nuevatribuna.es
4 de marzo de 2009, 13:42
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 4.3.2009
La Fiscalía Anticorrupción considera que la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, desmantelada en la "Operación Gürtel", corresponde a los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, por estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de ambas autonomías. De este modo, puede entenderse que la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, puesto que la pregunta concreta que el pasado día 24 realizó Garzón al Ministerio Fiscal era si consideraba procedente o no remitir la causa al alto tribunal por existir parlamentarios nacionales implicados.
En una nota de prensa remitida este miércoles por la Fiscalía General del Estado ni siquiera se menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, "en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior Informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de "Exposición Razonada" tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana"
Añade la nota que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará "sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción de la causa (Art. 25 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) hasta tanto se resuelva la competencia por los Órganos Judiciales competentes".
El Ministerio Público sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ha reiterado su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos "perfectamente escindibles", que deberían seguirse en el de Valencia.
Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.
A estos tres, y según publicaron El País y El Periódico de Catalunya el pasado 19 de febrero, habría que añadir el nombre del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en quien la Fiscalía también vería indicios de delito según ambos diarios.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, desmantelada en la "Operación Gürtel", corresponde a los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, por estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de ambas autonomías. De este modo, puede entenderse que la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, puesto que la pregunta concreta que el pasado día 24 realizó Garzón al Ministerio Fiscal era si consideraba procedente o no remitir la causa al alto tribunal por existir parlamentarios nacionales implicados.
En una nota de prensa remitida este miércoles por la Fiscalía General del Estado ni siquiera se menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, "en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior Informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de "Exposición Razonada" tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana"
Añade la nota que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará "sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción de la causa (Art. 25 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) hasta tanto se resuelva la competencia por los Órganos Judiciales competentes".
El Ministerio Público sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ha reiterado su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos "perfectamente escindibles", que deberían seguirse en el de Valencia.
Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.
A estos tres, y según publicaron El País y El Periódico de Catalunya el pasado 19 de febrero, habría que añadir el nombre del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en quien la Fiscalía también vería indicios de delito según ambos diarios.
