martes. 21.05.2024

El anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que presentó el Gobierno en febrero, está tendiendo gran repercusión social y política, provocando un amplio rechazo. A resultas del mismo se ha modificado su texto aunque sigue siendo inaceptable, el Gobierno ha dado por cerrada su redacción, será presentado por el presidente Rajoy este miércoles y puede aprobarse en Consejo de Ministros en este mes. Tras el verano iniciaría su trámite parlamentario, y el próximo enero entraría en vigor.

El texto del anteproyecto se ha negociado con la Federación Española de Municipios y Provincias, y ha superado una importante oposición dentro del propio PP. Finalmente no se reducirán concejales, ni a éstos en los pueblos pequeños se les quitará la pequeña retribución que cobran. Además, se ha retirado la idea inicial de intervenir a los municipios de menos de 5.000 habitantes por su presunta ineficiencia. Con estos cambios solo se ha logrado un cierto consenso en los ámbitos conservadores. Sin embargo, la futura norma será un atentado más contra el Estado de Bienestar.

La mal llamada ley de “sostenibilidad y racionalización”, de hecho va a ser de eliminación e incluso privatización de servicios públicos esenciales como educación y sanidad, limita las competencias locales y mina la estructura de los servicios provocando una agresión injustificada a lo que son políticas de proximidad muy beneficiosas. Políticas gestionadas por personas elegidas por sus vecinos, que ya no decidirían en la gestión de los servicios a pesar de haber sido quienes más han contribuido a transformar y modernizar el país, transgrede los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local.

Es un ataque al municipalismo y a la calidad democrática porque va a desmotivar la participación ciudadana sobre una administración hasta ahora cercana y con unos servicios de buena calidad. Y todo a pesar de la escasa financiación a la que se ha sometido desde el Estado a los municipios.

Es de justicia reconocer el papel que la administración local viene ejerciendo a favor de la igualdad de oportunidades, la cohesión social y para la propia democracia. Por ese motivo la alternativa al ahorro o a la eficiencia no puede ser vaciar de competencias a los ayuntamientos, grandes o pequeños, ni rebajar su autonomía para entregar a la iniciativa privada servicios públicos. Menos aun cuando la reforma parte de planteamientos falsos.

La deuda municipal es mínima en el conjunto de los números rojos de la administración. De los 884.000 millones que adeudan éstas solo 35.000 millones corresponden a los ayuntamientos, de los que 7.000 son deuda del Ayuntamiento de Madrid.

Además, el pretendido ahorro y eficiencia van a recaer no solo en la reducción de la capacidad de gestión municipal, también afectará a 550.000 empleados públicos municipales, quienes van a ver todavía más mermadas sus condiciones laborales e incluso hasta un 40% podrían perder su empleo.

Se quiere imponer un férreo control económico sobre las entidades locales, lo que supondrá una drástica pérdida de autonomía fiscal y una intervención de la gestión municipal. Asimismo, se suprimirán entidades y organismos solo por criterios económicos o de tamaño, obviando su utilidad social y ciudadana.

Esta reforma extiende los recortes injustificados del “austericidio” al ámbito local sin entrar en el núcleo del problema: la viabilidad de la prestación de sus servicios, y asegurarles una suficiencia financiera.  Ésta debía ser garantizada por el Estado para posibilitar que las entidades locales puedan seguir en condiciones de asumir las competencias que la ley les tiene encomendadas. Además, deben fijarse garantías para los trabajadores y trabajadoras y la continuidad de los servicios públicos. Los ayuntamientos en cualquier caso deben mantener su titularidad y  preservar el uso público del patrimonio que administran.

En tiempos de crisis y siempre debemos procurar el ahorro y la austeridad pero no a costa de los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia, empleo…) que reciben la ciudadanía. Creemos que el ahorro y la eficiencia son compatibles con el Estado del Bienestar y la democracia, pero para ello hay que creer en los servicios públicos y este gobierno esta demostrando que no siente ningún respeto hacia los servicios públicos y por tanto ningún respeto a la ciudadanía.

En definitiva, esta reforma es un nuevo atentado contra el Estado del Bienestar, un nuevo golpe a los servicios públicos, la educación, la sanidad, la cultura, las dependencias, los servicios de proximidad…, y a la cohesión y desarrollo rural. Un nuevo ataque al empleo público donde se perderán puestos de trabajo y se precarizaran las condiciones laborales. Por tanto, debemos luchar entre todos para que esta reforma no prospere.


José Campos Trujillo | Secretario confederal de Relaciones Institucionales de CCOO.

Enrique Fossoul de la Sierra | Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.

Reforma local, un nuevo ataque a los servicios públicos