nuevatribuna.es
28 de mayo de 2009, 15:09
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 28.5.2009
La Guardia Civil ha procedido a la detención de otras seis personas --acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias-- en las provincias de Las Palmas y Tarragona supuestamente relacionadas con la presunta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, como consecuencia de la segunda fase de la 'Operación Unión'. Entre los detenidos se encuentran un promotor y constructor de la isla, y otros cinco empresarios, siendo algunos de ellos miembros de la Cámara de Comercio insular, según informó hoy la Benemérita en un comunicado.
De esta manera, durante el día de hoy los agentes han practicado registros en las dependencias del Ayuntamiento de Yaiza y de su Oficina Técnica, así como los domicilios de varios de los detenidos y las sedes de distintas empresas promotoras.
Por su parte, el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, dinerarias o en especie, a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio, a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos.
La Guardia Civil ha procedido a la detención de otras seis personas --acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias-- en las provincias de Las Palmas y Tarragona supuestamente relacionadas con la presunta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, como consecuencia de la segunda fase de la 'Operación Unión'. Entre los detenidos se encuentran un promotor y constructor de la isla, y otros cinco empresarios, siendo algunos de ellos miembros de la Cámara de Comercio insular, según informó hoy la Benemérita en un comunicado.
De esta manera, durante el día de hoy los agentes han practicado registros en las dependencias del Ayuntamiento de Yaiza y de su Oficina Técnica, así como los domicilios de varios de los detenidos y las sedes de distintas empresas promotoras.
Por su parte, el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, dinerarias o en especie, a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio, a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos.
