Una de los compromisos asumidos en campaña por el actual presidente argentino fue que durante su gobierno enviaría al Congreso un proyecto que despenalizara la interrupción del embarazo.
Hasta 2019, dos de cada diez mujeres fallecidas por causas maternas perecieron por la práctica de aborto clandestino. Una cifra que eleva a 3030 las muertes por aborto desde la recuperación de la democracia, en 1983.
Dos años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Senado rechazó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; una decisión que profundizó la lucha mantenida por diversos organismos de Derechos Humanos que denunciaron las muertes invisibilizadas de mujeres de los sectores más vulnerables.
"Legalizar no quiere decir que estamos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto sino que, ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte", recordaron en sus redes sociales integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, recurriendo a la opinión expresada en 1996 por el fallecido cardiólogo argentino, René Favaloro.
Que la clandestinidad mata no es solo un slogan. Entre 400 y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, lo que significa que la penalización de su práctica no hace más que poner en riesgo la salud de cientos de mujeres.
“Más allá de la amenaza de prisión, las mujeres argentinas que no tienen el proyecto de maternidad ni recursos económicos acuden al aborto en la clandestinidad. Tenemos entre 38 y 400 mil ingresos hospitalarios por abortos mal practicados. Ahí van las mujeres, a afectar su salud, a veces a morir”, señaló la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien anunció que el presidente Alberto Fernández incluirá en el temario de sesiones extraordinaria el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el mes de noviembre.
