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9 de noviembre de 2009, 11:52
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 9.11.2009
El grupo Sedesa, cuyo presidente es sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue la que más contratos públicos obtuvo, por un importe de 539.016.098 euros, según consta en la querella presentada por el PSPV ante el TSJCV, basada en dos informes policiales.
A Sedesa le sigue la empresa Enrique Ortiz e Hijos, contratista de Obras S.A., que recibió desde el año 2005 al 2008 adjudicaciones por 205.249.738 euros. Una cifra similar obtuvo el grupo Piaf S.L, adjudicataria de contratos por 201.082.692 euros. De menor cantidad, se encuentra al grupo Lubasa, que recibió 77.337.451 euros; y la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa), que se benefició, desde 2005 a mayo de 2009, de adjudaciones de la administración valenciana por 13.876.078 euros. El PSPV no descarta la posibilidad de que existan otros contratos que no han sido recogidos en los informes.
Así, el PSPV explica, en los fundamentos jurídicos de la querella, que existía una doble contabilidad A y B por Orange Market en la relación a las cuentas sobre actos y campañas del PPCV, y que "es fácil deducir" que los pagos realizados por el partido en dinero B, al no desarrollar actividad mercantil alguna, provienen de aportaciones ocultas de terceros".
En este punto, agrega que "dada la participación de empresarios que abonaban actos del PPCV, a través de la modificación del cliente y del concepto, y aportaciones finales mediante facturas falsas, estas aportaciones no pueden ser de otra naturaleza que las comisiones derivadas de las adjudicaciones de contratos públicos recibidos por éstas".
En concreto, la querella recoge una parte del informe policial que indica que la financiación de la deuda B se sufragaba de diversa forma: con "aportaciones directas" de empresarios de la Comunitat, en concreto Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, del grupo Sedesa; y Luis Batalla, del grupo Lubasa.
Estos empresarios "enmascaraban" sus aportaciones mediante la emisión de facturas por Orange Market S.L. para justificar el pago realizado, algunas de las cuales sufrían alternaciones, tanto en la base imponible como en el cliente; y con entregas directas de dinero anotado en la Caja B de Orange Market como procedente del PPCV o del PP, que engrosaban los fondos B de la sociedad y se destinaban a minorar la deuda.
Por este motivo, entre las 17 personas contra las que se dirige la querella, se encuentra el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, puesto que, según los socialistas, tenía como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que se encontraba Orange Market, así como la financiación de empresarios.
Junto a Rambla, y como una de las novedades, el PSPV también se querella contra el ex director general de RTVV, Pedro García Gimeno, por aparecer como un "interlocutor frecuente" con el grupo Correa con respecto a diversos proyectos empresariales, y adjudicó el contrato formalizado el 10 de mayo de 2006 a la empresa Teconsa --utilizada como pantalla del grupo Correa--, cuyo objeto social era ajeno a la naturaleza del contrato, y por el que se derivaron comisiones.
Este contrato se hizo como consecuencia de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en 2006, con el objeto controlar el suministro e instalación de equipamientos de sonorización del evento. Canal 9 abonó 6.400.000 euros, de los que el Grupo Correa recibió una comisión de 957.300 euros.
Así mismo, el informe policial, recogido en la querella, incluye una serie de congresos y actos organizados por Orange Market a petición del PPCV. Así, incluye un archivo 'Congreso Regional de Valencia.xls', cuyo valor ascendía a 240.582,77 euros sin IVA, pero la facturación correspondía a 90.151,82 euros en A, y a 150.430,95 euros en B.
También incorpora, entre otros, los actos celebrados el 20 y 21 de noviembre, y 17 y 18 de diciembre de 2004, correspondientes al diseño, organización, montaje y ejecución de varios congresos provinciales y regionales celebrados en Castellón, Peñíscola y Valencia, organizados por el PPCV: facturación A, por importe de 152.000 euros más IVA, y por concepto en B, 76.000 euros.
Esta práctica se realizaba en periodo electoral de las elecciones europeas de 2005 --en actos celebrados en Castellón, Alicante, Valencia-- y parte del dinero procedente de los pagos en B, pro los actos celebrados para el PPCV, se enviaban a Special Events, y el resto se integraba en la Caja B de Orange Market.
El grupo Sedesa, cuyo presidente es sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue la que más contratos públicos obtuvo, por un importe de 539.016.098 euros, según consta en la querella presentada por el PSPV ante el TSJCV, basada en dos informes policiales.
A Sedesa le sigue la empresa Enrique Ortiz e Hijos, contratista de Obras S.A., que recibió desde el año 2005 al 2008 adjudicaciones por 205.249.738 euros. Una cifra similar obtuvo el grupo Piaf S.L, adjudicataria de contratos por 201.082.692 euros. De menor cantidad, se encuentra al grupo Lubasa, que recibió 77.337.451 euros; y la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa), que se benefició, desde 2005 a mayo de 2009, de adjudaciones de la administración valenciana por 13.876.078 euros. El PSPV no descarta la posibilidad de que existan otros contratos que no han sido recogidos en los informes.
Así, el PSPV explica, en los fundamentos jurídicos de la querella, que existía una doble contabilidad A y B por Orange Market en la relación a las cuentas sobre actos y campañas del PPCV, y que "es fácil deducir" que los pagos realizados por el partido en dinero B, al no desarrollar actividad mercantil alguna, provienen de aportaciones ocultas de terceros".
En este punto, agrega que "dada la participación de empresarios que abonaban actos del PPCV, a través de la modificación del cliente y del concepto, y aportaciones finales mediante facturas falsas, estas aportaciones no pueden ser de otra naturaleza que las comisiones derivadas de las adjudicaciones de contratos públicos recibidos por éstas".
En concreto, la querella recoge una parte del informe policial que indica que la financiación de la deuda B se sufragaba de diversa forma: con "aportaciones directas" de empresarios de la Comunitat, en concreto Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, del grupo Sedesa; y Luis Batalla, del grupo Lubasa.
Estos empresarios "enmascaraban" sus aportaciones mediante la emisión de facturas por Orange Market S.L. para justificar el pago realizado, algunas de las cuales sufrían alternaciones, tanto en la base imponible como en el cliente; y con entregas directas de dinero anotado en la Caja B de Orange Market como procedente del PPCV o del PP, que engrosaban los fondos B de la sociedad y se destinaban a minorar la deuda.
Por este motivo, entre las 17 personas contra las que se dirige la querella, se encuentra el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, puesto que, según los socialistas, tenía como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que se encontraba Orange Market, así como la financiación de empresarios.
Junto a Rambla, y como una de las novedades, el PSPV también se querella contra el ex director general de RTVV, Pedro García Gimeno, por aparecer como un "interlocutor frecuente" con el grupo Correa con respecto a diversos proyectos empresariales, y adjudicó el contrato formalizado el 10 de mayo de 2006 a la empresa Teconsa --utilizada como pantalla del grupo Correa--, cuyo objeto social era ajeno a la naturaleza del contrato, y por el que se derivaron comisiones.
Este contrato se hizo como consecuencia de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en 2006, con el objeto controlar el suministro e instalación de equipamientos de sonorización del evento. Canal 9 abonó 6.400.000 euros, de los que el Grupo Correa recibió una comisión de 957.300 euros.
Así mismo, el informe policial, recogido en la querella, incluye una serie de congresos y actos organizados por Orange Market a petición del PPCV. Así, incluye un archivo 'Congreso Regional de Valencia.xls', cuyo valor ascendía a 240.582,77 euros sin IVA, pero la facturación correspondía a 90.151,82 euros en A, y a 150.430,95 euros en B.
También incorpora, entre otros, los actos celebrados el 20 y 21 de noviembre, y 17 y 18 de diciembre de 2004, correspondientes al diseño, organización, montaje y ejecución de varios congresos provinciales y regionales celebrados en Castellón, Peñíscola y Valencia, organizados por el PPCV: facturación A, por importe de 152.000 euros más IVA, y por concepto en B, 76.000 euros.
Esta práctica se realizaba en periodo electoral de las elecciones europeas de 2005 --en actos celebrados en Castellón, Alicante, Valencia-- y parte del dinero procedente de los pagos en B, pro los actos celebrados para el PPCV, se enviaban a Special Events, y el resto se integraba en la Caja B de Orange Market.
