la natalidad -la población había sido diezmada por la guerra- y el acceso a un hogar digno por parte de la mayoría social. Asimismo, Attlee y su gobierno hicieron efectiva la Educación gratuita hasta los 15 años.
Recapitulando, el Estado volvería a salvar a los más vulnerables tras un evento de consecuencias devastadoras para el pueblo británico y, sobre todo, para la clase trabajadora teniendo la justicia social, la igualdad y la recuperación económica como objetivos claros a través del gasto público. Fue así como Gran Bretaña pudo recuperarse de la crisis consecuente del conflicto global.
Un Estado fuerte es aquel en el que se protege a la mayoría social, se asegura el bienestar del país, se reduce la desigualdad social y cuyos servicios públicos no se encuentran desmantelados en pro del sector privado y de unos pocos
En nuestro siglo, dos son las crisis que pudieran compararse de cierto modo con, principalmente, el crack del 29: la crisis financiera de 2008 y la actual, como resultado de la COVID-19.
La respuesta a la primera, de la que no hemos salido completamente, se tradujo en la devaluación de la vida de las clases populares, reduciéndose los salarios, flexibilizándose el despido y aumentándose la desigualdad entre ricos y pobres. La austeridad fue la regla: se congelaron las pensiones, se retrasó la edad de jubilación y se realizaron recortes en sectores públicos esenciales como la Educación y la Sanidad. No podemos responder de la misma manera en esta ocasión. La COVID-19 ha vuelto a poner en cuestión el sistema económico y las recetas del mismo, y aunque todavía hay quienes consideran que el modelo debe continuar sin cambios y aplicando las medidas que se han demostrado erróneas, crece cada vez más la opinión de que el papel del Estado y de lo público debe ser mayor para garantizar que nadie se quede atrás.
Decía Cicerón en el siglo I a.C. que la Historia era la magistra vitae, algo que no podemos poner en duda. La Historia nos demuestra que solo a través del fortalecimiento del Estado podemos hacer frente a los retos que se nos presentan, creciendo todos y todas juntos de manera justa y sin abandonar a nadie en la cuneta. Las experiencias de debilitamiento del Estado y de ultraliberalización de la economía, como ocurrió en el Reino Unido de Thatcher, los EEUU de Reagan o la Europa de la austeridad, tienen consecuencias devastadoras, especialmente para la clase trabajadora, principal afectada del capitalismo salvaje que reduce sus derechos y su poder adquisitivo. Un Estado fuerte es aquel en el que se protege a la mayoría social, se asegura el bienestar del país, se reduce la desigualdad social y cuyos servicios públicos no se encuentran desmantelados en pro del sector privado y de unos pocos. Recordemos que el Estado lo conformamos todos y todas.
