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REMUNICIPALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA

Las vergüenzas del agua pública de Barcelona

Todo lo que sucede desde hace más de cien años con el servicio privado del agua de Barcelona es un escándalo y la situación actual supera todo lo inimaginable.

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La gestión del agua en Barcelona siempre ha funcionado en un limbo legal, puesto que nunca hubo un contrato de cesión por parte de la administración catalana a ninguna empresa hasta el año 2010.

Desde el año 1870, la gestión del agua en Barcelona ha sido llevada a cabo por empresas privadas, salvo entre los años 1936-1939, durante la guerra civil, que fue uno de los elementos de colectivización obrera.

Ya en la década de los años sesenta del siglo XX, como consecuencia de las protestas sociales y vecinales, el Ayuntamiento barcelonés constituyó un modelo de gestión privada con el mantenimiento público de las infraestructuras que ha estado vigente hasta el año 2010.

Este cambio se produce porque hay una sentencia de los juzgados de Barcelona y en concreto del juez Eduardo Paricio que dice “no existe contrato de concesión entre el Ayuntamiento de Barcelona y Agbar”. Consecuencia de ello el servicio prestado por Agbar es ilegal y por tanto las facturas cobradas ilegales, es decir, todo ha sido irregular desde 1870 hasta 2010, salvo el periodo de la guerra civil.

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El Ayuntamiento de Barcelona presidido por el convergente Xavier Trías crea una empresa mixta a través del Área Metropolitana, donde Agbar detenta el 85% de la propiedad y el Área Metropolitana el 15%. Inmediatamente se concede la concesión del agua de Barcelona a esta nueva empresa hasta el año 2047, pero sin concurso público, lo cual está en el origen del desastre actual.

Ante esta nueva concesión irregular y la consiguiente demanda, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara irregular la concesión. Actualmente, esta sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la Generalitat procede a convocar una nueva adjudicación en la que se presentan dos grandes empresas Agbar, que cuenta como máximo accionista a la multinacional francesa Suez y a la Caixa y lo hace con la ayuda de Aigües de Terrassa, Aigües de Sabadell y las constructoras, Acsa, Copisa y Calaff junto a dos bancos, el norteamericano First State y la caja francesa Caisse de Dépot.

El otro participante es ACCIONA que cuenta con el apoyo de Aigües de Catalunya, Gopa Consulting, Acacia ISP, Global Lubbock y Gestió Catalana Aigües, firmas controladas por las familias Sumarroca, Miarnau, Rodés y Torreblanca-Godia.

El concurso fue otorgado a finales de 2012 por el gobierno convergente de Artur Mas durante un periodo de cincuenta años a Acciona a cambio de 1.000 millones de euros, de los que 300 fueron al contado. Todos los expertos coinciden en que esta concesión fue una chapuza descomunal de Convergencia como gran parte de la labor de Mas.

Era el momento, en que Convergencia no les cuadraba el presupuesto y los mil millones de euros ofrecidos por Acciona les solucionó la coyuntura presupuestaria.

La gran perjudicada de esta concesión es Agbar, que había sido la que lleva la concesión del agua de Barcelona desde tiempo inmemorial. Agbar inmediatamente denunció la concesión de Acciona. La lucha entre ambas empresas en los juzgados es a muerte, así pueden entender mejor el negocio que es la concesión privada. Hasta ahora todas las resoluciones judiciales han favorecido a Agbar.

El concurso de la concesión fue invalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el año 2015, por el incumplimiento “de los principios de publicidad y concurrencia”.

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La gestión privada y mixta se ha desarrollado mucho durante la crisis económica y ya significa el 50% del agua en España

Esta pelea de gallos empresariales por la concesión del agua pública de Barcelona, ¿quién la paga? Evidentemente, el usuario barcelonés. El agua costaba en el año 2012 a 0,38 euros/m3.  En la concesión, Acciona reclamaba un precio de 0.7088 euros /m3 y Agbar 0,78 euros / m3. Como vemos, el pagano siempre es el usuario con la aquiescencia y el aplauso de Convergencia que se lleva su parte. En los dos años de gestión de Acciona en ATLL (Aigües del Ter y Llobregat) ha encarecido el recibo en un 24%.

El Ayuntamiento de Barcelona denuncia que Agbar se niega a dar información de los costes del servicio que presta. Además, esta empresa se distingue por la falta de transparencia en su gestión y sobre el coste real de los servicios que presta. En un informe realizado por el Área Metropolitana de Barcelona denuncia que Agbar ha valorado casi por cuatro veces el valor real de las infraestructuras que gestiona en Barcelona.

El concejal Eloi Badia, encargado del agua y energía en el Ayuntamiento de Barcelona, dice: “Hemos conocido la gestión privada, hemos conocido la gestión mixta y el único modelo que nunca hemos probado en Barcelona es el de gestión pública”.

La gestión privada y mixta se ha desarrollado mucho durante la crisis económica y ya significa el 50% del agua en España. La inmensa mayoría de las concesiones son para Agbar filial de la multinacional francesa Suez y para FCC.

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Los procesos de remunicipalización de concesiones están resultando muy complicadas en España por la existencia de una legislación estatal hostil. Además, cuenta con la oposición de los partidos del sistema, es decir todos los de derechas, PP, Ciudadanos, PNV, Pdcat y además para más inri, el PSOE. También las empresas concesionarias como estamos viendo en el caso de Agbar judicializan todo el proceso y en muchos casos los propios trabajadores de las empresas concesionarias que piensan que pueden perder sus puestos de trabajo.

GUSAM que es filial de Agbar y que gestiona el agua de Arenys de Munt y en consecuencia defensora de lo privado, dice: “El modelo de gestión no es el factor determinante de los costes. Las cifras demuestran que más allá del modelo de gestión pública o privada, en términos económicos los factores determinantes en el coste real del agua son la dimensión y la fisonomía del municipio, sus recursos hídricos y la capacidad de aprovechar economías de escala. La gestión pública facilita la implementación de políticas que velen por el interés general, aplicando el concepto de ahorro y transparencia”.

La experiencia de París es significativa, desde que se asumió la gestión pública del agua, el efecto inmediato fue una bajada de la factura del 8% porque se ahorra los beneficios que tenía la empresa privada. Si seguimos los datos de la empresa pública Eau de París, la tarifa ha aumentado entre los años 2010-2017 un 19%.  Si seguimos los informes del gobierno francés, el encarecimiento del agua de París es ligeramente inferior al de la media nacional.

Como dice Pablo Sánchez portavoz de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho humano al agua, dice: “Hemos tenido remunicipalizaciones en Berlín y París, referéndums contra la privatización en Tesalónica (Grecia) y en Italia, en el que votó más gente que en las elecciones generales. Estamos ante un movimiento general que ha generado una red europea en defensa del sistema público, democrático, transparente y participativo”.

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En este contexto debemos enmarcar, el intento de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau por remunicipalizar el servicio público del agua, la gestión privada y mixta que ha tenido Barcelona ha sido muy deficiente y totalmente alegal. Es hora de que Barcelona tenga un servicio público de agua bien gestionado y democrático, que considere el agua un bien público y un derecho humano imprescindible por ello nunca debe estar en manos privadas basado en el negocio. El agua nunca debe ser un negocio que es lo que hay ahora, como comprobamos en la pelea entre Agbar y Acciona.

Los barceloneses se merecen otra cosa, aquí si quisiera hacer un llamamiento a ERC y la Cup que apoyen a Ada Colau en esta dificilísima pelea pero sobre todo al PSOE, que si realmente se consideran “la izquierda” aquí tienen un buen ejemplo para demostrarlo y dejar de ser la muleta tradicional de la derecha.

Todo el proceso está pendiente de la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la mencionada cesión de la gestión del agua a Agbar en el año 2011, que fue declarada nula en primera instancia por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña en 2016. Mientras se produce esta sentencia, el Ayuntamiento debe de dar pasos efectivos para remunicipalizar el agua de Barcelona.