domingo 24/10/21
ANTE LA REFORMA EXPRÉS DEL GOBIERNO

El TC no es un “gendarme de urgencia” para temas políticos, afirma JpD

Aunque un sector de la judicatura critica la urgencia del Gobierno, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales ve oportuno reforzar el poder ejecutivo del Alto Tribunal para hacer cumplir sus resoluciones. 

El TC podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan sus sentencias

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha asegurado este martes que se pueden estudiar las competencias ejecutivas del Tribunal Constitucional para que sus resoluciones "no queden en papel mojado", pero hay otras formas de aplicar las sanciones. "Los juzgados ordinarios tienen competencias propias en casos de desobediencia".

En este sentido, ha planteado que el TC está concebido como el máximo intérprete de la Carta Magna con una misión esencial en la protección de los derechos fundamentales y no como un "gendarme de urgencia" para cuestiones políticas. "Se corre el riesgo de que el PP da la impresión de que no confía en la independencia de los jueces ordinarios y el TC está politizado", ha añadido. "El Gobierno ha tenido bastante tiempo y es poco comprensible que en la recta final de legislatura aborde deprisa y corriendo una cuestión de tanta trascendencia", ha señalado Bosch, para añadir que el alcance de la reforma requiere de una "reflexión adecuada" y de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, algo "poco compatible" con la urgencia de la vía escogida.

En esta línea, también se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, al manifestar que la "Justicia tiene mucho que decir" en esta reforma, por lo que no parece lógico que el PP eluda los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. “No se puede hacer de la noche a la mañana, es una muestra de improvisación a un mes de las elecciones catalanas que da la sensación de que el Estado no tiene mecanismos suficientes ante la situación de Cataluña y de que la papeleta la tiene que sacar adelante el Tribunal Constitucional", ha concluido Viada.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido que "nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma legislativa, después de que con ocasión de la consulta soberanista del 9N hubo quien argumentara "equivocadamente" que las resoluciones del TC solo eran declarativas. "No nos parece mal que se ponga claramente que son ejecutivas en una ley", ha apuntado. Por ello, la asociación, mayoritaria en la Carrera Judicial y de carácter conservador, ve con buenos ojos que el Alto Tribunal pueda imponer multas coercitivas o acordar una suspensión "instrumental" de funciones en la medida en que el ejercicio de estas entorpezca la orden emitida por este órgano. "Si no llegaríamos al círculo vicioso de la inejecución", ha añadido.

En cuanto a la urgencia de la tramitación en el Congreso, Llarena ha respondido que se trata de una vía "lógica a la altura de las circunstancias". Esta opinión coincide con la del presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que ha resaltado la "cosa está calentita, por lo que habrá que intentar" evitar un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Emilio Frías ha manifestado que "no sería malo" que el Constitucional pueda ejecutar por sí mismo sus resoluciones, aunque "otra cosa distinta es imponer sanciones".

UNA REFORMA PARA SUSPENDER A ARTUR MAS

El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

La iniciativa del PP, de cuya presentación se ha informado al PSOE, detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los 'populares', ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

El TC no es un “gendarme de urgencia” para temas políticos, afirma JpD
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