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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 8.7.2010

El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, se encuentra imputado de cinco delitos entre ellos los de cohecho, tráfico de influencias y fraude. El juez ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza. No obstante, deberá comparecer ante el juzgado periódicamente.

Ripoll ha abandonado el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas y ha convocado una rueda de prensa a las 21.30 horas en la sede de la corporación provincial. Allí, se ha limitado a decir que una vez que se levante el secreto del sumario emprenderá las acciones legales a que hubiere lugar. El líder de los socialistas valenciano, Jorge Alarte, se ha presentado en la Diputación para hacer una declaración pero ha sido expulsado por los servicios de seguridad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

En total, el juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a seis personas entre las que también se encuentran el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

El Juzgado tiene previsto que este viernes comparezcan otras cinco personas: tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes este jueves.

Ripoll, imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude en el 'caso Brugal'