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15 de febrero de 2009, 13:05
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 13.2.2009
El PP no ceja en su empeño por conseguir la información que obra en poder del juez Garzón sobre la presunta trama de corrupción, lo que le permitiría estar mejor pertrechado ante posibles imputaciones y emprender acciones para que el magistrado deje de instruir la causa, algo que el primer partido de la oposición piensa que puede favorecer a sus intereses.
Después de que Garzón rechazara este viernes la solicitud del PP para personarse en la causa, la Comunidad de Madrid ha tomado una iniciativa similar y ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de personación para formar parte de la instrucción como acusación particular, en calidad de perjudicado. El Gobierno de Aguirre exige que "esta Administración pueda tomar parte en el procedimiento judicial como perjudicada y ejercitar las acciones que legalmente proceden al amparo de lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española". La personación está encaminada a que el Ejecutivo madrileño "pueda tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias en el marco de la investigación".
El Ejecutivo autonómico también deja patente su deseo de “deshacerse” del incómodo juez, al solicitar al magistrado abstenerse de seguir conociendo del procedimiento si afecta a personas aforadas, a tenor de lo establecido en los artículos 309 y 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Así, le emplaza a remitir las actuaciones, en lo relativo a los aforados, a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir las posibles responsabilidades penales de las personas con inmunidad. Recuerda que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Madrid dispone que la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Desvío de fondos públicos
Para sustentar su condición de perjudicado, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre esgrime las sospechas de que pueda "haberse destinado fondos propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos de los legales previstos". Alude a conversaciones telefónicas de Correa que obran en el sumario, según publicó el diario 'El País', en las que se afirma que "se han cargado a la Comunidad de Madrid gastos del Partido Popular, ufanándose de que un consejero de la Comunidad de Madrid cobraba comisiones por distintas favores y, además, obligaba a las Consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba Correa". El supuesto 'cabecilla' de la corruptela aludía, según el citado periódico, al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, una de las cuatro víctimas políticas que se ha cobrado hasta ahora la supuesta trama de corrupción destapada por Garzón el pasado 6 de febrero.
En el escrito, se menciona un apartado del auto emitido el pasado 12 de febrero por Garzón para fundamentar los ingresos en prisión incondicional de Correa y dos de sus colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Concretamente, se trata del fundamento jurídico en el que Garzón establecía que "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión con otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamiento y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas (...)".
El PP no ceja en su empeño por conseguir la información que obra en poder del juez Garzón sobre la presunta trama de corrupción, lo que le permitiría estar mejor pertrechado ante posibles imputaciones y emprender acciones para que el magistrado deje de instruir la causa, algo que el primer partido de la oposición piensa que puede favorecer a sus intereses.
Después de que Garzón rechazara este viernes la solicitud del PP para personarse en la causa, la Comunidad de Madrid ha tomado una iniciativa similar y ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de personación para formar parte de la instrucción como acusación particular, en calidad de perjudicado. El Gobierno de Aguirre exige que "esta Administración pueda tomar parte en el procedimiento judicial como perjudicada y ejercitar las acciones que legalmente proceden al amparo de lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española". La personación está encaminada a que el Ejecutivo madrileño "pueda tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias en el marco de la investigación".
El Ejecutivo autonómico también deja patente su deseo de “deshacerse” del incómodo juez, al solicitar al magistrado abstenerse de seguir conociendo del procedimiento si afecta a personas aforadas, a tenor de lo establecido en los artículos 309 y 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Así, le emplaza a remitir las actuaciones, en lo relativo a los aforados, a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir las posibles responsabilidades penales de las personas con inmunidad. Recuerda que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Madrid dispone que la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Desvío de fondos públicos
Para sustentar su condición de perjudicado, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre esgrime las sospechas de que pueda "haberse destinado fondos propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos de los legales previstos". Alude a conversaciones telefónicas de Correa que obran en el sumario, según publicó el diario 'El País', en las que se afirma que "se han cargado a la Comunidad de Madrid gastos del Partido Popular, ufanándose de que un consejero de la Comunidad de Madrid cobraba comisiones por distintas favores y, además, obligaba a las Consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba Correa". El supuesto 'cabecilla' de la corruptela aludía, según el citado periódico, al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, una de las cuatro víctimas políticas que se ha cobrado hasta ahora la supuesta trama de corrupción destapada por Garzón el pasado 6 de febrero.
En el escrito, se menciona un apartado del auto emitido el pasado 12 de febrero por Garzón para fundamentar los ingresos en prisión incondicional de Correa y dos de sus colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Concretamente, se trata del fundamento jurídico en el que Garzón establecía que "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión con otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamiento y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas (...)".
