nuevatribuna.es
30 de junio de 2010, 11:55
NUEVATRIBUNA.ES - 29.6.2010
Volem l'Estatut!, grita El Períódico en su portada. La prensa catalana, en general, tiene una visión negativa de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha terminado por enmendar la plana al Parlament, al Congreso de los Diputados y a los catalanes que votaron sí al Estatut en el referendo celebrado el 18 de junio del 2006. Los magistrados del TC avalaron ayer por la tarde una parte de las tesis del PP, que hace cuatro años presentó un recurso contra el Estatut porque, según decía entonces Mariano Rajoy, el texto era "el principio del fin del Estado". De los 114 artículos recurridos por los conservadores (el Estatut tenía al nacer 223), el TC anuló total o parcialmente ayer 14 y anunció que cuando se haga público el texto de la sentencia otros 23 serán convenientemente reconducidos. Ayer, 28 de junio, los sismógrafos registraron un potente maremoto. La incógnita es ahora si un tsunami arrasará las costas de la política catalana.
El Periódico advierte, no obstante, de que el hecho de que la constitucionalidad de la mayoría del texto fuese aprobada por seis de los votos considerados progresistas contra los cuatro conservadores anula la pretensión del Partido Popular de apuntarse la victoria, como sus portavoces intentaron hacer ayer. La Vanguardia comparte la interpretación de que la sentencia rebaja las aspiraciones de Catalunya en lengua, justicia y tributos catalanes y lleva a portada un gran titular con la reacción de Artur Mas, el líder de CiU: "Mas cree que la sentencia del TC sobre el Estatut es una castración física y química del texto". Más abajo explica que para Mas, cualquier sentencia que mutilase el Estatut "no era aceptable", por lo que el fallo no será asumido políticamente por CiU. "Catalunya es una nación nos lo creamos o no" y "hemos de actuar como tal", cuenta que ha señalado el político nacionalista.
La Vanguardia lleva además a su editorial una petición muy concreta: Que hablen las urnas. Dice que con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más cívica de todas. La más pacífica. La más democrática. La más eficaz. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Políticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin.
Para Avui, "El TC fulmina l'Estatut". En su editorial De l'Estatut dels catalans, no se'n toca ni una coma, asegura que "con un retraso injustificable, vergonzoso y extenuante, el Tribunal Constitucional español ha demostrado, de manera inapelable, su falta de legitimidad, acreditada hasta ahora en un proceso de descomposición inaudito y ratificada en una sentencia que ha dejado meridianamente claro, como se temía, que no es sobre el Estatuto sino contra la carta magna catalana. Proclamemos que Cataluña es una nación y que ha de ser aquello que los catalanes quieren que sea".
En cuanto a la prensa generalista, las interpretaciones difieren bastente. Mientras que para El País, el Constitucional ha dado un "Aval al Estatut" ya que más allá del debate terminológico, el fondo del texto parece escasamente modificado y hace desaparecer los peores augurios de un gran recorte, para El Mundo se trata de "Una gran chapuza jurídica que debilita a España".
El País constata que el fallo no afecta tampoco al modelo de inmersión lingüística, validado en diversas sentencias del Tribunal Supremo. Y para la tradición catalanista, la lengua y la cultura siempre ha sido más importante que la esencia. Pero también advierte de que será inevitable que la sentencia se convierta en argumento electoral: desde el PP, porque da la razón parcialmente a sus sospechas de inconstitucionalidad; desde Esquerra o Convergència, porque se confirman sus augurios sobre la España cicatera de sus discursos. Pese al calor de la campaña, debiera evitarse, en todo caso, que sea leída como una suerte de dictamen sobre la viabilidad del sistema constitucional, tanto por parte de quienes ven el futuro de Cataluña en el soberanismo, como de quienes recurrieron el Estatuto porque consideraban que afectaba a la unidad de España.
El Mundo dice que la sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de "nación" incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a "la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa". Y más adelante insiste en sus conocidas tesis en contra de la constitucionalidad del Estatut: Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua "preferente" de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo.
Finalmente, hace una prospección de futuro: ¿Y ahora? Con la sentencia del Constitucional ya conocida, todo parece indicar que el Estatuto seguirá al frente de la batalla política en los próximos meses y, quizá, años. Los líderes políticos quisieron transmitir ayer a la sociedad sensaciones de vencedores y vencidos y de contumacia en la pelea que nos obliga a preguntarnos si ha merecido la pena el desgaste que ha supuesto este proceso para buena parte de la población catalana.
De momento, representantes de los partidos catalanes pro Estatut (CiU, PSC, ERC e ICV) y Òmnium Cultural acordaron anoche convocar una manifestación unitaria para el 10 de julio en protesta contra el recorte del Estatut. Organizada por la asociación cultural catalanista Òmnium Cultural la manifestación unitaria se celebrará en Barcelona, previsiblemente bajo el lema 'Somos una nación. Nosotros decidimos".
Los partidos estuvieron reunidos hasta pasada la medianoche en la sede de Òmnium en Barcelona para concretar los detalles de la manifestación, que hoy darán a conocer en rueda de prensa, una protesta que rechazan PP y Ciutadans (C's). El líder de CiU, Artur Mas, ha animado a los catalanes a salir a la calle porque a su juicio "un pueblo debe saber defenderse y hacerse respetar", en declaraciones a TV3. En parecidos términos se pronunció ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla, que consideró que los catalanes deben hacer oír su voz y difundir su sentimiento de "afirmación nacional".
Volem l'Estatut!, grita El Períódico en su portada. La prensa catalana, en general, tiene una visión negativa de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha terminado por enmendar la plana al Parlament, al Congreso de los Diputados y a los catalanes que votaron sí al Estatut en el referendo celebrado el 18 de junio del 2006. Los magistrados del TC avalaron ayer por la tarde una parte de las tesis del PP, que hace cuatro años presentó un recurso contra el Estatut porque, según decía entonces Mariano Rajoy, el texto era "el principio del fin del Estado". De los 114 artículos recurridos por los conservadores (el Estatut tenía al nacer 223), el TC anuló total o parcialmente ayer 14 y anunció que cuando se haga público el texto de la sentencia otros 23 serán convenientemente reconducidos. Ayer, 28 de junio, los sismógrafos registraron un potente maremoto. La incógnita es ahora si un tsunami arrasará las costas de la política catalana.
El Periódico advierte, no obstante, de que el hecho de que la constitucionalidad de la mayoría del texto fuese aprobada por seis de los votos considerados progresistas contra los cuatro conservadores anula la pretensión del Partido Popular de apuntarse la victoria, como sus portavoces intentaron hacer ayer. La Vanguardia comparte la interpretación de que la sentencia rebaja las aspiraciones de Catalunya en lengua, justicia y tributos catalanes y lleva a portada un gran titular con la reacción de Artur Mas, el líder de CiU: "Mas cree que la sentencia del TC sobre el Estatut es una castración física y química del texto". Más abajo explica que para Mas, cualquier sentencia que mutilase el Estatut "no era aceptable", por lo que el fallo no será asumido políticamente por CiU. "Catalunya es una nación nos lo creamos o no" y "hemos de actuar como tal", cuenta que ha señalado el político nacionalista.
La Vanguardia lleva además a su editorial una petición muy concreta: Que hablen las urnas. Dice que con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más cívica de todas. La más pacífica. La más democrática. La más eficaz. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Políticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin.
Para Avui, "El TC fulmina l'Estatut". En su editorial De l'Estatut dels catalans, no se'n toca ni una coma, asegura que "con un retraso injustificable, vergonzoso y extenuante, el Tribunal Constitucional español ha demostrado, de manera inapelable, su falta de legitimidad, acreditada hasta ahora en un proceso de descomposición inaudito y ratificada en una sentencia que ha dejado meridianamente claro, como se temía, que no es sobre el Estatuto sino contra la carta magna catalana. Proclamemos que Cataluña es una nación y que ha de ser aquello que los catalanes quieren que sea".
En cuanto a la prensa generalista, las interpretaciones difieren bastente. Mientras que para El País, el Constitucional ha dado un "Aval al Estatut" ya que más allá del debate terminológico, el fondo del texto parece escasamente modificado y hace desaparecer los peores augurios de un gran recorte, para El Mundo se trata de "Una gran chapuza jurídica que debilita a España".
El País constata que el fallo no afecta tampoco al modelo de inmersión lingüística, validado en diversas sentencias del Tribunal Supremo. Y para la tradición catalanista, la lengua y la cultura siempre ha sido más importante que la esencia. Pero también advierte de que será inevitable que la sentencia se convierta en argumento electoral: desde el PP, porque da la razón parcialmente a sus sospechas de inconstitucionalidad; desde Esquerra o Convergència, porque se confirman sus augurios sobre la España cicatera de sus discursos. Pese al calor de la campaña, debiera evitarse, en todo caso, que sea leída como una suerte de dictamen sobre la viabilidad del sistema constitucional, tanto por parte de quienes ven el futuro de Cataluña en el soberanismo, como de quienes recurrieron el Estatuto porque consideraban que afectaba a la unidad de España.
El Mundo dice que la sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de "nación" incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a "la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa". Y más adelante insiste en sus conocidas tesis en contra de la constitucionalidad del Estatut: Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua "preferente" de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo.
Finalmente, hace una prospección de futuro: ¿Y ahora? Con la sentencia del Constitucional ya conocida, todo parece indicar que el Estatuto seguirá al frente de la batalla política en los próximos meses y, quizá, años. Los líderes políticos quisieron transmitir ayer a la sociedad sensaciones de vencedores y vencidos y de contumacia en la pelea que nos obliga a preguntarnos si ha merecido la pena el desgaste que ha supuesto este proceso para buena parte de la población catalana.
De momento, representantes de los partidos catalanes pro Estatut (CiU, PSC, ERC e ICV) y Òmnium Cultural acordaron anoche convocar una manifestación unitaria para el 10 de julio en protesta contra el recorte del Estatut. Organizada por la asociación cultural catalanista Òmnium Cultural la manifestación unitaria se celebrará en Barcelona, previsiblemente bajo el lema 'Somos una nación. Nosotros decidimos".
Los partidos estuvieron reunidos hasta pasada la medianoche en la sede de Òmnium en Barcelona para concretar los detalles de la manifestación, que hoy darán a conocer en rueda de prensa, una protesta que rechazan PP y Ciutadans (C's). El líder de CiU, Artur Mas, ha animado a los catalanes a salir a la calle porque a su juicio "un pueblo debe saber defenderse y hacerse respetar", en declaraciones a TV3. En parecidos términos se pronunció ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla, que consideró que los catalanes deben hacer oír su voz y difundir su sentimiento de "afirmación nacional".
