nuevatribuna.es
13 de mayo de 2010, 13:06
NUEVATRIBUNA.ES / AGNESE MARRA - 12.05.2010
El juez Varela parece no tener ningún límite. Si a alguien le quedaba alguna duda sobre si tenía o no problemas personales con Garzón, ahora él mismo se ha dejado en evidencia. De repente la justicia española se convierte en la más rápida y ágil cuando al que hay que sentar en el banquillo es el juez de la Audiencia Nacional.
Sin haber resuelto algunos de los recursos que estaban en marcha como la apelación por nulidad de actuaciones que interpuso la defensa de Garzón el 26 de abril (apelación que todavía no se ha empezado a tramitar) o la petición de las Asociaciones de la Memoria Histórica, que en abril solicitaron presentarse en el caso y a las que hasta ahora Varela no ha respondido, el juez del Supremo ha decidido dictar la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón.
Sólo 24 horas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional solicitara un traslado temporal para trabajar como asesor en la Corte Penal Internacional, Luciano Varela ha decidido complicarle un poco más la vida a Garzón, intentando frustrar su nuevo destino y sentándole en el banquillo en tiempo récord.
Pero Varela también ha puesto al CGPJ entre la espada y la pared. Esta mañana se iba a llevar a cabo un pleno extraordinario para analizar la solicitud de Garzón de marcharse a La Haya. En un primer momento el CGPJ tiene que abrir un expediente y solicitar un informe a Exteriores para certificar que la petición del juez encaja en la de “servicios especiales”. Sin embargo ahora las prioridades pueden ser otras, ya que deberían tramitar la suspensión cautelar de Garzón puesto que Varela ha dictaminado la apertura del juicio oral.
La decisión que debe tomar el CGPJ es complicada. Si deciden atender antes a la suspensión cautelar, Garzón se tendría que sentar en el banquillo y despedirse de su futuro en La Haya. “Parecería en un principio imposible que se pudiera conceder su traslado si finalmente le suspenden de sus funciones”, declaraba el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, presentaba otra opinión a nuevatribuna.es: “Para trabajar en la Corte Penal Internacional sólo se necesita ser jurista, no importa que esté inhabilitado como juez, yo creo que eso no le va afectar”.
El CGPJ también podría tomar la decisión de permitir el traslado del magistrado y en ese caso se pospondría el juicio oral y Garzón todavía no sería suspendido de sus funciones: “Parece lógico que le dejen marchar. Por qué van a suspender a un juez que ya ha decidido irse. Además cuando volviera Garzón a España el juicio se podría hacer de igual modo y en ese momento sí sería suspendido de sus funciones”, señala Ignacio Espinosa, que piensa que “el trabajo en La Haya le va hacer mucho bien a Garzón y él lo puede ejercer con brillantez, esperemos que pueda irse”, confesaba Espinosa a este periódico.
Sin embargo el portavoz de Jueces para la Democracia cree que la decisión de Varela de abrir tan rápido el juicio oral no tiene nada que ver con la petición de traslado de Garzón: “Creo que simplemente han coincidido en el tiempo, es una casualidad. Además los juicios cuanto más rápido se hagan mejor para el acusado”.
La teoría de la rapidez Varela la tiene muy presente, su decisión es no es recurrible, y la acusación de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo definitivamente es la que podría acabar con la vida de un juez, pudiendo ser inhabilitado por veinte años. El CGPJ es ahora quien tiene que decidir el orden de los factores, que en este caso sí que afectan al ‘producto’.
El juez Varela parece no tener ningún límite. Si a alguien le quedaba alguna duda sobre si tenía o no problemas personales con Garzón, ahora él mismo se ha dejado en evidencia. De repente la justicia española se convierte en la más rápida y ágil cuando al que hay que sentar en el banquillo es el juez de la Audiencia Nacional.
Sin haber resuelto algunos de los recursos que estaban en marcha como la apelación por nulidad de actuaciones que interpuso la defensa de Garzón el 26 de abril (apelación que todavía no se ha empezado a tramitar) o la petición de las Asociaciones de la Memoria Histórica, que en abril solicitaron presentarse en el caso y a las que hasta ahora Varela no ha respondido, el juez del Supremo ha decidido dictar la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón.
Sólo 24 horas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional solicitara un traslado temporal para trabajar como asesor en la Corte Penal Internacional, Luciano Varela ha decidido complicarle un poco más la vida a Garzón, intentando frustrar su nuevo destino y sentándole en el banquillo en tiempo récord.
Pero Varela también ha puesto al CGPJ entre la espada y la pared. Esta mañana se iba a llevar a cabo un pleno extraordinario para analizar la solicitud de Garzón de marcharse a La Haya. En un primer momento el CGPJ tiene que abrir un expediente y solicitar un informe a Exteriores para certificar que la petición del juez encaja en la de “servicios especiales”. Sin embargo ahora las prioridades pueden ser otras, ya que deberían tramitar la suspensión cautelar de Garzón puesto que Varela ha dictaminado la apertura del juicio oral.
La decisión que debe tomar el CGPJ es complicada. Si deciden atender antes a la suspensión cautelar, Garzón se tendría que sentar en el banquillo y despedirse de su futuro en La Haya. “Parecería en un principio imposible que se pudiera conceder su traslado si finalmente le suspenden de sus funciones”, declaraba el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, presentaba otra opinión a nuevatribuna.es: “Para trabajar en la Corte Penal Internacional sólo se necesita ser jurista, no importa que esté inhabilitado como juez, yo creo que eso no le va afectar”.
El CGPJ también podría tomar la decisión de permitir el traslado del magistrado y en ese caso se pospondría el juicio oral y Garzón todavía no sería suspendido de sus funciones: “Parece lógico que le dejen marchar. Por qué van a suspender a un juez que ya ha decidido irse. Además cuando volviera Garzón a España el juicio se podría hacer de igual modo y en ese momento sí sería suspendido de sus funciones”, señala Ignacio Espinosa, que piensa que “el trabajo en La Haya le va hacer mucho bien a Garzón y él lo puede ejercer con brillantez, esperemos que pueda irse”, confesaba Espinosa a este periódico.
Sin embargo el portavoz de Jueces para la Democracia cree que la decisión de Varela de abrir tan rápido el juicio oral no tiene nada que ver con la petición de traslado de Garzón: “Creo que simplemente han coincidido en el tiempo, es una casualidad. Además los juicios cuanto más rápido se hagan mejor para el acusado”.
La teoría de la rapidez Varela la tiene muy presente, su decisión es no es recurrible, y la acusación de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo definitivamente es la que podría acabar con la vida de un juez, pudiendo ser inhabilitado por veinte años. El CGPJ es ahora quien tiene que decidir el orden de los factores, que en este caso sí que afectan al ‘producto’.
