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26 de mayo de 2010, 8:41
NUEVATRIBUNA.ES 25.05.2010
Los vaivenes en torno a la renovación del Tribunal Constitucional vienen a confirmar lo que ya sabía todo el mundo: que dicha renovación tiene que salir del acuerdo entre PSOE y PP, precisamente el escollo que ha impedido hasta el momento sustituir a los magistrados que han agotado su mandato.
La urgencia de ahora viene dada por las presiones de las fuerzas políticas catalanas con el presidente al frente. José Montilla acudió este lunes al Senado para exigir que se aplace el proceso sobre el Estatut de Cataluña hasta que el TC se renueve, dado que lleva ya casi cuatro años deliberando sobre el texto y aún no ha emitido ningún fallo.
La visita a Madrid del máximo dirigente del PSC y presidente de Cataluña obligó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a un claro pronunciamiento. Así, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, instó a inicar “cuanto antes” dicha renovación en el marco de la Cámara territorial.
Y así ha sido. Este mismo martes, con el apoyo de todos los Grupos, la Junta de Portavoces del Senado, daba luz verde al asunto dos años después de haberse iniciado. El anuncio fue hecho por la portavoz socialista en la Cámara Alta, Carmela Silva, que explicó que el PP había solicitado un informe a los servicios jurídicos para saber si las comunidades autónomas tienen que hacer alguna alegación o comentario y confió en que esto no sea una nueva “práctica dilatoria” por parte de los ‘populares’. Una vez esté listo el informe se convocará la Comisión de Nombramientos, órgano parlamentario en el que se dilucidará la cuestión.
Los pasos a seguir están claros pero el problema de fondo sigue siendo que PSOE y PP alcancen un acuerdo (los nombramientos se han de aprobar por tres quintos de la Cámara) tal y como recordó el presidente del Senado, Javier Rojo. Y es en ese punto donde se mantiene el bloqueo. Si el lunes, los socialistas dejaban abierta la posibilidad de aceptar a los dos candidatos del PP, Francisco José Hernando y Enrique López (los mismos que el PSOE no aceptó hace dos años), veinticuatro horas después llegaba la matización cuando Silva manifestó su “deseo” de que el PP “reflexione” y “posibilite el acuerdo”.
Y mientras en el Senado se está a la espera de qué candidatos propondrá el PP, el Congreso deberá abordar la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo. Tal y como reconoció la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, “desde hace casi dos años” que no habla de este asunto con el socialista José Antonio Alonso.
Por lo que no pasa el PP es porque la renovación se haga antes de que el TC emita su fallo sobre el Estatut. Sáenz de Santamaría acusó al PSOE de estar buscando “la opción que más retrase la sentencia” y advirtió de que la renovación, a día de hoy, “es inadmisible”.
Pero la pelea PSOE-PP no está sirviendo de freno a los catalanes que siguen con su particular ofensiva. Hoy mismo, el Parlamento catalán anunció que pedirá al TC, a través de un incidente procesal elaborado por los letrados de la Cámara, que suspenda el proceso sobre el Estatut hasta que los magistrados con el mandato caducado se renueven o que se declare incompetente para dictar sentencia.
La junta de letrados del Parlamento catalán sustenta su petición en el incumplimiento de los artículos 24.2 y 159.3 de la Constitución, y 16 de la Ley Orgánica del TC, respecto a la necesidad de renovación temporal de los magistrados del Alto Tribunal.
El informe de los letrados concluye que la actual composición del TC no tiene la condiciones necesarias para ejercer su función con los requisitos que exige la Constitución, y sostiene que la actuación del Alto Tribunal "se ha visto interferida por actuaciones que afectan a su independencia".
Los vaivenes en torno a la renovación del Tribunal Constitucional vienen a confirmar lo que ya sabía todo el mundo: que dicha renovación tiene que salir del acuerdo entre PSOE y PP, precisamente el escollo que ha impedido hasta el momento sustituir a los magistrados que han agotado su mandato.
La urgencia de ahora viene dada por las presiones de las fuerzas políticas catalanas con el presidente al frente. José Montilla acudió este lunes al Senado para exigir que se aplace el proceso sobre el Estatut de Cataluña hasta que el TC se renueve, dado que lleva ya casi cuatro años deliberando sobre el texto y aún no ha emitido ningún fallo.
La visita a Madrid del máximo dirigente del PSC y presidente de Cataluña obligó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a un claro pronunciamiento. Así, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, instó a inicar “cuanto antes” dicha renovación en el marco de la Cámara territorial.
Y así ha sido. Este mismo martes, con el apoyo de todos los Grupos, la Junta de Portavoces del Senado, daba luz verde al asunto dos años después de haberse iniciado. El anuncio fue hecho por la portavoz socialista en la Cámara Alta, Carmela Silva, que explicó que el PP había solicitado un informe a los servicios jurídicos para saber si las comunidades autónomas tienen que hacer alguna alegación o comentario y confió en que esto no sea una nueva “práctica dilatoria” por parte de los ‘populares’. Una vez esté listo el informe se convocará la Comisión de Nombramientos, órgano parlamentario en el que se dilucidará la cuestión.
Los pasos a seguir están claros pero el problema de fondo sigue siendo que PSOE y PP alcancen un acuerdo (los nombramientos se han de aprobar por tres quintos de la Cámara) tal y como recordó el presidente del Senado, Javier Rojo. Y es en ese punto donde se mantiene el bloqueo. Si el lunes, los socialistas dejaban abierta la posibilidad de aceptar a los dos candidatos del PP, Francisco José Hernando y Enrique López (los mismos que el PSOE no aceptó hace dos años), veinticuatro horas después llegaba la matización cuando Silva manifestó su “deseo” de que el PP “reflexione” y “posibilite el acuerdo”.
Y mientras en el Senado se está a la espera de qué candidatos propondrá el PP, el Congreso deberá abordar la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo. Tal y como reconoció la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, “desde hace casi dos años” que no habla de este asunto con el socialista José Antonio Alonso.
Por lo que no pasa el PP es porque la renovación se haga antes de que el TC emita su fallo sobre el Estatut. Sáenz de Santamaría acusó al PSOE de estar buscando “la opción que más retrase la sentencia” y advirtió de que la renovación, a día de hoy, “es inadmisible”.
Pero la pelea PSOE-PP no está sirviendo de freno a los catalanes que siguen con su particular ofensiva. Hoy mismo, el Parlamento catalán anunció que pedirá al TC, a través de un incidente procesal elaborado por los letrados de la Cámara, que suspenda el proceso sobre el Estatut hasta que los magistrados con el mandato caducado se renueven o que se declare incompetente para dictar sentencia.
La junta de letrados del Parlamento catalán sustenta su petición en el incumplimiento de los artículos 24.2 y 159.3 de la Constitución, y 16 de la Ley Orgánica del TC, respecto a la necesidad de renovación temporal de los magistrados del Alto Tribunal.
El informe de los letrados concluye que la actual composición del TC no tiene la condiciones necesarias para ejercer su función con los requisitos que exige la Constitución, y sostiene que la actuación del Alto Tribunal "se ha visto interferida por actuaciones que afectan a su independencia".
