viernes. 29.03.2024

La delegación sindical que ha presentado esta demanda ha estado encabezada por los secretarios de Política Social de CC.OO. y UGT, Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente, así como por los secretarios generales de las organizaciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos, Julián Gutiérrez (CC.OO.) y Santiago Alejo (UGT).

Se ha tomado una decisión con efectos retroactivos que viola el precepto constitucional de la irretroactividad recogido en el artículo 9.3 de la Constitución

Todos ellos han sido recibidos por Francisco Fernández Marugán, adjunto primero a la Defensora del Pueblo, así como por Concepción Ferrer i Casals, adjunta segunda, con quienes los responsables sindicales se han entrevistado brevemente a puerta cerrada.

La reclamación sindical de que sea recurrida ante el Constitucional la eliminación este año de la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC se basa en la vulneración del artículo 9.3 de la Carta Magna, que protege y garantiza la irretroactividad de aquellas disposiciones que restringen derechos individuales.

Así, según han explicado UGT y CC.OO. a los periodistas, el Gobierno no puede disponer sobre el derecho de los pensionistas, ya causado, a recibir esta compensación en sus nóminas, es decir, que, a su juicio, se ha tomado una decisión con efectos retroactivos que viola el precepto constitucional de la irretroactividad recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Para Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CC.OO., la no revalorización de las pensiones es una medida que merece "el máximo reproche social", pero, en esta ocasión, al afectar a un derecho ya acreditado, merece además un "reproche jurídico" ya que el Gobierno ha planteado este asunto "de manera incorrecta".

Por su parte, la responsable de Política Social de UGT, Carmen López, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de "mentir día tras día" a los pensionistas diciendo que iba a cumplir con la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 48 establece el derecho de los pensionistas a ser compensados por la desviación de precios tomando como referencia el IPC de noviembre.

"Le hemos manifestado al señor Marugán que la Defensora del Pueblo debe y tiene que poner un recurso, porque el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que cumplir su palabra de que no tocaría la sanidad, la educación y las pensiones. Ésta es su última mentira", ha denunciado López

SENSACIÓN "BASTANTE POSITIVA"

Los representantes sindicales han salido con una "sensación bastante positiva" de su encuentro con los adjuntos de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

"Nos ha asegurado que van a estudiar en profundidad este recurso, porque ellos también comparten que puede ser una lesión importante para el conjunto de los pensionistas", ha apuntado López, que ha recordado que los pensionistas tienen hoy una carga superior a la que soportan otros ciudadanos, pues muchos están teniendo que hacerse cargo de sus familias.

Bravo ha recordado que la Defensora del Pueblo tiene ahora tres meses para decidir si recurre o no este decreto ante el Tribunal Constitucional. Tanto él como López han pedido a los ciudadanos que participen en el más de medio centenar de manifestaciones que ha convocado para esta tarde la Cumbre Social en contra de los recortes y de la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones.

Desde que el Ejecutivo anunció que no habría paga compensatoria para los pensionistas este año, los sindicatos han estado explorando varias vías para echar por tierra esta medida. Además de acudir a la Defensora del Pueblo, en los últimos días han llevado a cabo una 'ofensiva' parlamentaria para instar a los partidos de la oposición a que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de las pensiones.

Aunque parecía que la oposición en bloque se iba a unir en un recurso único, algo que no ha sucedido nunca en Democracia, finalmente no van a ser todos los Grupos Parlamentarios de la oposición quienes se sumen a esta iniciativa, pero sí la mayoría, entre ellos el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y parte del Grupo Mixto. De este recurso conjunto se han descolgado ERC y Compromís ante el veto del PSOE y UPyD a la entrada de Amaiur.

UGT y CC.OO. dicen a la Defensora del Pueblo que "debe y tiene" que recurrir el decreto...