nuevatribuna.es
11 de febrero de 2010, 11:11
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 11.02.2010
A los apoyos de determinados círculos de la judicatura al juez Baltasar Garzón se suma ahora la universidad.
En el marco del Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica que se celebra esta semana en la Universidad Carlos III de Madrid, y en el que han participado, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia considera que la imputación del juez de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación y la inmediata suspensión de funciones que se prepara “ponen a la democracia española ante una triste realidad: el único perseguido penalmente en relación con los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista (persecución, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas) es el titular del Juzgado Central de Instrucción. 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), que fue el único juez que inició una investigación para su depuración”.
En una nota a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es, este grupo manifiesta que el auto del juez Instructor Luciano Varela “desprecia esta terrible realidad y se inscribe en la secuencia de actos políticos consumados desde los últimos años de la dictadura y la transición para garantizar la impunidad de los criminales y para impedir el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del inmenso daño sufrido por las víctimas”.
En este sentido, consideran que de lo que se está hablando es de “crímenes de Estado” y que, por tanto, “la actuación desconoce la legalidad internacional que obliga al Estado español, también a sus tribunales, a proteger a las víctimas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos”.
Por todo ello reiteran su denuncia por “la incapacidad que ha demostrado el Estado español para resarcir y dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo y de los defensores de la República, de los derechos humanos y de la legalidad democrática”, así como la resolución del Juez Varela “como un acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos, porque una vez más se vuelven a despreciar los sentimientos de las víctimas de la represión”, concluyen.
A los apoyos de determinados círculos de la judicatura al juez Baltasar Garzón se suma ahora la universidad.
En el marco del Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica que se celebra esta semana en la Universidad Carlos III de Madrid, y en el que han participado, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia considera que la imputación del juez de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación y la inmediata suspensión de funciones que se prepara “ponen a la democracia española ante una triste realidad: el único perseguido penalmente en relación con los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista (persecución, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas) es el titular del Juzgado Central de Instrucción. 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), que fue el único juez que inició una investigación para su depuración”.
En una nota a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es, este grupo manifiesta que el auto del juez Instructor Luciano Varela “desprecia esta terrible realidad y se inscribe en la secuencia de actos políticos consumados desde los últimos años de la dictadura y la transición para garantizar la impunidad de los criminales y para impedir el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del inmenso daño sufrido por las víctimas”.
En este sentido, consideran que de lo que se está hablando es de “crímenes de Estado” y que, por tanto, “la actuación desconoce la legalidad internacional que obliga al Estado español, también a sus tribunales, a proteger a las víctimas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos”.
Por todo ello reiteran su denuncia por “la incapacidad que ha demostrado el Estado español para resarcir y dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo y de los defensores de la República, de los derechos humanos y de la legalidad democrática”, así como la resolución del Juez Varela “como un acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos, porque una vez más se vuelven a despreciar los sentimientos de las víctimas de la represión”, concluyen.
