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27 de febrero de 2009, 13:37
NUEVATRIBUNA.ES - 27.02.2009
La mayoría del PP sigue imponiendo el ritmo y las reglas del juego en la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid. Constituida el pasado 6 de febrero no comenzará sus trabajos hasta el próximo miércoles, un mes después del bloqueo orquestado por los populares que han evitado a toda costa hacer coincidir los trabajos con la campaña electoral de las elecciones vascas y gallegas.
Quizá ese fue el compromiso que adquirió Esperanza Aguirre en la última reunión de la ejecutiva de su partido, donde los principales dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, le dieron la espalda por los turbios asuntos (espionaje y corrupción) que salpican a la Comunidad de Madrid y que han dejado al PP en una situación muy comprometida.
Los enfrentamientos con la oposición en el Parlamento regional se han venido sucediendo desde el primer momento. El PP vetó parte de la documentación solicitada por el PSOE e Izquierda Unida. También metió la tijera a la lista de comparecientes que presentaron ambos grupos. Ahora, ha ordenado el calendario de interrogatorios a su manera, dejando los cargos políticos para el final, con la intención �denuncia la oposición- de que no se lleguen a producir dado que el plazo de finalización está fijado para el 31 de marzo.
Y todo esto con un escándalo tras otro. Después de que el PP se negara en rotundo a ceder la presidencia de la comisión a los grupos de la oposición, su elegido, Benjamín Martín Vasco, tuvo que dimitir por su presunta implicación en la trama que investiga la Audiencia Nacional.
Por si fuera poco, el primer compareciente será una persona que no han solicitado ni el PSOE ni IU. Se trata de Virgilo Cano, ex consejero de Gobernación en el gobierno de Joaquín Leguina. Los socialistas habían pedido que el primero en prestarse a los interrogatorios fuera Marcos Peña, el supuesto jefe de los espías; mientras que IU solicitó que fuera la presidenta madrileña la que abriera la ronda.
La mayoría del PP sigue imponiendo el ritmo y las reglas del juego en la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid. Constituida el pasado 6 de febrero no comenzará sus trabajos hasta el próximo miércoles, un mes después del bloqueo orquestado por los populares que han evitado a toda costa hacer coincidir los trabajos con la campaña electoral de las elecciones vascas y gallegas.
Quizá ese fue el compromiso que adquirió Esperanza Aguirre en la última reunión de la ejecutiva de su partido, donde los principales dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, le dieron la espalda por los turbios asuntos (espionaje y corrupción) que salpican a la Comunidad de Madrid y que han dejado al PP en una situación muy comprometida.
Los enfrentamientos con la oposición en el Parlamento regional se han venido sucediendo desde el primer momento. El PP vetó parte de la documentación solicitada por el PSOE e Izquierda Unida. También metió la tijera a la lista de comparecientes que presentaron ambos grupos. Ahora, ha ordenado el calendario de interrogatorios a su manera, dejando los cargos políticos para el final, con la intención �denuncia la oposición- de que no se lleguen a producir dado que el plazo de finalización está fijado para el 31 de marzo.
Y todo esto con un escándalo tras otro. Después de que el PP se negara en rotundo a ceder la presidencia de la comisión a los grupos de la oposición, su elegido, Benjamín Martín Vasco, tuvo que dimitir por su presunta implicación en la trama que investiga la Audiencia Nacional.
Por si fuera poco, el primer compareciente será una persona que no han solicitado ni el PSOE ni IU. Se trata de Virgilo Cano, ex consejero de Gobernación en el gobierno de Joaquín Leguina. Los socialistas habían pedido que el primero en prestarse a los interrogatorios fuera Marcos Peña, el supuesto jefe de los espías; mientras que IU solicitó que fuera la presidenta madrileña la que abriera la ronda.
