nuevatribuna.es
7 de abril de 2010, 7:06
NUEVATRIBUNA.ES - 6.4.2010
La sombra sobre una supuesta financiación ilegal planea sobre el PP de Madrid. Según recoge el sumario Gürtel sobre el detalle de las facturas emitidas por actos de partido en las campañas de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, Fundescam, Fundación que preside Esperanza Aguirre, pagó algunas de ellas pese a que la ley no permite que las fundaciones sufraguen actos electorales.
Pese a las evidencias, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad y secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados negó la mayor asegurando que su partido nunca se ha sufragado de manera ilegal.
"Yo hablo de lo que conozco, evidentemente. Hablo del Partido Popular de Madrid que es lo que me compete. En ese sentido lo que sí puedo asegurar es que el PP en ningún momento se ha financiado de una manera irregular, sino siempre de acuerdo con la ley y estoy seguro de que a nivel nacional exactamente lo mismo, pero a mí me compete hablar de lo que es mi responsabilidad que es el PP de Madrid", dijo en declaraciones a los medios
Muy distinta es la opinión del secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien advirtió de que "después de lo que hoy vamos a conocer en el caso Gürtel, a lo mejor el PP tiene que replantearse algunas cosas en Madrid" respecto a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
LISTADO DE EMPRESAS DE LA TRAMA
El ex viceconsejero Carlos Clemente Aguado, imputado por blanqueo, delito fiscal, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, le dijo al magistrado textualmente que "había un listado de empresas con las que solía trabajar el gobierno regional y las consejerías. Cogíamos ese listado y se iba llamando a esas empresas". El juez le pregunta a Clemente "¿quien era la persona o el departamento que había adoptado esa decisión y custodiaba las listas de las que ustedes tiraban para hacer las contrataciones?" a lo que Clemente responde "presidencia".
Clemente reconoce que en ese listado del gobierno de Aguirre se encontraban empresas de la trama como Diseño Asimétrico o Servimadrid. Y que el método empleado por el gobierno madrileño era el de adjudicación previa por lista. Dicho de otro modo, quien no estaba en esa lista no recibía contratos públicos y las empresas de Francisco Correa sí estaban.
La declaración del ex viceconsejero apuntala otro informe incorporado al sumario según el cual las consejerías de la Comunidad de Madrid no respetaban las normas de contratación pública para poder beneficiar a las empresas de Correa: "No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor -dice el informe- por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Las irregularidades se sustanciaban, además, a través del fraccionamiento de los contratos para adjudicarlos a las empresas de la trama: "Ha habido un fraccionamiento intencionado del objeto del contrato, tramitando al menos 15 contratos menores por razón de su cuantía con el fin de no utilizar los procedimientos de contratación (Negociado o Abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
El sumario revela además las operaciones que los cabecillas de la trama llevaban a cabo en ayuntamientos de la Comunidad gobernados por el PP y que les permitían embolsarse sustanciosas comisiones. Es el caso del constructor José Luis Ulibarri, imputado por supuesto pago de comisiones ilegales, que admitió ante el juez que su relación con Correa tenía que ver con operaciones urbanísticas: "A mí lo que me transmitía siempre el señor Correa eran propuestas de operaciones determinadas, es decir, me traía propuestas de operaciones principalmente de suelo".
Correa se ufanó en una conversación con sus colaboradores de haber cobrado tres millones de euros de comisión por una operación que favoreció a Ulibarri en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. Y que poseía un vídeo donde se veía al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, cobrando una parte de esa comisión en billetes. Su relación con el primer edil de Boadilla era tan estrecha que incluso le llenó el ropero. "Es uno de esos alcaldes que no saben vestirse", llegó a decir el líder de Gürtel que encargó a su sastre personal,Rafael Cabellero, prendas para Panero por valor de 10.000 euros que se facturaron con cargo a su empresa 'pantalla' Special Events.
La sombra sobre una supuesta financiación ilegal planea sobre el PP de Madrid. Según recoge el sumario Gürtel sobre el detalle de las facturas emitidas por actos de partido en las campañas de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, Fundescam, Fundación que preside Esperanza Aguirre, pagó algunas de ellas pese a que la ley no permite que las fundaciones sufraguen actos electorales.
Pese a las evidencias, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad y secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados negó la mayor asegurando que su partido nunca se ha sufragado de manera ilegal.
"Yo hablo de lo que conozco, evidentemente. Hablo del Partido Popular de Madrid que es lo que me compete. En ese sentido lo que sí puedo asegurar es que el PP en ningún momento se ha financiado de una manera irregular, sino siempre de acuerdo con la ley y estoy seguro de que a nivel nacional exactamente lo mismo, pero a mí me compete hablar de lo que es mi responsabilidad que es el PP de Madrid", dijo en declaraciones a los medios
Muy distinta es la opinión del secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien advirtió de que "después de lo que hoy vamos a conocer en el caso Gürtel, a lo mejor el PP tiene que replantearse algunas cosas en Madrid" respecto a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
LISTADO DE EMPRESAS DE LA TRAMA
El ex viceconsejero Carlos Clemente Aguado, imputado por blanqueo, delito fiscal, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, le dijo al magistrado textualmente que "había un listado de empresas con las que solía trabajar el gobierno regional y las consejerías. Cogíamos ese listado y se iba llamando a esas empresas". El juez le pregunta a Clemente "¿quien era la persona o el departamento que había adoptado esa decisión y custodiaba las listas de las que ustedes tiraban para hacer las contrataciones?" a lo que Clemente responde "presidencia".
Clemente reconoce que en ese listado del gobierno de Aguirre se encontraban empresas de la trama como Diseño Asimétrico o Servimadrid. Y que el método empleado por el gobierno madrileño era el de adjudicación previa por lista. Dicho de otro modo, quien no estaba en esa lista no recibía contratos públicos y las empresas de Francisco Correa sí estaban.
La declaración del ex viceconsejero apuntala otro informe incorporado al sumario según el cual las consejerías de la Comunidad de Madrid no respetaban las normas de contratación pública para poder beneficiar a las empresas de Correa: "No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor -dice el informe- por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Las irregularidades se sustanciaban, además, a través del fraccionamiento de los contratos para adjudicarlos a las empresas de la trama: "Ha habido un fraccionamiento intencionado del objeto del contrato, tramitando al menos 15 contratos menores por razón de su cuantía con el fin de no utilizar los procedimientos de contratación (Negociado o Abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
El sumario revela además las operaciones que los cabecillas de la trama llevaban a cabo en ayuntamientos de la Comunidad gobernados por el PP y que les permitían embolsarse sustanciosas comisiones. Es el caso del constructor José Luis Ulibarri, imputado por supuesto pago de comisiones ilegales, que admitió ante el juez que su relación con Correa tenía que ver con operaciones urbanísticas: "A mí lo que me transmitía siempre el señor Correa eran propuestas de operaciones determinadas, es decir, me traía propuestas de operaciones principalmente de suelo".
Correa se ufanó en una conversación con sus colaboradores de haber cobrado tres millones de euros de comisión por una operación que favoreció a Ulibarri en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. Y que poseía un vídeo donde se veía al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, cobrando una parte de esa comisión en billetes. Su relación con el primer edil de Boadilla era tan estrecha que incluso le llenó el ropero. "Es uno de esos alcaldes que no saben vestirse", llegó a decir el líder de Gürtel que encargó a su sastre personal,Rafael Cabellero, prendas para Panero por valor de 10.000 euros que se facturaron con cargo a su empresa 'pantalla' Special Events.
