nuevatribuna.es
14 de febrero de 2010, 6:36
NUEVATRIBUNA.ES - 12.2.2010
El recurso se basa en que todos ellos juraron "lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional cuando ingresaron en la carrera judicial" y ahora tienen que decidir sobre los recursos planteados por las asociaciones de la memoria histórica que acudieron a Baltasar Garzón para que investigara la desaparición de sus familiares, es decir, sobre una causa relativa al franquismo. La nieta de Negrín argumenta que estos magistrados no pueden ser imparciales porque tienen sobre sus conciencias un conflicto de lealtades.
El escrito presentado ante el pleno de la sala especial del 61 del Tribunal Supremo asegura que Carlos Dívar y Luciano Varela, entre otros, accedieron a la carrera judicial antes de 1977 y entonces "juraron por Dios lealtad al caudillo y a los principios fundamentales del movimiento nacional". A pesar de que, ese juramento se anuló con la Constitución, la nieta de Negrín cree que los magistrados pueden tener un conflicto de intereses personal y moral y una falta de imparcialidad subjetiva a la hora de resolver el caso Garzón y la persecución de los crímenes franquistas.
Carmen Negrín reclama la abstención de estos jueces y al mismo tiempo, ha comunicado al Consejo del Poder Judicial esta circunstancia para que no admitan ningún escrito firmado por estos magistrados que desde el martes pasado están recusados y pueden no ser imparciales.
El pasado 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados. La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal- , y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.
A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra) .
Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.
La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora.
El recurso se basa en que todos ellos juraron "lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional cuando ingresaron en la carrera judicial" y ahora tienen que decidir sobre los recursos planteados por las asociaciones de la memoria histórica que acudieron a Baltasar Garzón para que investigara la desaparición de sus familiares, es decir, sobre una causa relativa al franquismo. La nieta de Negrín argumenta que estos magistrados no pueden ser imparciales porque tienen sobre sus conciencias un conflicto de lealtades.
El escrito presentado ante el pleno de la sala especial del 61 del Tribunal Supremo asegura que Carlos Dívar y Luciano Varela, entre otros, accedieron a la carrera judicial antes de 1977 y entonces "juraron por Dios lealtad al caudillo y a los principios fundamentales del movimiento nacional". A pesar de que, ese juramento se anuló con la Constitución, la nieta de Negrín cree que los magistrados pueden tener un conflicto de intereses personal y moral y una falta de imparcialidad subjetiva a la hora de resolver el caso Garzón y la persecución de los crímenes franquistas.
Carmen Negrín reclama la abstención de estos jueces y al mismo tiempo, ha comunicado al Consejo del Poder Judicial esta circunstancia para que no admitan ningún escrito firmado por estos magistrados que desde el martes pasado están recusados y pueden no ser imparciales.
El pasado 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados. La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal- , y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.
A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra) .
Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.
La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora.
