Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por ETA en 1981, ha presentado un escrito en el Congreso de los Diputados por el que se solicita la apertura de una Comisión de Investigación sobre la situación de todos aquellos que se han visto obligados a abandonar el País Vasco "a la fuerza" a consecuencia de la violencia terrorista en las últimas décadas.
Reivindica que sea la Cámara Baja la que articule los trabajos sobre el "reconocimiento a su derecho a un regreso voluntario digno y seguro" -como lo define el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas- y pide que se respete su derecho al voto en el País Vasco aunque vivan fuera de esa comunidad.
El escrito de 40 folios al que ha tenido acceso Europa Press, fue presentado ante la Comisión Permanente de Peticiones del Congreso el pasado sábado 24, la víspera de Navidad como fecha simbólica y con el ánimo de que fuese la primera iniciativa de presentada al Congreso recién constituido.
El texto se centra en los denominados "desplazados internos", según la terminología empleada por Naciones Unidas. Este documento estima, en función de diversos estudios, que la cifra de desplazados oscila entre las 200.000 y las 250.000. personas que habrían sufrido una "persecución sistemática".
En su argumentación recurre a instituciones internacionales como las Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a través de los cuales pretende que el Congreso de cumplimiento a las obligaciones internacionales de establecer "programas nacionales" y "oficinas para ese regreso voluntario para los desplazados víctimas del terrorismo". Al final, los trabajos elaborados en el marco de esa Comisión Parlamentaria deberán ser remitidos a la Fiscalía General del Estado.
PLAN NACIONAL DE REPARACIONES
Entre otras cosas se pide la elaboración de un "Plan Nacional de Reparaciones" para los "perseguidos" y otro para los "expulsados" en los que recojan las cinco formas de reparación previstas por Naciones Unidas en estos casos: "restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición". También se plantea una modificación en el Código Penal para que se tipifique el "crimen contra la humanidad de persecución".
No obstante, una de las solicitudes más significativas es la que pide que los "desplazados internos" puedan participar en las elecciones en el País Vasco a pesar de tener su residencia fijada lejos de esa comunidad. "Sin duda alguna habiendo expulsado del territorio una cifra que podría superar el 10% de la población resulta mucho más fácil obtener después 'democráticamente' el famoso casi 15% para casi rozar el grupo parlamentario", dice el escrito en referencia a Amaiur.
Asimismo pide que esta Comisión de Investigación aborde el derecho que a su juicio asiste a los desplazados de que les sean "restituidas sus viviendas, sus tierras y patrimonio, en virtud de los principios aprobados sobre esta cuestión por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio de 2005.
"DESPLAZADOS INTERNOS", SEGÚN LA ONU
La ONU entiende por "desplazados internos" a "las personas que se han visto forzadas a escapar de su hogar habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida".
La iniciativa de Ramona Garrido fue remitida a la Comisión Permanente de Peticiones compuesta por un representante de cada grupo parlamentario, pero además se ha solicitado su remisión a todos los diputados ya que, según el artículo 52 del Reglamento de la Cámara Baja, el Pleno del Congreso puede crear una Comisión de Investigación "a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara".
Ramona Garrido, de 71 años de edad y que se ha negado a abandonar el País Vasco, ha pedido además ser oída presencialmente en el Congreso a la hora de examinar el texto para exponer la iniciativa cuando se fije la vista correspondiente.
"Me llena de tristeza que lo primero de lo que haya hablado el Gobierno vasco (tras el comunicado de ETA en el que anuncia el cese definitivo de los atentados) haya sido de una supuesta oficina para que vuelvan algunos cientos de criminales, en vez de la Oficina que sí que es debida y reconocida en Derecho Internacional", explica esta víctima.
PRIMERA PETICIÓN EN DIEZ LEGISLATURAS
El escrito remitido al Congreso concluye recordando que "en las nueve legislaturas precedentes a esta, que es ya la décima, no se ha constituido, todavía, ni una sola Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las víctimas de ETA, ni una sola, ni respecto a estas miles de personas perseguidas y decenas de miles de desplazadas, todavía sin esclarecer".
Mas bien al contrario lamenta que "una de las primeras Comisiones Parlamentarias, en la Primera Legislatura, fue, justamente, la Comisión de investigación 'de presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco'". "¿Es aceptable, en justicia, que los miles de perseguidos y desplazados internos de ETA puedan ver denegada una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la situación de sus derechos y para esclarecer esta situación, cuando ello se ha concedido, incluso, a los propios responsables de las monstruosidades de ETA?", zanja el documento.
