“Los delitos contra la libertad sexual requieren una especial mirada de género, no solo en el enjuiciamiento, sino también en momentos posteriores a la condena", señala AMJE
“Los delitos contra la libertad sexual requieren una especial mirada de género, no solo en el enjuiciamiento, sino también en momentos posteriores a la condena, en la ejecución penitenciaria o, como ahora, en la decisión sobre el mantenimiento o no de la situación de prisión provisional de los condenados una vez recaída una muy relevante condena de nueve años prisión”.
Así se ha pronunciado Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) tras la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a los cinco miembros de La Manada.
Aunque el colectivo reconoce que la decisión adoptada por los jueces del tribunal es “ajustada a derecho” por cuanto es una opción que recoge nuestro ordenamiento jurídico, “no deja de ser una decisión inusual frente a personas que ya estaban en prisión provisional y que han sido condenadas a una pena de prisión de nueve años”, señalan en un comunicado.
La Asociación de Mujeres Juezas de España insiste en la necesidad de que se imponga el Convenio de Estambul y que se adopten medidas legislativas o “de otro tipo” que son “necesarias” para asegurar los derechos de las víctimas. El artículo 49 de dicho Convenio incluye la violencia sexual como un atentado a los derechos humanos de las mujeres según los Tribunales Internacionales.
El colectivo plantea la necesidad de implantar una formación “obligatoria y transversal” en materia de género para los profesionales de la Administración de Justicia; adaptar la legislación procesal y penal a las exigencias del Derecho Internacional de Derechos humanos de las mujeres, especialmente al Convenio de Estambul, con extensión del ámbito objetivo y subjetivo de la violencia de género: “dentro de ella se incluye necesariamente la violencia sexual contra las mujeres y teniendo en cuenta, además, que la perspectiva de género se extiende más allá de una sentencia condenatoria”, señalan.
Asimismo, las juezas españolas recomiendan la adopción de un protocolo en materia de justicia con perspectiva de género, ya implantado en otros países, y la necesidad de asumir esta perspectiva como mandato jurídico vinculante. “Y ello -dicen-, para que sirva de herramienta útil y eficaz en la homogeneización de la protección de las víctimas y la plena asunción del principio de igualdad real en el sistema judicial”.
