nuevatribuna.es
14 de junio de 2009, 13:43
NUEVATRIBUNA.ES 13.06.2009
Todas ellas se han asociado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (Apigf), que se dedica a recoger copias de todos los recibos que emitieron las autoridades cuando les requisaron el dinero.
"Muchos somos catalanes porque en esta comunidad la asociación ha tenido mucha repercusión en los medios", aseguró en declaraciones a Europa Press una de las impulsoras de dicha entidad, Lidia Jiménez que, junto a otros asociados, se reunieron hoy en Barcelona para estudiar qué posibilidades tienen para recuperar el dinero incautado.
A los abuelos maternos de Lidia les incautaron 1.365 pesetas y a cambio, recibieron un recibo, que fue la dote la madre de Lídia, Montserrat Capdevila, quien ha acudido desde los años 60 al Banco de España en continuas ocasiones para intentar cobrarlo.
"La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba", precisó Jiménez, quien indicó que la reivindicación de la asociación es que se reconozca la confiscación y se restituya a los afectados y sus descendientes el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de la época de 1936 son ahora 2,85 euros de hoy.
EL DINERO DEL "ENEMIGO"
En 1938, en plena Guerra Civil, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta orden gubernativa ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", de acuerdo con un decreto del Ministerio de Economía franquista.
Vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada. Eso sí, todas ellas recibieron un recibo oficial donde se certificaba la cantidad entregada, aunque Apigf tiene constancia de que en algunas poblaciones rurales, en vez de recibos se repartieron cruces.
"Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado" al igual que se restituyeron los bienes de partidos políticos o sindicatos, solicitó Jiménez.
Historiadores que colaboran con la entidad tuvieron acceso a los libros de actos del Archivo Histórico del Banco de España, y comprobaron que, según los registros de la época, se reconoce que al menos se incautaron y no se devolvieron 3.560 millones de pesetas de la época, "aunque la cifra total podría superar los 5.000 millones de entonces", precisó Jiménez.
Hay aproximadamente unas 1.200 familias afectadas que viven en Cataluña. El resto, unas 800, viven en el resto de España. "Incluso tenemos casos de emigrantes españoles en Colombia, Francia, Italia y Uruguay", añadió Jiménez, que también explicó que tienen afectados a quienes les incautaron viviendas y vehículos, y que no recibieron nada a cambio.
Todas ellas se han asociado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (Apigf), que se dedica a recoger copias de todos los recibos que emitieron las autoridades cuando les requisaron el dinero.
"Muchos somos catalanes porque en esta comunidad la asociación ha tenido mucha repercusión en los medios", aseguró en declaraciones a Europa Press una de las impulsoras de dicha entidad, Lidia Jiménez que, junto a otros asociados, se reunieron hoy en Barcelona para estudiar qué posibilidades tienen para recuperar el dinero incautado.
A los abuelos maternos de Lidia les incautaron 1.365 pesetas y a cambio, recibieron un recibo, que fue la dote la madre de Lídia, Montserrat Capdevila, quien ha acudido desde los años 60 al Banco de España en continuas ocasiones para intentar cobrarlo.
"La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba", precisó Jiménez, quien indicó que la reivindicación de la asociación es que se reconozca la confiscación y se restituya a los afectados y sus descendientes el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de la época de 1936 son ahora 2,85 euros de hoy.
EL DINERO DEL "ENEMIGO"
En 1938, en plena Guerra Civil, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta orden gubernativa ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", de acuerdo con un decreto del Ministerio de Economía franquista.
Vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada. Eso sí, todas ellas recibieron un recibo oficial donde se certificaba la cantidad entregada, aunque Apigf tiene constancia de que en algunas poblaciones rurales, en vez de recibos se repartieron cruces.
"Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado" al igual que se restituyeron los bienes de partidos políticos o sindicatos, solicitó Jiménez.
Historiadores que colaboran con la entidad tuvieron acceso a los libros de actos del Archivo Histórico del Banco de España, y comprobaron que, según los registros de la época, se reconoce que al menos se incautaron y no se devolvieron 3.560 millones de pesetas de la época, "aunque la cifra total podría superar los 5.000 millones de entonces", precisó Jiménez.
Hay aproximadamente unas 1.200 familias afectadas que viven en Cataluña. El resto, unas 800, viven en el resto de España. "Incluso tenemos casos de emigrantes españoles en Colombia, Francia, Italia y Uruguay", añadió Jiménez, que también explicó que tienen afectados a quienes les incautaron viviendas y vehículos, y que no recibieron nada a cambio.
