viernes. 29.03.2024
LESMES
Carlos Lesmes junto al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada.

El malestar de los jueces por la cada vez mayor falta de independencia de la Justicia va en aumento.  Magistrados del Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentaban este mismo martes la actitud mostrada por su presidente Carlos Lesmes ante la “injerencia del Gobierno”. Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia, también se ha criticado el “creciente presidencialismo” de Lesmes y su seguidismo al poder político. La situación ha llevado al PSOE a solicitar la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en sede parlamentaria, para explicar la “grave crisis interinstitucional” entre el poder judicial y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde IU, el portavoz parlamentario Gaspar Llamazares también ha acusado a Lesmes de hacer “seguidismo” del Ejecutivo en vez de “hacer su trabajo” como máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces. El diputado ha anunciado la petición de comparecencia por parte de la Izquierda Plural del presidente del Supremo.

Las críticas vienen de lejos, pero la gota que ha colmado el vaso han sido las excarcelaciones de presos de ETA. La semana pasada, 13 de los 18 magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigieron por carta a Carlos Lesmes pidiendo un pronunciamiento de su parte sobre la "grave situación de injerencia" vivida tras las excarcelaciones de terroristas, entre ellas la de Santiago Arrospide Sarasola 'Santi Potros', en virtud de una normativa europea. En la misiva, los magistrados exigían al presidente del Gobierno que pusiera coto a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de que este señalase en una entrevista publicada por el diario La Razón que le parecían "lamentables" las excarcelaciones de presos de ETA por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

LESMES ACTÚA DE "PARAPETO DEL GOBIERNO"

La respuesta dada por Lesmes a los magistrados no ha conseguido apaciguar los ánimos, más bien todo lo contrario. En declaraciones a los medios, algunos jueces han lamentado la "falta de contundencia" y la "pobre" respuesta y han visto como un "insulto a su inteligencia" el hecho que Lesmes les recordara que pueden pedir amparo si ven comprometida su independencia.

El ministro del Interior habló de posible prevaricación, su compañero de Justicia, Rafael Catalá, deseó que el Supremo unifique ya doctrina y la vicepresidenta del Gobierno apeló a su libertad de expresión para manifestar que esto "no se puede entender". Según las fuentes consultadas, la dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado es una "manifestación más" de la manera en la que el Gobierno "intenta invadir" el espacio judicial con evidencias que son "intolerables y cada vez van a más".

Varios magistrados y consejeros de distintas ideologías han señalado que la respuesta de Lesmes demuestra que "no ha entendido el espíritu" de su petición y que "ha desaprovechado una ocasión de oro" para defender la independencia judicial y las "líneas rojas que el Ejecutivo no puede traspasar". A su juicio, el máximo responsable del Supremo y el órgano de gobierno de los jueces está sirviendo de “parapeto” del Gobierno y ha cometido "una metedura de pata con la que se pueden radicalizar más las cosas" al remitir una respuesta "burocrática y meliflua" al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, sin enviar ningún mensaje al Gobierno como le requirieron en el citado escrito.

CRÍTICAS A SU "CRECIENTE PRESIDENCIALISMO"

Desde la asociación Jueces para la Democracia se critica el “creciente presidencialismo” de Lesmes, “en detrimento de la democracia interna del CGPJ”. En este sentido señalan en un comunicado que “la notoria proximidad del presidente del CGPJ al poder político ha sido un factor clave para entender la incapacidad de la institución para reclamar al poder ejecutivo medios suficientes para nuestros juzgados y tribunales”.

Añaden que “esa indisimulada cercanía política explica silencios clamorosos del CGPJ en momentos en los que los integrantes del poder judicial han sido atacados en su independencia. También explica actuaciones poco comprensibles, como la decisión de no reforzar la estabilidad del magistrado Pablo Ruz cuando ha  sido cuestionado desde el poder político y se ha optado por precarizar al máximo su situación”. En suma, afirman que “el CGPJ se ha convertido en un mero instrumento al servicio del poder político”.

Por todo ello, califican de “negativo” el balance de su primer año de gestión y reclaman un CGPJ que “ejerza de verdad sus funciones constitucionales en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial”. Asimismo, advierten de que, aunque “desde el poder político se diseñó otro modelo institucional, con la finalidad de controlar la judicatura en una etapa de conflicto social y en la que se investigan numerosos casos de corrupción, “desde Jueces para la Democracia seguiremos defendiendo un órgano de gobierno judicial al servicio de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho”.

El seguidismo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ al Gobierno subleva a los...