nuevatribuna.es
13 de abril de 2010, 3:05
NUEVATRIBUNA.ES 12.04.2010
Las asociaciones para la recuperación de la memoria de Cataluña y Mallorca formalizaron este lunes la presentación de una querella por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Supremo, Luciano Varela y Juan Saavedra por la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura. La noticia fue adelantada el pasado viernes por nuevatribuna.es y en ella ya se apuntaba la posibilidad de que Saavedra fuera incluido en la demanda tal y como finalmente ha sucedido.
En el texto de la querella, al que ha tenido acceso este periódico, se denuncia la “concertación” de Varela, instructor de la causa, y de Saavedra, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del TS, y se les acusa de llevar a cabo una “estratagema delictiva” que ha llevado a las víctimas del franquismo (citadas como víctimas de los delitos de genocidio y lesa humanidad) a una “absoluta indefensión”.
“Lo más grave de todo esto es que va más allá de la causa contra Garzón, se trata del desamparo absoluto de la víctimas”, afirma la coordinadora de colectivos de víctimas del franquismo, Jany Álvarez, que explica en declaraciones a nuevatribuna.es que el magistrado Varela “ha actuado a sabiendas de que las decisiones de Garzón eran mantenibles en derecho y, aún así, ha seguido manteniendo la imputación” y una “resolución injusta”.
Las asociaciones firmantes de la querella hacen hincapié en la impunidad a la que se ven sometidas tras el auto de Varela y por el hecho de no haber sido escuchadas ni admitida su petición para ser parte en la causa abierta contra Garzón, una causa de la que se sienten corresponsables ya que fueron ellas las que llevaron sus denuncias a la Audiencia Nacional.
EL SUPREMO SIGUE SIN RESOLVER QUÉ TRIBUNAL ES COMPETENTE
En este punto hay que recordar que Garzón se declaró primero competente para investigar los crímenes del franquismo para luego pasar el testigo a los distintos juzgados territoriales. La cuestión de competencia no ha sido aún resuelta por el Supremo lo que ha generado una divergencia de opiniones jurídicas. Dos de los juzgados territoriales, el de Granada y el de El Escorial, sostienen que la competencia es de la Audiencia, mientras otros sí han ordenado la exhumación de fosas y algunos han archivado las causas. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar delitos de genocidio y lesa humanidad cuando tales delitos se cometan fuera de España. Quizá involuntariamente, el legislador dejó fuera del marco legal los delitos cometidos en territorio nacional, suponiendo que no se había dado ni se iba a dar nunca ese extremo, lo que ha conllevado a un vació legal al que ahora se agarra el juez Varela.
Sin embargo, Varela, sostienen los denunciantes, obvia la normativa internacional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y viola todos los tratados internacionales también vigentes en España al haber sido suscritos por nuestro país. Se trata de desapariciones forzadas que están tipificadas como crímenes contra la humanidad.
Para Miguel Ángel Rodríguez Arias, una de las personas que han colaborado en la redacción de la querella (en la que se incluyen una veintena de sentencias del Tribunal de Estrasburgo) “Varela ha actuado como si el Tribunal de Derechos Humanos no existiera”. Este jurista sostiene que “en este tipo de delitos no sólo se persigue al criminal sino que también entran en juego otras cuestiones, como la obligatoriedad del Estado de encontrar a los desaparecidos en las fosas clandestinas”. Asimismo afirma que de lo que hay que hablar es no sólo de “indefensión” de las víctimas” sino de “trato inhumano” y que la apertura de un proceso penal no se plantea solo contra Francisco Franco, ya fallecido, sino contra “otras personas implicadas” que podrían seguir vivas.
De la misma opinión es la letrada Elena Reviriego, quien sostiene que no se puede hablar de un delito de asesinato sino de lesa humanidad que no prescribe ya que la prescripción no empieza a contarse a partir de que se inicia la investigación judicial. “No estamos hablando de asesinatos sino de desapariciones”, insiste, y añade que la Ley de Amnistía –a la que también se acoge Varela- no sirve para amnistiar los delitos de sangre. Para esta abogada, el Supremo ha llevado a cabo “un juego jurídico” con el único objetivo de sentar en el banquillo a Garzón. También destaca la sinrazón de que estas causas se lleven en los tribunales territoriales –en contra del principio de economía procesal- y no en una causa general en la Audiencia ya que los autores del delito siguen siendo los mismos en las distintas partes de España.
”VARELA Y SAAVEDRA TIENEN ESTABLECIDA UNA ESTRATEGIA DE ENJUICIAMIENTO"
Los querellantes basan su argumentación para acusar -junto a Varela- de prevaricación a Juan Saavedra en que el primero “incluyó un razonamiento específico que sólo podía provenir del conocimiento directo que Saavedra tenía sobre el estado de los diversos procedimientos que resultaban afectados”. Es decir, los demandantes acusan a ambos de connivencia, de un plan común o complot que en el documento de la querella se califica como “estrategia delictiva”.
¿Por qué? En primer lugar sostienen que Saavedra ha presidido la Sala que ha rechazado la personación de las víctimas a diferencia de lo que se ha hecho con Falange Española; como también preside la Sala que no ha resuelto la cuestión de competencia planteada por los juzgados de Granada y El Escorial, concluyendo que ambos magistrados “han denegado de forma concertada los derechos de las víctimas españolas que desde el 1 de abril de 1939 buscan una autoridad judicial que les escuche y haga justicia en los crímenes más graves y masivos de la historia moderna de España”.
Significa –dice la querella- “impedir a las víctimas el acceso a un proceso judicial que permita depurar responsabilidades por los crímenes que les afectan directamente, e implica continuar el cierre de los tribunales ordenado el 17 de julio de 1936 para tales horrendos crímenes”.
La demanda sostiene que Varela “se aparta notablemente y de forma consciente del Derecho” y que en su resolución de 7 de abril de 2010 imputando a Garzón por un delito de prevaricación utilizó “información y asesoramiento” de Saavedra que preside las tres Salas del Supremo implicadas en este asunto, permitiendo así “deducir la razonabilidad de que ambos tienen establecida una estrategia de enjuiciamiento” base de un presunto delito de prevaricación.
> PDF: Texto de la querella contra Luciano Varela y Juan Saavedra
Las asociaciones para la recuperación de la memoria de Cataluña y Mallorca formalizaron este lunes la presentación de una querella por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Supremo, Luciano Varela y Juan Saavedra por la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura. La noticia fue adelantada el pasado viernes por nuevatribuna.es y en ella ya se apuntaba la posibilidad de que Saavedra fuera incluido en la demanda tal y como finalmente ha sucedido.
En el texto de la querella, al que ha tenido acceso este periódico, se denuncia la “concertación” de Varela, instructor de la causa, y de Saavedra, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del TS, y se les acusa de llevar a cabo una “estratagema delictiva” que ha llevado a las víctimas del franquismo (citadas como víctimas de los delitos de genocidio y lesa humanidad) a una “absoluta indefensión”.
“Lo más grave de todo esto es que va más allá de la causa contra Garzón, se trata del desamparo absoluto de la víctimas”, afirma la coordinadora de colectivos de víctimas del franquismo, Jany Álvarez, que explica en declaraciones a nuevatribuna.es que el magistrado Varela “ha actuado a sabiendas de que las decisiones de Garzón eran mantenibles en derecho y, aún así, ha seguido manteniendo la imputación” y una “resolución injusta”.
Las asociaciones firmantes de la querella hacen hincapié en la impunidad a la que se ven sometidas tras el auto de Varela y por el hecho de no haber sido escuchadas ni admitida su petición para ser parte en la causa abierta contra Garzón, una causa de la que se sienten corresponsables ya que fueron ellas las que llevaron sus denuncias a la Audiencia Nacional.
EL SUPREMO SIGUE SIN RESOLVER QUÉ TRIBUNAL ES COMPETENTE
En este punto hay que recordar que Garzón se declaró primero competente para investigar los crímenes del franquismo para luego pasar el testigo a los distintos juzgados territoriales. La cuestión de competencia no ha sido aún resuelta por el Supremo lo que ha generado una divergencia de opiniones jurídicas. Dos de los juzgados territoriales, el de Granada y el de El Escorial, sostienen que la competencia es de la Audiencia, mientras otros sí han ordenado la exhumación de fosas y algunos han archivado las causas. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar delitos de genocidio y lesa humanidad cuando tales delitos se cometan fuera de España. Quizá involuntariamente, el legislador dejó fuera del marco legal los delitos cometidos en territorio nacional, suponiendo que no se había dado ni se iba a dar nunca ese extremo, lo que ha conllevado a un vació legal al que ahora se agarra el juez Varela.
Sin embargo, Varela, sostienen los denunciantes, obvia la normativa internacional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y viola todos los tratados internacionales también vigentes en España al haber sido suscritos por nuestro país. Se trata de desapariciones forzadas que están tipificadas como crímenes contra la humanidad.
Para Miguel Ángel Rodríguez Arias, una de las personas que han colaborado en la redacción de la querella (en la que se incluyen una veintena de sentencias del Tribunal de Estrasburgo) “Varela ha actuado como si el Tribunal de Derechos Humanos no existiera”. Este jurista sostiene que “en este tipo de delitos no sólo se persigue al criminal sino que también entran en juego otras cuestiones, como la obligatoriedad del Estado de encontrar a los desaparecidos en las fosas clandestinas”. Asimismo afirma que de lo que hay que hablar es no sólo de “indefensión” de las víctimas” sino de “trato inhumano” y que la apertura de un proceso penal no se plantea solo contra Francisco Franco, ya fallecido, sino contra “otras personas implicadas” que podrían seguir vivas.
De la misma opinión es la letrada Elena Reviriego, quien sostiene que no se puede hablar de un delito de asesinato sino de lesa humanidad que no prescribe ya que la prescripción no empieza a contarse a partir de que se inicia la investigación judicial. “No estamos hablando de asesinatos sino de desapariciones”, insiste, y añade que la Ley de Amnistía –a la que también se acoge Varela- no sirve para amnistiar los delitos de sangre. Para esta abogada, el Supremo ha llevado a cabo “un juego jurídico” con el único objetivo de sentar en el banquillo a Garzón. También destaca la sinrazón de que estas causas se lleven en los tribunales territoriales –en contra del principio de economía procesal- y no en una causa general en la Audiencia ya que los autores del delito siguen siendo los mismos en las distintas partes de España.
”VARELA Y SAAVEDRA TIENEN ESTABLECIDA UNA ESTRATEGIA DE ENJUICIAMIENTO"
Los querellantes basan su argumentación para acusar -junto a Varela- de prevaricación a Juan Saavedra en que el primero “incluyó un razonamiento específico que sólo podía provenir del conocimiento directo que Saavedra tenía sobre el estado de los diversos procedimientos que resultaban afectados”. Es decir, los demandantes acusan a ambos de connivencia, de un plan común o complot que en el documento de la querella se califica como “estrategia delictiva”.
¿Por qué? En primer lugar sostienen que Saavedra ha presidido la Sala que ha rechazado la personación de las víctimas a diferencia de lo que se ha hecho con Falange Española; como también preside la Sala que no ha resuelto la cuestión de competencia planteada por los juzgados de Granada y El Escorial, concluyendo que ambos magistrados “han denegado de forma concertada los derechos de las víctimas españolas que desde el 1 de abril de 1939 buscan una autoridad judicial que les escuche y haga justicia en los crímenes más graves y masivos de la historia moderna de España”.
Significa –dice la querella- “impedir a las víctimas el acceso a un proceso judicial que permita depurar responsabilidades por los crímenes que les afectan directamente, e implica continuar el cierre de los tribunales ordenado el 17 de julio de 1936 para tales horrendos crímenes”.
La demanda sostiene que Varela “se aparta notablemente y de forma consciente del Derecho” y que en su resolución de 7 de abril de 2010 imputando a Garzón por un delito de prevaricación utilizó “información y asesoramiento” de Saavedra que preside las tres Salas del Supremo implicadas en este asunto, permitiendo así “deducir la razonabilidad de que ambos tienen establecida una estrategia de enjuiciamiento” base de un presunto delito de prevaricación.
> PDF: Texto de la querella contra Luciano Varela y Juan Saavedra
