nuevatribuna.es
14 de febrero de 2010, 11:30
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 13.02.2010
Distintas asociaciones de derechos humanos y de la memoria histórica así como juristas de toda España impulsarán una iniciativa popular para reparar la memoria de las víctimas del franquismo independientemente de que siga adelante el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.
Así lo ha adelantado a nuevatribuna.es el ponente del texto Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional y autor de varios libros, que expone en un documento de diez puntos las razones que sustentan dicha iniciativa.
Rodríguez Arias, en cuyo blog figuran algunos de sus artículos de opinión y de investigación sobre este asunto publicados en medios de comunicación- explica que la iniciativa surge porque la Ley de Memoria Histórica reproduce planteamientos jurídicos franquistas. En concreto, se refiere a la orden de Franco de mayo de 1940 sobre exhumaciones que determinó que la responsabilidad en la apertura de fosas era de los familiares. “La única diferencia –señala- es que Franco daba exenciones fiscales mientras que el Gobierno actual da subvenciones”.
Según este experto, la Ley que aprobó el Ejecutivo de Zapatero en 2007 vulnera algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el relativo a la obligación del Estado de hacerse cargo de las exhumaciones y acabar con el trato “inhumano y degradante” a los familiares de las víctimas tal y como explica en otro de sus estudios a los que también ha tenido acceso este periódico.
En julio de 2009, 65 asociaciones de derechos humanos (a las que luego se unieron 15 más) llevaron al Palacio de La Moncloa un escrito solicitando que se modificara la Ley de Memoria Histórica y “a fecha de hoy aún no hemos recibido una respuesta”, señala Rodríguez Arias.
El anteproyecto consta de 103 artículos y se prevé pueda ser presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados entre mayo o junio próximos. Antes, se hará una campaña explicativa del proyecto en varias ciudades españolas, pasando por Madrid donde el próximo 27 de febrero se celebrará un acto en el Ateneo; el 6 de marzo en el Colegio de Abogados en Barcelona; siguiendo en Sevilla y Valencia. La recogida de firmas (se necesitan 500.000) comenzará previsiblemente en agosto o septiembre y podría prolongarse durante un año.
El anteproyecto propone, entre otras cosas, la creación de una Fiscalía Especial para los crímenes y violaciones de los derechos humanos del franquismo y una Policía judicial que los investigue. Según recuerda Rodríguez Arias, en España sigue habiendo alrededor de 150.000 desaparecidos, siendo el país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, detrás de Camboya durante el régimen de Pol Pot.
Distintas asociaciones de derechos humanos y de la memoria histórica así como juristas de toda España impulsarán una iniciativa popular para reparar la memoria de las víctimas del franquismo independientemente de que siga adelante el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.
Así lo ha adelantado a nuevatribuna.es el ponente del texto Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional y autor de varios libros, que expone en un documento de diez puntos las razones que sustentan dicha iniciativa.
Rodríguez Arias, en cuyo blog figuran algunos de sus artículos de opinión y de investigación sobre este asunto publicados en medios de comunicación- explica que la iniciativa surge porque la Ley de Memoria Histórica reproduce planteamientos jurídicos franquistas. En concreto, se refiere a la orden de Franco de mayo de 1940 sobre exhumaciones que determinó que la responsabilidad en la apertura de fosas era de los familiares. “La única diferencia –señala- es que Franco daba exenciones fiscales mientras que el Gobierno actual da subvenciones”.
Según este experto, la Ley que aprobó el Ejecutivo de Zapatero en 2007 vulnera algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el relativo a la obligación del Estado de hacerse cargo de las exhumaciones y acabar con el trato “inhumano y degradante” a los familiares de las víctimas tal y como explica en otro de sus estudios a los que también ha tenido acceso este periódico.
En julio de 2009, 65 asociaciones de derechos humanos (a las que luego se unieron 15 más) llevaron al Palacio de La Moncloa un escrito solicitando que se modificara la Ley de Memoria Histórica y “a fecha de hoy aún no hemos recibido una respuesta”, señala Rodríguez Arias.
El anteproyecto consta de 103 artículos y se prevé pueda ser presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados entre mayo o junio próximos. Antes, se hará una campaña explicativa del proyecto en varias ciudades españolas, pasando por Madrid donde el próximo 27 de febrero se celebrará un acto en el Ateneo; el 6 de marzo en el Colegio de Abogados en Barcelona; siguiendo en Sevilla y Valencia. La recogida de firmas (se necesitan 500.000) comenzará previsiblemente en agosto o septiembre y podría prolongarse durante un año.
El anteproyecto propone, entre otras cosas, la creación de una Fiscalía Especial para los crímenes y violaciones de los derechos humanos del franquismo y una Policía judicial que los investigue. Según recuerda Rodríguez Arias, en España sigue habiendo alrededor de 150.000 desaparecidos, siendo el país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, detrás de Camboya durante el régimen de Pol Pot.
