nuevatribuna.es
5 de marzo de 2010, 14:48
NUEVATRIBUNA.ES 4.3.2010
El Tribunal Supremo ha admitido la personación del principal imputado en la trama Gürtel, Francisco Correa, contra el juez que instruyó la causa, Baltasar Garzón. Su abogado, José Antonio Choclán, había solicitado por escrito al Supremo adherirse a la querella que fue presentada por el ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de otro de los imputados en el caso, Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta cuando el caso aún era competencia de la Audiencia Nacional.
La admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE UU durante un permiso de estudios.
El pasado 22 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción consideróo legales y respetuosas con el derecho de defensa y el secreto profesional las escuchas acordadas en su día por Baltasar Garzón de los supuestos cabecillas de la trama corrupta 'Gürtel'. El Ministerio Público se dirigió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar las pretensiones expresadas por otros imputados en este caso en sus recursos de apelación, después de que el instructor del caso en dicho órgano, Antonio Pedreira, avalara la actuación del juez de la Audiencia Nacional.
El fiscal se opone a la tramitación de esta nueva causa contra el juez Garzón alegando que los hechos narrados en la querella no son constitutivos de delito y cuestionando incluso la legitimidad de Peláez para el ejercicio de la acción particular, puesto que las escuchas se aprobaron para las comunicaciones de los presuntos cabecillas (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), que no son sus clientes, y entender por ello que esta acusación "ejerce derechos ajenos".
En el auto de admisión a trámite de esta tercera querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Sala destaca como "extremos significativos" el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limite la intervenciones de las comunicaciones de presos con abogado a los supuestos de terrorismo. También critica que el auto de Garzón ordenando las escuchas se refiriera a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.
ARGUMENTOS DE LA QUERELLA
Peláez, que representa al imputado en la "Gürtel" José Luis Ulibarri, destaca en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del "caso Gürtel", del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.
El abogado comienza señalando que en este caso se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el "caso Gürtel" fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado "caso BBVA") a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.
Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado.
Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión el 20 de marzo de 2009, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.
El Tribunal Supremo ha admitido la personación del principal imputado en la trama Gürtel, Francisco Correa, contra el juez que instruyó la causa, Baltasar Garzón. Su abogado, José Antonio Choclán, había solicitado por escrito al Supremo adherirse a la querella que fue presentada por el ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de otro de los imputados en el caso, Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta cuando el caso aún era competencia de la Audiencia Nacional.
La admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE UU durante un permiso de estudios.
El pasado 22 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción consideróo legales y respetuosas con el derecho de defensa y el secreto profesional las escuchas acordadas en su día por Baltasar Garzón de los supuestos cabecillas de la trama corrupta 'Gürtel'. El Ministerio Público se dirigió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar las pretensiones expresadas por otros imputados en este caso en sus recursos de apelación, después de que el instructor del caso en dicho órgano, Antonio Pedreira, avalara la actuación del juez de la Audiencia Nacional.
El fiscal se opone a la tramitación de esta nueva causa contra el juez Garzón alegando que los hechos narrados en la querella no son constitutivos de delito y cuestionando incluso la legitimidad de Peláez para el ejercicio de la acción particular, puesto que las escuchas se aprobaron para las comunicaciones de los presuntos cabecillas (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), que no son sus clientes, y entender por ello que esta acusación "ejerce derechos ajenos".
En el auto de admisión a trámite de esta tercera querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Sala destaca como "extremos significativos" el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limite la intervenciones de las comunicaciones de presos con abogado a los supuestos de terrorismo. También critica que el auto de Garzón ordenando las escuchas se refiriera a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.
ARGUMENTOS DE LA QUERELLA
Peláez, que representa al imputado en la "Gürtel" José Luis Ulibarri, destaca en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del "caso Gürtel", del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.
El abogado comienza señalando que en este caso se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el "caso Gürtel" fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado "caso BBVA") a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.
Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado.
Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión el 20 de marzo de 2009, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.
