nuevatribuna.es
16 de noviembre de 2009, 13:20
NUEVATRIBUNA.ES 16.11.2009
Las querellas proliferan en los últimos tiempos como una fórmula de ‘oposición política’ en los tribunales. La imputación del socialista Diego López Garrido, ha sido el último episodio de la ofensiva de sectores ultracatólicos y ultraderechistas contra las políticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al margen del supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos del secretario de Estado de la Unión Europea que deberá resolver un juez, en el trasfondo del asunto se esconde una verdadera cruzada liderada por organizaciones como el sindicato Manos Limpias o el Centro Jurídico Tomás Moro con un largo historial de demandas, muchas desestimadas por los tribunales.
López-Garrido deberá comparecer ante el juez el próximo 4 de diciembre para explicar las dos subvenciones concedidas (por valor de 60.000 y 18.000 euros cada una) desde su Secretaría a la Fundación Alternativas (próxima al PSOE) de la que él mismo fue patrono. El Centro Jurídico Tomás Moro argumenta que las ayudas se aprobaron antes de que el socialista se diera de baja en el Patronato, lo que él niega afirmando que dimitió en abril de 2008, nada más ser nombrado secretario de Estado. Por su parte, la Fundación de la que son patronos, entre otros, Zapatero y Felipe González, atribuye la demanda a una “reacción” del querellante “ante su idea de que Alternativas es inspiradora de la ley del aborto”.
Muchos han sido los dirigentes que han salido en defensa de López Garrido y que han quitado relevancia a la querella empezando por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; y siguiendo por el titular de Justicia, Francisco Caamaño; el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso; el europarlamentario Juan Fernando López Aguilar; o la secretaria de relaciones internacionales del POSE, Elena Valenciano, que dijo que ponía las manos en el fuego “por la honradez y honorabilidad” de López-Garrido, quien no piensa dimitir por contar con el respaldo y apoyo -según él mismo desveló- del presidente Zapatero.
El cierre de filas en torno al secretario de Estado no oculta sin embargo cierta preocupación en el Gobierno que ultima los preparativos para la presidencia española de la UE, una circunstancia que el PP puede aprovechar en su estrategia de oposición. Por el momento, los populares ya han pedido la comparecencia de Moratinos para hablar de este asunto en sede parlamentaria y el ministro no ha puesto ninguna objeción al respecto.
EL CENTRO TOMÁS MORO, EL AZOTE DEL GOBIERNO
Con el lema Cristianizando el Derecho, cristianizando la sociedad, el Centro nació en 2004 como una asociación formada por profesionales del derecho, cuyo objetivo es “la defensa de los valores de la familia, de la vida y de la libertad y en especial de la protección del derecho a la vida del nasciturus y del embrión humano”. La organización se ha mostrado muy combativa contra la reforma de la ley del aborto y ha llegado a querellarse contra clínicas abortistas como Isadora, caso que finalmente fue archivado el pasado mes de octubre por los tribunales. En 2005, junto con la plataforma Hazteoir.org, demandó a un juez de Avilés por autorizar la interrupción del embarazo de una mujer con problemas mentales. Miembro del portal Catholic.net, la asociación se congratulaba este lunes en una nota de prensa del anuncio hecho por el líder del PP, Mariano Rajoy, para configurar la posibilidad legal de adoptar en el periodo de gestación y antes del nacimiento.
La fijación del Centro Tomás Moro contra el Gobierno de Zapatero viene de largo. En 2006, su presidente Javier Pérez-Roldán aseguró en una entrevista que “no debemos olvidar que nuestro actual gobierno cede ante todos los chantajes de todos los que estiman pueden hacerle daño. Su comportamiento no parece guiado por el amor a la justicia o la equidad, sino por el miedo. En el tiempo que lleva en el poder su único lema ha sido ser ‘débil con los fuertes y fuerte con los débiles’, y muchos nos tememos que seguirá siendo así”.
En 2007, el centro presentó una querella –también archivada por la justicia- contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido por posible prevaricación en la negociación con ETA y denunció la “cesión” del Tribunal Supremo “a favor” del proceso de diálogo con la banda terrorista.
Pero su cruzada cristianizadora ha ido más allá de la clase política. Artistas como Leo Bassi o el fotógrafo José Montoya, también han estado en su punto de mira. El primero por su obra ‘Revelación’, crítica con la Iglesia; y el segundo por unas imágenes que mezclaban erotismo y religión.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tampoco ha escapado a la ira de esta asociación que arremetió contra él por haber solicitado a la Conferencia Episcopal un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo. “No busca la defensa de los derechos de las supuestas víctimas, sino la oportunidad política o proyección personal que puede proporcionarle este asunto, lo que no está amparado por nuestro ordenamiento jurídico ni constitucional”, dijeron. Su inquina contra el magistrado por querer investigar los crímenes de la dictadura es compartida por el ultraderechista sindicato Manos Limpias, a su vez querellante contra Garzón.
CRÍTICAS A LAS FUNDACIONES, PERO NO A TODAS
Tomás Moro, que presume de financiarse exclusivamente con donaciones privadas, también ha iniciado una campaña contra las subvenciones a Fundaciones vinculadas al PSOE, partido al que acusa de basar sus proyectos “en estudios doctrinales realizados por sus fundaciones”.
Hace unos días, el Centro acusó al Gobierno de conceder una subvención de 100.800 euros a la Fundación Rafael Campalans, afín al PSC-PSOE, para un Proyecto de Formación para cuadros políticos de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos, un grupo que se ha pronunciado en “numerosas ocasiones” a favor de la integración de Ceuta, Melilla y las Islas del Norte de África en Marruecos. La asociación señala que dicha formación política marroquí es “indirectamente beneficiaria” del dinero de los contribuyentes españoles y denuncia el “escaso control” y el “mal uso” de los fondos públicos para mantener a “las fundaciones y otras entidades de los partidos políticos”, en concreto, por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por haber concedido ayudas por valor de 7,7 millones de euros durante el mandato de Leire Pajín y de 2,2 millones en el periodo de la actual titular, Soraya Rodríguez.
Sin embargo, el Centro Tomás Moro, olvida nombrar a otras fundaciones que por ley reciben este tipo de ayudas estatales, como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside José María Aznar; San Pablo CEU; o la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza que también han recibido subvenciones para trabajos relacionados con la Unión Europea, los mismos que se traducen en malversación de fondos públicos si se trata de la Fundación Alternativas.
En cuanto a FAES además hay que anotar que en 2009 ha recibido por parte del Ministerio de Educación 3.000 euros más (en total, 170.000) que la Fundación Jaime Vera, del PSOE.
Las querellas proliferan en los últimos tiempos como una fórmula de ‘oposición política’ en los tribunales. La imputación del socialista Diego López Garrido, ha sido el último episodio de la ofensiva de sectores ultracatólicos y ultraderechistas contra las políticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al margen del supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos del secretario de Estado de la Unión Europea que deberá resolver un juez, en el trasfondo del asunto se esconde una verdadera cruzada liderada por organizaciones como el sindicato Manos Limpias o el Centro Jurídico Tomás Moro con un largo historial de demandas, muchas desestimadas por los tribunales.
López-Garrido deberá comparecer ante el juez el próximo 4 de diciembre para explicar las dos subvenciones concedidas (por valor de 60.000 y 18.000 euros cada una) desde su Secretaría a la Fundación Alternativas (próxima al PSOE) de la que él mismo fue patrono. El Centro Jurídico Tomás Moro argumenta que las ayudas se aprobaron antes de que el socialista se diera de baja en el Patronato, lo que él niega afirmando que dimitió en abril de 2008, nada más ser nombrado secretario de Estado. Por su parte, la Fundación de la que son patronos, entre otros, Zapatero y Felipe González, atribuye la demanda a una “reacción” del querellante “ante su idea de que Alternativas es inspiradora de la ley del aborto”.
Muchos han sido los dirigentes que han salido en defensa de López Garrido y que han quitado relevancia a la querella empezando por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; y siguiendo por el titular de Justicia, Francisco Caamaño; el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso; el europarlamentario Juan Fernando López Aguilar; o la secretaria de relaciones internacionales del POSE, Elena Valenciano, que dijo que ponía las manos en el fuego “por la honradez y honorabilidad” de López-Garrido, quien no piensa dimitir por contar con el respaldo y apoyo -según él mismo desveló- del presidente Zapatero.
El cierre de filas en torno al secretario de Estado no oculta sin embargo cierta preocupación en el Gobierno que ultima los preparativos para la presidencia española de la UE, una circunstancia que el PP puede aprovechar en su estrategia de oposición. Por el momento, los populares ya han pedido la comparecencia de Moratinos para hablar de este asunto en sede parlamentaria y el ministro no ha puesto ninguna objeción al respecto.
EL CENTRO TOMÁS MORO, EL AZOTE DEL GOBIERNO
Con el lema Cristianizando el Derecho, cristianizando la sociedad, el Centro nació en 2004 como una asociación formada por profesionales del derecho, cuyo objetivo es “la defensa de los valores de la familia, de la vida y de la libertad y en especial de la protección del derecho a la vida del nasciturus y del embrión humano”. La organización se ha mostrado muy combativa contra la reforma de la ley del aborto y ha llegado a querellarse contra clínicas abortistas como Isadora, caso que finalmente fue archivado el pasado mes de octubre por los tribunales. En 2005, junto con la plataforma Hazteoir.org, demandó a un juez de Avilés por autorizar la interrupción del embarazo de una mujer con problemas mentales. Miembro del portal Catholic.net, la asociación se congratulaba este lunes en una nota de prensa del anuncio hecho por el líder del PP, Mariano Rajoy, para configurar la posibilidad legal de adoptar en el periodo de gestación y antes del nacimiento.
La fijación del Centro Tomás Moro contra el Gobierno de Zapatero viene de largo. En 2006, su presidente Javier Pérez-Roldán aseguró en una entrevista que “no debemos olvidar que nuestro actual gobierno cede ante todos los chantajes de todos los que estiman pueden hacerle daño. Su comportamiento no parece guiado por el amor a la justicia o la equidad, sino por el miedo. En el tiempo que lleva en el poder su único lema ha sido ser ‘débil con los fuertes y fuerte con los débiles’, y muchos nos tememos que seguirá siendo así”.
En 2007, el centro presentó una querella –también archivada por la justicia- contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido por posible prevaricación en la negociación con ETA y denunció la “cesión” del Tribunal Supremo “a favor” del proceso de diálogo con la banda terrorista.
Pero su cruzada cristianizadora ha ido más allá de la clase política. Artistas como Leo Bassi o el fotógrafo José Montoya, también han estado en su punto de mira. El primero por su obra ‘Revelación’, crítica con la Iglesia; y el segundo por unas imágenes que mezclaban erotismo y religión.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tampoco ha escapado a la ira de esta asociación que arremetió contra él por haber solicitado a la Conferencia Episcopal un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo. “No busca la defensa de los derechos de las supuestas víctimas, sino la oportunidad política o proyección personal que puede proporcionarle este asunto, lo que no está amparado por nuestro ordenamiento jurídico ni constitucional”, dijeron. Su inquina contra el magistrado por querer investigar los crímenes de la dictadura es compartida por el ultraderechista sindicato Manos Limpias, a su vez querellante contra Garzón.
CRÍTICAS A LAS FUNDACIONES, PERO NO A TODAS
Tomás Moro, que presume de financiarse exclusivamente con donaciones privadas, también ha iniciado una campaña contra las subvenciones a Fundaciones vinculadas al PSOE, partido al que acusa de basar sus proyectos “en estudios doctrinales realizados por sus fundaciones”.
Hace unos días, el Centro acusó al Gobierno de conceder una subvención de 100.800 euros a la Fundación Rafael Campalans, afín al PSC-PSOE, para un Proyecto de Formación para cuadros políticos de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos, un grupo que se ha pronunciado en “numerosas ocasiones” a favor de la integración de Ceuta, Melilla y las Islas del Norte de África en Marruecos. La asociación señala que dicha formación política marroquí es “indirectamente beneficiaria” del dinero de los contribuyentes españoles y denuncia el “escaso control” y el “mal uso” de los fondos públicos para mantener a “las fundaciones y otras entidades de los partidos políticos”, en concreto, por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por haber concedido ayudas por valor de 7,7 millones de euros durante el mandato de Leire Pajín y de 2,2 millones en el periodo de la actual titular, Soraya Rodríguez.
Sin embargo, el Centro Tomás Moro, olvida nombrar a otras fundaciones que por ley reciben este tipo de ayudas estatales, como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside José María Aznar; San Pablo CEU; o la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza que también han recibido subvenciones para trabajos relacionados con la Unión Europea, los mismos que se traducen en malversación de fondos públicos si se trata de la Fundación Alternativas.
En cuanto a FAES además hay que anotar que en 2009 ha recibido por parte del Ministerio de Educación 3.000 euros más (en total, 170.000) que la Fundación Jaime Vera, del PSOE.
