España puede y debe tener voz en la negociación de un tratado internacional de carácter vinculante que frene los abusos de las multinacionales frente a los derechos humanos.
Así lo cree un grupo de organizaciones que este mismo martes ha remitido al Ministerio de Exteriores que dirige Josep Borrell una carta reclamando al Gobierno del PSOE su participación “activa y constructiva” en las negociaciones para el ‘Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos’.
PRÓXIMO ENCUENTRO EN GINEBRA
La participación de España en este encuentro sería “una muestra de liderazgo, coherencia y compromiso en la promoción de la protección internacional de los derechos humanos”, señalan las organizaciones firmantes
El Grupo Intergubernamental constituido por Naciones Unidas en 2016 para tal efecto tiene programadas reuniones del 15 al 19 de octubre en la sede de la ONU en Ginebra con el objetivo de desatascar la aprobación de dicho tratado que impida que queden impunes las grandes corporaciones ante tragedias como la ocurrida en el Rana Plaza o los vertidos de Shell en Nigeria o Chevron en Ecuador.
En una carta remitida este mismo martes al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, los colectivos en defensa de los derechos humanos, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que se una al conjunto de Estados que ya han manifestado su apoyo al avance del derecho internacional para la protección de los derechos humanos frente a abusos empresariales” aportando “propuestas substantivas y comentarios constructivos” al borrador del texto.
La misiva, a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, está firmada por el Observatorio de RSC, Enlázate por la Justicia, Greenpeace y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, y en ella, estos colectivos consideran que la presencia y participación activa de España en este encuentro sería “una muestra de liderazgo, coherencia y compromiso en la promoción de la protección internacional de los derechos humanos” y “contribuiría a un modelo de un desarrollo sostenible y la presencia de inversión responsable en nuestro país”.
PRIMER INSTRUMENTO JURÍDICAMENTE VINCULANTE
Se trataría del primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional para regular las actividades de las transnacionales, como vienen pidiendo desde hace años muchos colectivos, para que puedan ser juzgadas por vulneración de derechos humanos, así como fijar las obligaciones de los Estados como garantes de estos derechos.
En este sentido, las organizaciones firmantes de la carta destacan que “viene siendo cada vez más habitual que muchas de las vulneraciones de derechos humanos se materializan a través de las actividades directas o indirectas de las empresas”.
La aprobación de dicho tratado también está en lo programado para la implementación de la Agenda 2030.
Este miércoles, la Unión Europea decidirá si participa la semana que viene en las negociaciones tras mantener una posición ambigua por las discrepancias de los estados miembros.
Tal y como venimos informando en estas mismas páginas, hasta el momento, solo Francia ha sentado un precedente con la aprobación, en febrero de 2017, de la histórica ‘ley del deber de vigilancia’. Otros países como Holanda y Suiza han dado tímidos pasos, y en España, el Congreso aprobó la pasada legislatura por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Podemos.
