nuevatribuna.es
25 de febrero de 2009, 14:32
NUEVATRIBUNA.ES - 24.2.2009
El PP había presentado por la mañana una querella criminal por prevaricación contra Garzón "al no haberse producido la inhibición solicitada por el fiscal el pasado miércoles y haber incurrido con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas". Inmediatamente después, el juez dictó la providencia para consultar su inhibición a favor del Tribunal Supremo que ha desatado las especulaciones sobre los posibles aforados nacionales del PP.
Ante la publicación de algunos nombres supuestamente implicados y ante el hecho de que Garzón haya desmentido que el diputado y vicesecretario de comunicación Esteban González Pons sea uno de ellos y no lo haya hecho en el caso del senador y tesorero Luis Bárcenas, el partido ha decidido ampliar esa querella, ya que considera que el juez no está respetando el secreto del sumario.
DESMENTIDO PARCIAL
Tras conocerse que el juez había encontrado indicios de la implicación de parlamentarios nacionales del PP en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido, el diario El País aseguraba en su página web que esas personas eran el diputado y vicesecretario de comunicación Esteban González Pons y el senador y tesorero de esta formación Luis Bárcenas.
Casi de inmediato, el magistrado desmentía, a través del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, que Esteban González Pons sea uno de los políticos aforados implicados en la trama de corrupción que investiga. La noticia "carece de fundamento", según el gabinete de prensa del citado tribunal, en el que fuentes cercanas al magistrado subrayaban el "malestar" de Garzón ante las filtraciones del sumario. El desmentido del juez venía a confirmar implícitamente que Bárcenas sí es uno de los aforados investigados.
LA QUERELLA, TAL Y COMO ESTÁ AHORA
En la querella que ya se ha presentado se acusa a Garzón de haber cometido dos delitos: uno de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos.
Por lo que atañe al primero, al que se refiere el apartado 3 del art. 446 del Código Penal, se le acusa de “realizar diligencias instructorias y mantener el conocimiento de una causa penal en fase de instrucción para la que él mismo se ha reconocido incompetente”, circunstancia que el abogado del PP acredita recordando el auto de 13 de febrero en el que el propio juez reconocía que “existen serios indicios de que personas vinculadas a, o integrantes de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas”. El texto subraya el reconocimiento por parte del juez Baltasar Garzón de que existen aforados implicados en la presunta trama de corrupción, como de hecho recogieron inmediatamente los titulares de toda la prensa.
También se destaca que el juez haya realizado estas actuaciones con plena conciencia de que carecía de competencia para instruir y, por ende, para mantener el conocimiento de dicho asunto. De aquí se deduce el elemento subjetivo del delito, la intención dolosa que, según la querella define como una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad a través del mantenimiento de una competencia indebida.
Para reforzar la creencia en un comportamiento doloso del querellado se cita, por un lado, su participación en una cena y posterior cacería de fin de semana con el Ministro de Justicia de turno, el mismo día que se filtraba a los medios de comunicación la existencia de un proceso contra el Partido Popular por presunta corrupción. El texto dice que “la coincidencia de ambas circunstancias merece una explicación y no parece que pueda considerarse inocente, máxime si se analiza el comportamiento posterior del querellado respecto al Partido Popular”.
En segundo lugar, el texto recoge un dato que califica como tremendamente revelador: “que el querellado no haya permitido al Partido Popular personarse como acusador particular y tampoco haya resuelto sobre esa misma petición formulada por la Comunidad Autónoma de Madrid”. “Ambas circunstancias �continúa diciendo- pueden ser indicios de la intención dolosa del querellado”.
Los populares recuerdan, además, que Garzón ha "superado con creces" el plazo de tres días que el pasado miércoles le dio el fiscal para inhibirse en la causa que investiga la trama derivada de la "operación Gürtel" al haber aforados imputados en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el partido presidido por Mariano Rajoy apela al artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, en caso de que haya aforados imputados en la causa, el juez encargado de la misma, deberá remitir "las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al tribual competente". "No hay, pues, que esperar a que se terminen de realizar las diligencias acordadas: sólo se practican las urgentes".
El PP había presentado por la mañana una querella criminal por prevaricación contra Garzón "al no haberse producido la inhibición solicitada por el fiscal el pasado miércoles y haber incurrido con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas". Inmediatamente después, el juez dictó la providencia para consultar su inhibición a favor del Tribunal Supremo que ha desatado las especulaciones sobre los posibles aforados nacionales del PP.
Ante la publicación de algunos nombres supuestamente implicados y ante el hecho de que Garzón haya desmentido que el diputado y vicesecretario de comunicación Esteban González Pons sea uno de ellos y no lo haya hecho en el caso del senador y tesorero Luis Bárcenas, el partido ha decidido ampliar esa querella, ya que considera que el juez no está respetando el secreto del sumario.
DESMENTIDO PARCIAL
Tras conocerse que el juez había encontrado indicios de la implicación de parlamentarios nacionales del PP en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido, el diario El País aseguraba en su página web que esas personas eran el diputado y vicesecretario de comunicación Esteban González Pons y el senador y tesorero de esta formación Luis Bárcenas.
Casi de inmediato, el magistrado desmentía, a través del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, que Esteban González Pons sea uno de los políticos aforados implicados en la trama de corrupción que investiga. La noticia "carece de fundamento", según el gabinete de prensa del citado tribunal, en el que fuentes cercanas al magistrado subrayaban el "malestar" de Garzón ante las filtraciones del sumario. El desmentido del juez venía a confirmar implícitamente que Bárcenas sí es uno de los aforados investigados.
LA QUERELLA, TAL Y COMO ESTÁ AHORA
En la querella que ya se ha presentado se acusa a Garzón de haber cometido dos delitos: uno de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos.
Por lo que atañe al primero, al que se refiere el apartado 3 del art. 446 del Código Penal, se le acusa de “realizar diligencias instructorias y mantener el conocimiento de una causa penal en fase de instrucción para la que él mismo se ha reconocido incompetente”, circunstancia que el abogado del PP acredita recordando el auto de 13 de febrero en el que el propio juez reconocía que “existen serios indicios de que personas vinculadas a, o integrantes de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas”. El texto subraya el reconocimiento por parte del juez Baltasar Garzón de que existen aforados implicados en la presunta trama de corrupción, como de hecho recogieron inmediatamente los titulares de toda la prensa.
También se destaca que el juez haya realizado estas actuaciones con plena conciencia de que carecía de competencia para instruir y, por ende, para mantener el conocimiento de dicho asunto. De aquí se deduce el elemento subjetivo del delito, la intención dolosa que, según la querella define como una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad a través del mantenimiento de una competencia indebida.
Para reforzar la creencia en un comportamiento doloso del querellado se cita, por un lado, su participación en una cena y posterior cacería de fin de semana con el Ministro de Justicia de turno, el mismo día que se filtraba a los medios de comunicación la existencia de un proceso contra el Partido Popular por presunta corrupción. El texto dice que “la coincidencia de ambas circunstancias merece una explicación y no parece que pueda considerarse inocente, máxime si se analiza el comportamiento posterior del querellado respecto al Partido Popular”.
En segundo lugar, el texto recoge un dato que califica como tremendamente revelador: “que el querellado no haya permitido al Partido Popular personarse como acusador particular y tampoco haya resuelto sobre esa misma petición formulada por la Comunidad Autónoma de Madrid”. “Ambas circunstancias �continúa diciendo- pueden ser indicios de la intención dolosa del querellado”.
Los populares recuerdan, además, que Garzón ha "superado con creces" el plazo de tres días que el pasado miércoles le dio el fiscal para inhibirse en la causa que investiga la trama derivada de la "operación Gürtel" al haber aforados imputados en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el partido presidido por Mariano Rajoy apela al artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, en caso de que haya aforados imputados en la causa, el juez encargado de la misma, deberá remitir "las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al tribual competente". "No hay, pues, que esperar a que se terminen de realizar las diligencias acordadas: sólo se practican las urgentes".
