@jgonzalezok | El 11 de octubre de 2013, Alberto Fernández, que estaba todavía lejos de convertirse en presidente de los argentinos, escribió: “Si CFK (por Cristina Fernández de Kirchner) no entiende por qué la Corte (Suprema) es un contrapoder deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. ¡Basta de sofismas!”.
Seis años después, el 15 de mayo de 2019, Alberto Fernández recibe una llamada telefónica de Cristina Kirchner, con la que llevaba una década enemistado y de la que venía siendo un crítico implacable, para ofrecerle encabezar la fórmula presidencial del peronismo, con ella como segunda en la fórmula. Se necesitaba la imagen de un moderado para vencer y lo lograron, la suya sería la candidatura ganadora en el mes de octubre.
Se desconoce qué compromisos asumió Alberto Fernández con Cristina Kirchner para ser el elegido del peronismo, pero se sabe que la única obsesión de la ahora vicepresidenta es librarse de las causas pendientes con la Justicia. No obstante, antes de asumir, Alberto Fernández le dijo en una entrevista al periodista Mario Pereyra: “Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la Corte. Nada, qué voy a hacer con la Corte (…) La Corte tiene cinco jueces dignos, los tres que quedaron de la gestión nuestra y los dos nuevos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione”. El periodista insistió, le dijo que quería grabarlo y Fernández añadió: “Grábelo, soy el hijo de un juez, respeto el Estado de derecho (…) Lo va a guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada, porque yo no miento, eh, el que miente es Macri”.
Alberto Fernández se sometió a las presiones de su vicepresidenta y ha planteado hacer juicio político a la Corte Suprema, para destituir a sus miembros
Ya como presidente y en la recta final de su mandato, Alberto Fernández se sometió a las presiones de su vicepresidenta y ha planteado hacer juicio político a la Corte Suprema -la misma que dijo que no había que tocar-, para destituir a sus miembros. La razón: no está de acuerdo con sus sentencias, y teme que fallen en contra cuando le sigan llegando las causas que desvelan a Cristina. La división de poderes, columna vertebral del sistema democrático como lo contemplan todas las constituciones con sistemas políticos homologables, no encaja en el pensamiento peronista, y menos en su versión kirchnerista. Ya lo dijo el general Perón en su época de esplendor, mediados del siglo pasado: “Al amigo, todo, al enemigo ni justicia”.
En el último informe anual de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, se afirma: “En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de las autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de Derecho”. También afirma que autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción.
Días después -el lunes 23- el gobierno argentino aprovechó su presentación en la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, para volver a cargar contra el Poder Judicial, la oposición y los medios independientes. “Hay discursos del odio en Argentina que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, equiparando toda crítica al gobierno con el discurso del odio, añadiendo: “Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare, impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”.
La división de poderes, columna vertebral del sistema democrático, no encaja en el pensamiento peronista
En este sentido, insistió en que Cristina Kirchner ha sido proscripta políticamente y que en las causas que enfrenta la vicepresidenta se violaron garantías fundamentales del Estado de Derecho y que se desconocieron garantías básicas del debido proceso, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad. Algunas de estas observaciones son claramente opinables; otras son directamente falsas.
Pero la reacción del organismo internacional no fue la esperada por el gobierno de Alberto Fernández, ya que se recomendó a Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”. También remarcaron la necesidad de que el país designe un Defensor del Pueblo nacional y avance en cuestiones como “garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, la asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y el combate a la discriminación contra personas LGTBQ+.
Para la oposición de Juntos por el Cambio, esta presentación fue sorprendente: “Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”.
La vicepresidenta, que es el verdadero poder en la Argentina, tiene la obsesión de someter a la Justicia y ya lo intentó sin éxito durante sus dos períodos al frente del gobierno, entre 2007 y 2015. Ya tiene una sentencia firme que la condenó en segunda instancia a seis años de cárcel por defraudación al Estado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque tiene todavía dos instancias de apelación, con lo que sigue disfrutando de libertad e incluso de sus derechos políticos.
La vicepresidenta tiene la obsesión de someter a la Justicia y ya lo intentó sin éxito durante sus dos períodos al frente del gobierno
La inquina de Cristina Kirchner se dirige a la justicia federal, que trata de los temas de corrupción, y a la Corte Suprema. Todos entran en lo que ella considera una mafia judicial, que aplicaría el lawfare (guerra jurídica y mediática contra líderes populares). Como consecuencia de ello recusa a los jueces que le tocan en distintas causas, siendo el objetivo mayor la Corte Suprema, donde irán a parar todos los procesos y donde quiere colocar jueces militantes.
En 2022, el Congreso argentino sancionó solo 36 leyes, un 30% menos que el año anterior. Pese a este bajo nivel de actividad, el presidente decidió convocar sesiones extraordinarias para tratar el juicio político a la Corte, con la pretensión de destituir a sus 4 miembros -el quinto está vacante por jubilación de Elena Highton- incluso sabiendo que no va a contar con los votos suficientes. Serán citados los cuatro integrantes del alto tribunal aunque se cree que no acudirán, ya que no tienen obligación y no quieren participar en lo que se considera será un show mediático. Las reuniones de la Comisión de Juicio Político comenzarán el 26 de enero y continuarán el 2 de febrero con la argumentación formal.
El kirchnerismo insiste en aumentar el número de los miembros de la Corte para lograr una mayoría favorable al gobierno, como ya hicieron gobiernos anteriores
Paralelamente, el kirchnerismo insiste en la vieja idea de aumentar el número de los miembros de la Corte para lograr una mayoría favorable al gobierno, como ya hicieron gobiernos anteriores. En el Senado existe un proyecto de ley presentado por el oficialismo para ampliar de 5 a 15 los integrantes de la más alta instancia judicial. Pero, dado que no cuenta con los números necesarios para sacarlo adelante, los sectores más duros del kirchnerismo redoblan la ofensiva y piden llegar a los 25 miembros, y hacerlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La forma de elección garantizaría jueces adictos: el presidente recibiría una lista con dos nombres de cada uno de los gobernadores. Las provincias más pobres son tradicionalmente peronistas y el sistema de elección en el Senado siempre permiten una mayoría igualmente peronista, por lo que no hay duda del cambio que sufriría la Corte, con jueces dependientes políticamente.
Pero hay una dificultad legal e institucional: el número de miembros de la Corte Suprema es una facultad del Congreso y ningún decreto puede asumir facultades legislativas. En su artículo 99 la Constitución establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Solo circunstancias excepcionales, como la imposibilidad de que el Congreso no pueda reunirse por circunstancias de fuerza mayor o desastres como un terremoto o una crisis económico-financiera de gigantesco alcance, podría dar lugar a un DNU.
Claro que esto no es un obstáculo para un presidente que ya usó este tipo de decretos en materia penal y en materia tributaria, también impedidos por ley. Pero al tocar la Corte Suprema se llegaría a un límite que afectará el andamiaje institucional del país. Y todo, como señala en un reciente artículo el constitucionalista Daniel Sabsay, para tratar de diluir a los actuales miembros de la Corte y lograr la impunidad de Cristina Kirchner.
