Gaspar Llamazares advierte de que el “agujero judicial provocado por la obsesión del PP de cargarse el alcance del sistema de Justicia Universal para atender a las presiones políticas y económicas que le llegaban de otros Estados por otro tipo de causas amenaza múltiples operaciones antidroga”
Izquierda Unida, a través de su diputado y presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del problema de las drogas, Gaspar Llamazares, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que Cámara Baja inste al Gobierno a “Promover la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de restablecer la capacidad de los jueces de perseguir el narcotráfico, de tal modo que los jueces de la Audiencia Nacional sean competentes para investigar y enjuiciar “hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional” tipificados en España como diversos delitos, entre ellos el “tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes”.
Llamazares advierte así de que la reciente reforma gubernativa para desactivar la denominada Justicia Universal -la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional- “ha empezado a tener gravísimas consecuencias para la lucha contra el narcotráfico” y “amputa la capacidad de perseguir judicialmente a ‘narcobarcos’ tripulados por extranjeros en aguas internacionales, como ya han constatado y avisado magistrados hasta ahora competentes de la Audiencia Nacional”.
El parlamentario de IU señala que “este recorte premeditado de competencias judiciales auspiciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ejecutado recientemente por el Grupo Popular en el Parlamento buscando otros fines conlleva, en la práctica, que sólo pueda actuarse sobre ‘narcobarcos’ si hay constancia de que la droga tiene como destino España, si en la trama hay implicados españoles o si hay extranjeros que han montado o pretenden montar una organización en España”.
“La dificultad –añade- de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan constatar previamente todo ello acrecienta de forma peligrosa la impunidad de la que ya empiezan a disfrutar las mafias organizadas para traer droga a nuestro país o pasarla a través de él”.
El pasado 8 de abril el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya se vio obligado a dejar libres a ocho marineros egipcios detenidos el 6 de marzo con 10 toneladas de hachís en el barco ‘A la voluntad de dios’, apresado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en aguas internacionales, a 60 millas del cabo de Gata (Almería).
“Este agujero judicial provocado por la obsesión del PP de cargarse el alcance del sistema de Justicia Universal para atender a las presiones políticas y económicas que le llegaban de otros Estados por otro tipo de causas -explica Gaspar Llamazares- amenaza múltiples operaciones antidroga, algunas en marcha y otras ya ejecutadas”.
Hay al menos otros cuatro barcos capturados en los últimos meses en similares circunstancias que el mencionado antes, cuyos tripulantes también podrían ser excarcelados:
El ‘Moon Light’, tripulado por 7 sirios, llevaba 18 toneladas de hachís.
El ‘Avenir de Safi II’, con 6 tripulantes marroquíes, transportaba 9 toneladas de hachís.
El ‘Mayak’, con 12 toneladas de hachís y 8 tripulantes sirios detenidos por la actuación conjunta de los aduaneros de Francia, Italia y España.
El ‘Berk Kaptain’, tripulado por 4 turcos, llevaba a bordo 12 toneladas de hachís.
La anterior norma que regulaba la Justicia Universal declaraba a los magistrados de la Audiencia Nacional competentes para investigar y enjuiciar “hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional” tipificados en España como diversos delitos, entre ellos el “tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes”.
