sábado. 27.04.2024
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 14.12.2009

Algunos medios relatan incluso que Aminatu Haidar se encuentra "a un paso de la muerte". Ni las marchas de protesta protagonizadas por ciudadanos, organizaciones y sindicatos en toda España, ni la diplomacia española e internacional han conseguido hasta ahora doblegar la férrea negativa de Marruecos a reconsiderar su postura ante un asunto que considera un "desafío" y un "montaje con fines políticos". El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taib Fasi-Fihri, responde a todas las peticiones que le llegan para que permita el regreso de Haidar a El Aaiún de la misma manera, asegurando que no cederá al chantaje.

Mientras, las miradas se dirigen este lunes a Washington donde el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, discutirán posibles medidas de presión para solucionar el caso de la activista saharaui. Clinton llamó el pasado jueves a Taieb Fassi-Fihri para expresarle su preocupación por el estado de salud de Haidar pero no parece que su interés por este asunto haya producido algún fruto. Su portavoz, Ian Kelly, dijo el viernes que no está seguro de si EEUU jugará un papel de mediación para presionar a favor de una solución, dado que se trata de un "asunto bilateral" entre España y Marruecos. Cabe recordar, no obstante, que EEUU ya medió entre ambos países durante la crisis bilateral que se desató en julio de 2002 tras el desembarco marroquí en el islote de Perejil y logró que el conflicto se zanjara una semana después. Hay que tener en cuenta, además, que Haidar está en posesión de dos premios en EEUU, el Robert Kennedy de los Derechos Humanos de 2008 y el premio al Valor Civil 2009.

En el terreno diplomático, llama la atención la iniciativa del presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, quien ha remitido una carta a la reina de Inglaterra, Isabel II, en la que le pide que intervenga ante las autoridades de España y Marruecos con el fin de lograr una salida para Aminatu Haidar. "Nos gustaría hacer un llamamiento a Su Majestad, en nombre de los valores de la vida humana y la dignidad que todos apreciamos, para que intervenga urgentemente ante las autoridades marroquíes para salvar la vida de la señora Haidar y para garantizar su inmediato e incondicional retorno a su patria, el Sáhara Occidental, para que ella pueda estar junto a sus hijos y familia", apela Abdelaziz en su carta, fechada el 11 de diciembre en Bir Lehlu, localidad del este del Sáhara Occidental controlada por el Frente Polisario.

Y en España, por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) se han unido para defender la actuación de quienes consintieron la entrada en España de la activista. Ambos sindicatos han dicho que los agentes aplicaron la Ley y culpan al Gobierno de Marruecos de perpetrar "un acto de desprecio al Derecho Internacional". Agregan que el "principal responsable" en este caso es el país vecino y critican que "hasta ahora" no se le ha exigido "que rectifique con suficiente firmeza por parte de los gobiernos democráticos".

Según los sindicatos, los hechos se resumen en que Marruecos rechazó la entrada de Haidar en el país tras interrogarla y retirarle el pasaporte, y la devolvió, 24 horas después, al avión que la había trasladado desde Las Palmas. El piloto contactó con el aeropuerto de Las Palmas, donde el policía de servicio trasladó la situación al inspector jefe de Fronteras que, en función de la Ley de Extranjería en vigor, interpretó que Haidar podía regresar a España. Tras ese momento, se puso en contacto con La Jefatura Superior de Policía de Canarias que certificó la legalidad de la entrada.

Tras la llegada de la activista a Lanzarote y que ésta informara a los policías de las circunstancias de su regreso, fue invitada a formular una denuncia, a la que se dió el trámite correspondiente y fue remitida a la autoridad judicial, según explican el SUP y el UFP en un comunicado conjunto. Añaden que no les corresponde especular sobre qué hubiera pasado si el piloto decide no regresar a España con Haidar o si el policía de Fronteras hubiese interpretado que no podía entrar en el Estado español, dejándola, por otro lado, "en un limbo jurídico que no es compatible con la legislación internacional"

El SUP y UFP manifiestan que no les consta "ninguna presión ni intervención ajena a los criterios estrictamente profesionales" pero que, en el caso que se hubiesen producido, por tratarse de una materia de Derecho Internacional, sería el Gobierno de España el que, a través del Ministerio de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quien estaría legitimado para ello. También aclaran que la Policía tendría la obligación de cumplir las órdenes sin que les corresponda a ellos "entrar a valorar si suponen un acierto o un error político, o un acto de firmeza o servidumbre ante cualquier otro gobierno"

Mientras la salud de Haidar empeora, sigue la polémica sobre quién...