nuevatribuna.es
18 de febrero de 2009, 18:34
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 18.02.2009
Según una nota hecha pública por el Consejo, las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano destaca "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".
Según los datos oficiales, aún provisionales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, con un 65,35 por ciento de los jueces que han parado (un total de 83 de los 127 que ejercen en dicho territorio). En Madrid, la huelga ha sido seguida por el 37,12 por ciento de la Carrera, un total de 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo de toda España se ha registrado en el País Vasco con 9,17 por ciento de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en dicha comunidad).
AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO
El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que en la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.
Como primera reacción a la huelga, y en espera de la comparecencia pública anunciada por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho pública una nota en la que se destaca que el paro exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria". "El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluye el escrito.
COMITÉ DE HUELGA
Por su parte, el Comité Nacional de Huelga cifra en un 70 por ciento el seguimiento del paro que llevan a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros del colectivo de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España por el hartazgo de la Judicatura.
La cifra del Comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se computó a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al Comité y a través de fax remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47 por ciento el respaldo, es decir, un total de 1.621 jueces.
Los jueces y magistrados respaldaron masivamente la huelga, un éxito celebrado por las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Según datos computados por el Comité, un total de 281 jueces de Cataluña secundaron el paro; 278 en Madrid; 66 en Baleares; 22 en el País Vasco; 372 en Andalucía; 113 en Canarias; 94 en murcia; 343 en valencia; 65 en Castilla-La Mancha; 94 en Castilla-León; 35 en Asturias; 242 en Galicia; 19 en Navarra; 20 en Cantabria; 69 en Aragón; 73 en Extremadura; y 4 en La Rioja.
CONSECUENCIAS PARA LOS JUECES
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron hoy de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.
PRINCIPALES REIVINDICACIONES
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
Según una nota hecha pública por el Consejo, las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano destaca "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".
Según los datos oficiales, aún provisionales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, con un 65,35 por ciento de los jueces que han parado (un total de 83 de los 127 que ejercen en dicho territorio). En Madrid, la huelga ha sido seguida por el 37,12 por ciento de la Carrera, un total de 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo de toda España se ha registrado en el País Vasco con 9,17 por ciento de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en dicha comunidad).
AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO
El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que en la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.
Como primera reacción a la huelga, y en espera de la comparecencia pública anunciada por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho pública una nota en la que se destaca que el paro exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria". "El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluye el escrito.
COMITÉ DE HUELGA
Por su parte, el Comité Nacional de Huelga cifra en un 70 por ciento el seguimiento del paro que llevan a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros del colectivo de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España por el hartazgo de la Judicatura.
La cifra del Comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se computó a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al Comité y a través de fax remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47 por ciento el respaldo, es decir, un total de 1.621 jueces.
Los jueces y magistrados respaldaron masivamente la huelga, un éxito celebrado por las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Según datos computados por el Comité, un total de 281 jueces de Cataluña secundaron el paro; 278 en Madrid; 66 en Baleares; 22 en el País Vasco; 372 en Andalucía; 113 en Canarias; 94 en murcia; 343 en valencia; 65 en Castilla-La Mancha; 94 en Castilla-León; 35 en Asturias; 242 en Galicia; 19 en Navarra; 20 en Cantabria; 69 en Aragón; 73 en Extremadura; y 4 en La Rioja.
CONSECUENCIAS PARA LOS JUECES
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron hoy de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.
PRINCIPALES REIVINDICACIONES
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
