#TEMP
viernes. 01.07.2022

España, al igual que el resto de países de la Unión Europea y otras economías occidentales, está atravesando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. La crisis financiera mundial iniciada en 2008 se ha transformado en una dura crisis de carácter económico, con una segunda recaída de la actividad, pero también en una crisis social, con aumentos en el desempleo y la pobreza sin precedentes en la historia.

A pesar de ser una crisis internacional, las economías europeas y en particular los países del Sur están sufriendo más que otros el problema del desempleo. España es el país europeo donde más ha aumentado el paro desde el inicio de la crisis. Hoy más del 26% de la población activa está parada y el desempleo afecta a cerca de 6 millones de personas. Además, el 21% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Estos datos confirman que las soluciones que se están adoptando para salir de la crisis no son las adecuadas. Como consecuencia de la crisis griega y la presión en los mercados, en primavera de 2010, se instauró en el seno de la Unión Europea (UE) una estrategia de consolidación fiscal a ultranza, impulsada por los gobiernos conservadores, cuyos resultados están siendo nefastos para el conjunto de la economía europea y principalmente para los países periféricos del sur, entre ellos España. 

Aunque se ha avanzado en el seno de la UE, sobre todo desde que Hollande ganara las elecciones en Francia, en establecer algún tipo de estímulo económico – en junio de 2012 el Consejo Europeo aprobó un Plan de crecimiento y empleo de 120.000 millones de euros -, todavía no se sabe nada de su puesta en marcha. También se ha aprobado un nuevo fondo de desempleo juvenil (creado con 6.000 millones de euros) en las perspectivas financieras 2014-2020 para aquellos países que en ese período se enfrentan a más dificultades para recuperar el crecimiento y el empleo. España será uno de los principales beneficiarios de este fondo, pero la dramática situación laboral y social que viven los jóvenes españoles precisa de actuaciones inmediatas. No podemos esperar a que lleguen los recursos en 2014.

La política de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno del PP junto a las reformas que ha aprobado en el último año, sobre todo la reforma laboral, lejos de sentar las bases para la recuperación, están ahondando en la recesión y generando más desempleo y más pobreza. En estos momentos es necesario cambiar el rumbo de la política económica del Gobierno para estimular el crecimiento y la creación de empleo. Sin duda hay que mantener la estrategia de reducción de la elevada deuda privada y pública. Pero ahora necesitamos actuaciones que hagan frente a la falta de demanda y a la falta de confianza de los ciudadanos, empresas y familias.

En el diseño de un plan para estimular la economía española hay que tener en cuenta que existen restricciones de entrada a la capacidad de crecimiento que pueden ralentizar la salida de la crisis si no se adoptan también medidas para corregirlas.

El primer elemento que restringe la capacidad de crecimiento de la economía española es el proceso de desapalancamiento del sector privado, es decir, de reducción del endeudamiento de hogares y empresas, que limita el consumo y la inversión y, por tanto, la recuperación de la demanda interna. Este proceso está en marcha pero al estar ligado a una crisis inmobiliaria y bancaria podría durar varios años. La extensión en el tiempo y la profundidad de este proceso serán determinantes en la evolución de la demanda interna en los próximos años. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el nuevo ciclo de crecimiento económico puede ser menos intensivo en el recurso al crédito, puesto que se producirá tras una recomposición del modelo productivo español, con la notable pérdida de peso experimentada por las actividades de construcción y servicios inmobiliarios, que son las actividades más intensivas en crédito, es decir, con una menor ratio de crédito/valor añadido. En todo caso, es preciso garantizar por un lado que proyectos de futuro, innovadores o de internacionalización, no se ven restringidos por el proceso de desapalancamiento del conjunto del sector empresarial, y por otro desarrollar vías alternativas al crédito bancario para la financiación empresarial ya que el peso de los mercados de capitales en la financiación de las pymes españolas todavía es hoy residual.

El proceso de consolidación fiscal al que se ha comprometido el Gobierno español con la Unión Europea supone en estos momentos una amenaza para la recuperación del crecimiento económico. España afronta el mayor ajuste presupuestario de todo el periodo democrático. Según contempla el Plan presupuestario para 2012-2014 remitido en agosto a la Comisión Europea, que contiene las nuevas proyecciones presupuestarias para España, tan sólo entre 2011 y 2014 debe reducir su déficit en 5,7 puntos porcentuales (del -8,5% del PIB en 2011 al -2,8% en 2014). 

Recientemente el FMI ha actualizado sus multiplicadores fiscales y alertaba sobre los efectos devastadores de los procesos de consolidación fiscal que se están llevando a cabo en los países de la zona euro, entre ellos España. Según sus estimaciones un recorte del gasto público de un 1% del PIB generará una caída de la actividad entre 0,9 y 1,7 puntos. Este resultado pone de manifiesto que los ajustes fiscales no sólo no contribuyen a reactivar la economía sino que generan más recesión y confirma la tesis que venimos defendiendo desde el PSOE de que para salir de la crisis es necesaria una nueva política económica que compagine un ajuste fiscal con una estrategia encaminada a generar crecimiento y empleo.

El gobierno español ignora de momento el efecto contractivo de los ajustes e insiste en cumplir con el calendario acordado con la UE. Para lograrlo, ha presentado un paquete de ajuste total que ronda los 100.000 millones de euros para el período 2012-14. Un ajuste que se basa de forma determinante en el incremento de los impuestos y en la reducción de los gastos de capital, es decir la inversión pública, y que tendrá efectos muy negativos sobre el crecimiento. El tercer elemento que está lastrando la capacidad de recuperación de la economía española son los elevados costes de financiación, que obligan a España a financiarse a unos tipos de interés superiores a los de otras economías. Este elemento es el resultado de un déficit en diseño de la construcción europea con un marco institucional incompleto y de una acción todavía limitada por parte del Banco Central Europeo (BCE). 

Dentro de la zona euro, la crisis ha provocado una ampliación del rango entre el tipo de interés máximo y el tipo de interés mínimo del bono a 10 años que pagan los distintos Tesoros miembros de la eurozona. En 2009 este rango era de 2 puntos básicos. En febrero de 2013, son más de 230 puntos básicos. 

Esta heterogeneidad en los tipos de interés está fragmentando la eurozona y puede hacerla insostenible dados sus devastadores efectos sobre las economías de algunos significativos miembros de la eurozona, entre ellos España. En muchos Estados miembros el acceso al capital extranjero en los mercados financieros internacionales casi ha desaparecido, lo que obliga a aumentar su dependencia respecto a la liquidez del BCE, como prestamista de último recurso. Mientras tanto, otros miembros de la eurozona se benefician de una demanda que busca refugio en sus activos financieros. 

Estos elevados costes de financiación se trasladan al conjunto de los agentes económicos. Y, de mantenerse en el tiempo, supondrán un lastre evidente para la competitividad de la economía española.

Para recuperar la senda de crecimiento y creación de empleo es preciso corregir estos desequilibrios y al mismo tiempo adoptar medidas de estímulo económico. Medidas para hacer fluir el crédito a los hogares y a las PYMES, que actualmente no puede refinanciar sus deudas perdiendo sus viviendas y cerrando sus empresas. Para fomentar el autoempleo y el desarrollo de proyectos empresariales estableciendo, por ejemplo, una nueva fiscalidad. Para garantizar un empleo a los jóvenes, desarrollando la propuesta de garantía de empleo acordada en la Unión Europea. En definitiva, en estos momentos es preciso poner en marcha una política económica que estimule el crecimiento y la creación de empleo.

Fundación Ideas

Las restricciones a la capacidad de crecimiento de España