nuevatribuna.es
2 de mayo de 2010, 13:44
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS- 1.05.2010
La Fiscalía federal de Argentina rechazó que la Justicia de este país investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, al considerar "ilegal" el inicio de un proceso que en España llevan a cabo "numerosos tribunales", informaron fuentes judiciales.
En un dictamen entregado a la jueza María Servini de Cubría, difundido por la agencia oficial Télam, el fiscal Federico Delgado rechaza la denuncia presentada el pasado 14 de abril en la Cámara Federal de Buenos Aires para que se investiguen en Argentina los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista amparándose en el principio de "jurisdicción universal".
"Iniciar un proceso en Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo el representante del Ministerio Público.
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de lesa humanidad", reconoció Delgado.
"Sin embargo, esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas", argumentó el representante del ministerio público.
“NO ES FACTIBLE PROMOVER LA CAUSA EN ARGENTINA”
Delgado citó a Raúl Zaffaroni, uno de los miembros de la Corte Suprema argentina, al afirmar que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
Afirmó que los mismos denunciantes "reconocen dos cosas: que existen causas en trámite en España en las que se investigan los crímenes del franquismo, y que la Ley de Amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el Parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".
Delgado recordó que "existen numerosos tribunales (españoles) que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" y que la Ley de Amnistía aprobada en España "no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni, en particular, los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones-desapariciones forzosas".
La demanda incluye la denuncia de Paula Herrero Núñez, nieta de José Núñez Búa, diputado del Partido Galleguista y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra en el momento de la sublevación de una parte del Ejército español contra el Gobierno de la República, el 18 de julio de 1936, con lo que comenzó la Guerra Civil (1936-1939).
El acusador insistió en que "no es factible iniciar una investigación judicial o promover una causa en Argentina", pues solamente estaría habilitada ante el "cierre de todo camino que lleve a la justicia" y "estas dimensiones están ausentes en el caso denunciado".
La demanda presentada en Buenos Aires está encabezada por familiares de víctimas de la dictadura franquista y respaldada por organizaciones argentinas de Derechos Humanos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y asociaciones españolas de recuperación de la memoria histórica.
La querella solicitó que la Justicia recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.
Además, pidió listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".
LA QUERELLA SE AMPLÍA CON VÍCTIMAS GALLEGAS
La querella interpuesta ante la Cámara Federal argentina se ha ampliado este viernes con la presentación de 16 nuevos expedientes de víctimas gallegas del régimen.
La demanda, que se suma a la que presentaron en Buenos Aires familiares de víctimas el pasado 14 de abril, incluye a algunos de las cerca de 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia identificados en una investigación desarrollada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
En contra lo que había anunciado el abogado español Gustavo García, la querella no ha recogido los casos de dos de los últimos fusilados por el régimen franquista, los militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) Humberto Baena y Luis Sánchez-Bravo -ambos gallegos-, cuyas denuncias, previsiblemente, serán presentadas la próxima semana ante los tribunales argentinos.
La Fiscalía federal de Argentina rechazó que la Justicia de este país investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, al considerar "ilegal" el inicio de un proceso que en España llevan a cabo "numerosos tribunales", informaron fuentes judiciales.
En un dictamen entregado a la jueza María Servini de Cubría, difundido por la agencia oficial Télam, el fiscal Federico Delgado rechaza la denuncia presentada el pasado 14 de abril en la Cámara Federal de Buenos Aires para que se investiguen en Argentina los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista amparándose en el principio de "jurisdicción universal".
"Iniciar un proceso en Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo el representante del Ministerio Público.
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de lesa humanidad", reconoció Delgado.
"Sin embargo, esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas", argumentó el representante del ministerio público.
“NO ES FACTIBLE PROMOVER LA CAUSA EN ARGENTINA”
Delgado citó a Raúl Zaffaroni, uno de los miembros de la Corte Suprema argentina, al afirmar que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
Afirmó que los mismos denunciantes "reconocen dos cosas: que existen causas en trámite en España en las que se investigan los crímenes del franquismo, y que la Ley de Amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el Parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".
Delgado recordó que "existen numerosos tribunales (españoles) que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" y que la Ley de Amnistía aprobada en España "no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni, en particular, los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones-desapariciones forzosas".
La demanda incluye la denuncia de Paula Herrero Núñez, nieta de José Núñez Búa, diputado del Partido Galleguista y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra en el momento de la sublevación de una parte del Ejército español contra el Gobierno de la República, el 18 de julio de 1936, con lo que comenzó la Guerra Civil (1936-1939).
El acusador insistió en que "no es factible iniciar una investigación judicial o promover una causa en Argentina", pues solamente estaría habilitada ante el "cierre de todo camino que lleve a la justicia" y "estas dimensiones están ausentes en el caso denunciado".
La demanda presentada en Buenos Aires está encabezada por familiares de víctimas de la dictadura franquista y respaldada por organizaciones argentinas de Derechos Humanos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y asociaciones españolas de recuperación de la memoria histórica.
La querella solicitó que la Justicia recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.
Además, pidió listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".
LA QUERELLA SE AMPLÍA CON VÍCTIMAS GALLEGAS
La querella interpuesta ante la Cámara Federal argentina se ha ampliado este viernes con la presentación de 16 nuevos expedientes de víctimas gallegas del régimen.
La demanda, que se suma a la que presentaron en Buenos Aires familiares de víctimas el pasado 14 de abril, incluye a algunos de las cerca de 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia identificados en una investigación desarrollada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
En contra lo que había anunciado el abogado español Gustavo García, la querella no ha recogido los casos de dos de los últimos fusilados por el régimen franquista, los militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) Humberto Baena y Luis Sánchez-Bravo -ambos gallegos-, cuyas denuncias, previsiblemente, serán presentadas la próxima semana ante los tribunales argentinos.
