nuevatribuna.es
9 de abril de 2010, 4:43
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 08.04.2010
Este jueves se cerró la ponencia para la reforma del Código Penal que seguirá así su trámite parlamentario con el informe que se elevará a la Comisión de Justicia del Congreso el próximo día 21 de abril y que será votado en pleno el 29 de este mismo mes.
Dos jornadas de conversaciones de los Grupos Parlamentarios a puerta cerrada han concluido con el consenso entre las fuerzas políticas en la mayoría de las cuestiones tratadas y el acuerdo alcanzado por PSOE y PP respecto a los tres bloques de delitos a discutir: terrorismo y su imprescriptibilidad, pederastia y corrupción.
Respecto a este último se tocan varios artículos del Código Penal relativos al blanqueo de capitales, el urbanismo, el medioambiente, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. Entre otras cosas, se expondrán a ser condenados a ir a la cárcel los funcionarios o autoridades que intervengan en la concesión de contratos de los que busquen obtener beneficios. Ahora sólo se preveía multa e inhabilitación para estos casos.
Una de las novedades pactadas afecta al artículo 239, que una vez que se apruebe el nuevo Código Penal, incluirá penas de prisión para las autoridades o funcionarios públicos que "intervengan" en cualquier clase de "contrato, asunto, operación o actividad" y aprovechen su cargo para beneficiarse de esos negocios o actuaciones, ya se directamente o mediante otra persona interpuesta.
La normativa vigente establece una multa de entre uno y dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre uno y cuatro años. A estas penas se añade ahora un periodo de prisión de seis meses a dos años.
Durante la ponencia, PSOE, PNV y ERC-IU-ICV han acordado también modificar el artículo 320 del Código Penal para castigar con un año y seis meses a cuatro de prisión y multa de 12 a 24 meses a las autoridades o funcionarios públicos que informen favorablemente, a sabiendas de su injusticia, sobre instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, construcción o edificación, que concedan licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas o que silencien infracciones con motivo de inspecciones.
Asimismo, se ha aceptado una enmienda del grupo que comparten ERC, IU e ICV que modifica el artículo 428 de la normativa actual con el objetivo de endurecer las penas de prisión para el funcionario público o autoridad que influya en otro prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de su relación personal o jerárquica para conseguir un beneficio económico para sí mismo o un tercero.
Así, cuando se apruebe el nuevo Código Penal, se pasará del castigo de prisión de seis meses a un año que contempla la legislación actual para este tipo de delitos a penas de cárcel que podrán llegar hasta los dos años. Sobre este asunto en concreto, el Ejecutivo no había planteado reforma alguna.
De lo que se ha tratado, señala a nuevatribuna.es el ponente socialista Julio Villarrubia es de “endurecer los delitos de corrupción” en el plano público elevando las sanciones a penas de cárcel y acabando con la “benevolencia” que se ha tenido con los “delincuentes de cuello blanco”.
Pero también, y es algo a destacar subraya el diputado del PSOE, “por primera vez” el Código Penal tipificará delitos para los administradores y apoderados de la empresas privadas ya que se establece la “responsabilidad” de las personas jurídicas.
En paralelo, también se han suavizado las penas de “pequeños delincuentes” como los ‘top manta’ que no entrarán en prisión si sus beneficios son menores a los 400 euros.
Lo que no aceptará el PSOE será la propuesta del PP para la cadena perpetua revisable.
Socialistas y populares también negocian la futura Ley Básica de Gobierno y Administración Local que incrementará la transparencia y el control para los delitos de corrupción urbanística.
Este jueves se cerró la ponencia para la reforma del Código Penal que seguirá así su trámite parlamentario con el informe que se elevará a la Comisión de Justicia del Congreso el próximo día 21 de abril y que será votado en pleno el 29 de este mismo mes.
Dos jornadas de conversaciones de los Grupos Parlamentarios a puerta cerrada han concluido con el consenso entre las fuerzas políticas en la mayoría de las cuestiones tratadas y el acuerdo alcanzado por PSOE y PP respecto a los tres bloques de delitos a discutir: terrorismo y su imprescriptibilidad, pederastia y corrupción.
Respecto a este último se tocan varios artículos del Código Penal relativos al blanqueo de capitales, el urbanismo, el medioambiente, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. Entre otras cosas, se expondrán a ser condenados a ir a la cárcel los funcionarios o autoridades que intervengan en la concesión de contratos de los que busquen obtener beneficios. Ahora sólo se preveía multa e inhabilitación para estos casos.
Una de las novedades pactadas afecta al artículo 239, que una vez que se apruebe el nuevo Código Penal, incluirá penas de prisión para las autoridades o funcionarios públicos que "intervengan" en cualquier clase de "contrato, asunto, operación o actividad" y aprovechen su cargo para beneficiarse de esos negocios o actuaciones, ya se directamente o mediante otra persona interpuesta.
La normativa vigente establece una multa de entre uno y dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre uno y cuatro años. A estas penas se añade ahora un periodo de prisión de seis meses a dos años.
Durante la ponencia, PSOE, PNV y ERC-IU-ICV han acordado también modificar el artículo 320 del Código Penal para castigar con un año y seis meses a cuatro de prisión y multa de 12 a 24 meses a las autoridades o funcionarios públicos que informen favorablemente, a sabiendas de su injusticia, sobre instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, construcción o edificación, que concedan licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas o que silencien infracciones con motivo de inspecciones.
Asimismo, se ha aceptado una enmienda del grupo que comparten ERC, IU e ICV que modifica el artículo 428 de la normativa actual con el objetivo de endurecer las penas de prisión para el funcionario público o autoridad que influya en otro prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de su relación personal o jerárquica para conseguir un beneficio económico para sí mismo o un tercero.
Así, cuando se apruebe el nuevo Código Penal, se pasará del castigo de prisión de seis meses a un año que contempla la legislación actual para este tipo de delitos a penas de cárcel que podrán llegar hasta los dos años. Sobre este asunto en concreto, el Ejecutivo no había planteado reforma alguna.
De lo que se ha tratado, señala a nuevatribuna.es el ponente socialista Julio Villarrubia es de “endurecer los delitos de corrupción” en el plano público elevando las sanciones a penas de cárcel y acabando con la “benevolencia” que se ha tenido con los “delincuentes de cuello blanco”.
Pero también, y es algo a destacar subraya el diputado del PSOE, “por primera vez” el Código Penal tipificará delitos para los administradores y apoderados de la empresas privadas ya que se establece la “responsabilidad” de las personas jurídicas.
En paralelo, también se han suavizado las penas de “pequeños delincuentes” como los ‘top manta’ que no entrarán en prisión si sus beneficios son menores a los 400 euros.
Lo que no aceptará el PSOE será la propuesta del PP para la cadena perpetua revisable.
Socialistas y populares también negocian la futura Ley Básica de Gobierno y Administración Local que incrementará la transparencia y el control para los delitos de corrupción urbanística.
