nuevatribuna.es
30 de marzo de 2009, 18:07
NUEVATRIBUNA.ES - 30.3.2009
"DONDE LAS DAN, LAS TOMAN", ha debido de pensar la secretaria general del PP. María Dolores de Cospedal, que además es la presidenta de su partido en Castilla La Mancha, ha convocado una rueda de prensa en su tierra para hablar de la intervención de CCM. El tono, en general, ha sido crítico, en coincidencia con el utilizado durante sus múltiples intervenciones radiofónicas por el portavoz de Economía "popular", Cristóbal Montoro, y en diametral oposición a todos los demás (políticos, entidades financieras, expertos económicos...) que han visto la medida como "necesaria" y por lo tanto "buena".
Pero Cospedal ha ido un pasito más allá y ha pedido una comisión de investigación en las Cortes castellano-manchegas para dilucidar las responsabilidades políticas que hayan podido dar lugar a la intervención. Lo cierto es que la entidad se encuentra ya en manos del Banco de España que ha nombrado unos gestores, en sustitución de los anteriores, para que reconduzcan la situación de la Caja a partir del análisis de los problemas que han conducido a ella. Aún es pronto para sacar conclusiones pero, por ahora, todos los sectores implicados han coincidido en señalar que si se ha llegado a esto es, en gran medida, por los rumores sobre falta de solvencia que han circulado desde que comenzaron las negociaciones para la fusión con Unicaja y que han tenido un destinatario preferente: los inversores que, asustados por el negro panorama que se les pintaba, han optado por retirar sus ahorros. De ahí, la falta de liquidez.
Lo que habría que preguntarse, y lo que quizá debería investigar esa comisión que reclama la señora Cospedal, es qué cuota de responsabilidad en ese proceso tienen los consejeros del PP que hace un mes dimitieron en bloque obedeciendo una orden de la sede central de su partido. Los dos consejeros "populares" que se negaron a dimitir, Germán Chamón y a Tomás Martín-Peñato, fueron expedientados. El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, ha lamentado precisamente el descrédito que tales actitudes provocaron en momentos de dificultad. Y, por cierto, entre los dimitidos se encontraban el presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la caja, Arturo García Tizón �también líder del PP de Toledo- e Ignacio López del Hierro, la pareja de la secretaria general del PP. Ella ha querido justificar este lunes la desbandada atribuyéndola a la “falta de transparencia” de la entidad.
AUNQUE PARA MISTERIOS DIGNOS DE SER INVESTIGADOS, el fin de semana nos ha dejado uno estupendo: ¿Por qué la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó manifestación de un grupo de ultraderecha? ¿Es que la Delegación es la única instancia en esta ciudad que no se ha enterado de que todas estas marchas terminan siempre de la misma manera, es decir, con porrazos, detenciones y, a veces, también muertos? Lo que dicen fuentes de la propia Delegación es que los convocantes cumplían los requisitos mínimos exigibles. ¡Pues sólo faltaría! ¿O es que alguien en su sano juicio cree que podrían presentar una solicitud admitiendo su intención de lanzar consignas xenófobas y provocadoras? Eso es exactamente lo que hicieron, aterrorizando a todos los ciudadanos de procedencia extranjera que circulaban por el barrio de Vallecas el sábado pasado. Es sólo una idea, pero quizá se les podría prohibir manifestarse alegando que son un peligro para la convivencia ciudadana. A ellos no se, pero a nosotros nos vale.
LA NOTA DE CONTRASTE LA PONEN DOS ANCIANOS, Ramiro Santisteban y Jesús Tello, que sobrevivieron al campo de concentración nazi de Mauthausen y que han declarado en la Audiencia Nacional para apoyar la petición de extradición de cuatro ex guardias de las SS. Pertenecen al grupo de más de siete mil españoles que pasaron por esa terrible experiencia con la connivencia del franquismo y del gobierno colaboracionista de Vichy. Pertenecen al exilio y se sienten abandonados. Creen que España no ha hecho nada por ellos. Y con razón, añadimos desde aquí. No hay más que ver los sarpullidos que sigue levantando hablar de memoria histórica en este país. Lo que han dicho se podría poner en boca de otras muchas víctimas de la dictadura y de sus familiares: "Hemos sido siempre los olvidados y lo seguimos siendo".
"DONDE LAS DAN, LAS TOMAN", ha debido de pensar la secretaria general del PP. María Dolores de Cospedal, que además es la presidenta de su partido en Castilla La Mancha, ha convocado una rueda de prensa en su tierra para hablar de la intervención de CCM. El tono, en general, ha sido crítico, en coincidencia con el utilizado durante sus múltiples intervenciones radiofónicas por el portavoz de Economía "popular", Cristóbal Montoro, y en diametral oposición a todos los demás (políticos, entidades financieras, expertos económicos...) que han visto la medida como "necesaria" y por lo tanto "buena".
Pero Cospedal ha ido un pasito más allá y ha pedido una comisión de investigación en las Cortes castellano-manchegas para dilucidar las responsabilidades políticas que hayan podido dar lugar a la intervención. Lo cierto es que la entidad se encuentra ya en manos del Banco de España que ha nombrado unos gestores, en sustitución de los anteriores, para que reconduzcan la situación de la Caja a partir del análisis de los problemas que han conducido a ella. Aún es pronto para sacar conclusiones pero, por ahora, todos los sectores implicados han coincidido en señalar que si se ha llegado a esto es, en gran medida, por los rumores sobre falta de solvencia que han circulado desde que comenzaron las negociaciones para la fusión con Unicaja y que han tenido un destinatario preferente: los inversores que, asustados por el negro panorama que se les pintaba, han optado por retirar sus ahorros. De ahí, la falta de liquidez.
Lo que habría que preguntarse, y lo que quizá debería investigar esa comisión que reclama la señora Cospedal, es qué cuota de responsabilidad en ese proceso tienen los consejeros del PP que hace un mes dimitieron en bloque obedeciendo una orden de la sede central de su partido. Los dos consejeros "populares" que se negaron a dimitir, Germán Chamón y a Tomás Martín-Peñato, fueron expedientados. El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, ha lamentado precisamente el descrédito que tales actitudes provocaron en momentos de dificultad. Y, por cierto, entre los dimitidos se encontraban el presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la caja, Arturo García Tizón �también líder del PP de Toledo- e Ignacio López del Hierro, la pareja de la secretaria general del PP. Ella ha querido justificar este lunes la desbandada atribuyéndola a la “falta de transparencia” de la entidad.
AUNQUE PARA MISTERIOS DIGNOS DE SER INVESTIGADOS, el fin de semana nos ha dejado uno estupendo: ¿Por qué la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó manifestación de un grupo de ultraderecha? ¿Es que la Delegación es la única instancia en esta ciudad que no se ha enterado de que todas estas marchas terminan siempre de la misma manera, es decir, con porrazos, detenciones y, a veces, también muertos? Lo que dicen fuentes de la propia Delegación es que los convocantes cumplían los requisitos mínimos exigibles. ¡Pues sólo faltaría! ¿O es que alguien en su sano juicio cree que podrían presentar una solicitud admitiendo su intención de lanzar consignas xenófobas y provocadoras? Eso es exactamente lo que hicieron, aterrorizando a todos los ciudadanos de procedencia extranjera que circulaban por el barrio de Vallecas el sábado pasado. Es sólo una idea, pero quizá se les podría prohibir manifestarse alegando que son un peligro para la convivencia ciudadana. A ellos no se, pero a nosotros nos vale.
LA NOTA DE CONTRASTE LA PONEN DOS ANCIANOS, Ramiro Santisteban y Jesús Tello, que sobrevivieron al campo de concentración nazi de Mauthausen y que han declarado en la Audiencia Nacional para apoyar la petición de extradición de cuatro ex guardias de las SS. Pertenecen al grupo de más de siete mil españoles que pasaron por esa terrible experiencia con la connivencia del franquismo y del gobierno colaboracionista de Vichy. Pertenecen al exilio y se sienten abandonados. Creen que España no ha hecho nada por ellos. Y con razón, añadimos desde aquí. No hay más que ver los sarpullidos que sigue levantando hablar de memoria histórica en este país. Lo que han dicho se podría poner en boca de otras muchas víctimas de la dictadura y de sus familiares: "Hemos sido siempre los olvidados y lo seguimos siendo".
