nuevatribuna.es
11 de julio de 2010, 13:15
NUEVATRIBUNA.ES - 9.7.2010
...supuestamente sin cobertura judicial, y un parapeto para contener el descontento de quienes opinan que habría que tomar medidas de calado.
La última en apuntarse públicamente a la estrategia ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha asegurado que su partido se siente "especialmente vigilado y acosado" por parte de lo mandos políticos del Ministerio del Interior, tras la detención y posterior puesta en libertad el miércoles del presidente de la Diputación de Alicante y que ha criticado el montaje de una operación "tipo los 'Hombres de Harrelson'" para obtener una declaración e intervenir "tres expedientes".
En declaraciones a 'La 10', Cospedal ha subrayado que son los "mandos políticos", entre los que ha destacado al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al propio ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, y no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE), los responsables de la operación. "Estas cosas no se hacen", ha dicho Cospedal, quien ha recordado que ella también fue subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, "porque esto es vivir en un Estado donde es el Ministerio, o el Ministerio de la Policía, en el mejor o en el peor de los sentidos, el que dirige las actuaciones judiciales o decide quién está a salvo; quién es impune y quién no lo es, o quién puede sufrir durante tres años una intervención telefónica a ver si así se encuentra algo".
Además, Cospedal ha señalado que no le cabe "la menor duda" de que este tipo de actuaciones "se volverán repetir", ya que en el PP se extiende la impresión de que "la instrumentalización que se está produciendo en España de las instituciones del Estado", concretamente del Ministerio y de la Fiscalía General del Estado, "se va a ver repetida lamentablemente en muchas ocasiones" durante los procesos preelectorales y de campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas. A su juicio, la actitud de la Fiscalía General del Estado "deja mucho que desear" en relación a la imparcialidad, puesto que el propio Ripoll "no sabe los delitos que se le imputan". De esta forma, ha recordado y reivindicado que el procedimiento, que tienen que cumplir el Ministerio del Interior y la Policía, "tiene que ser legalmente establecido" porque, de lo contrario, los ciudadanos "están viviendo en un Estado policial" y "quien dirige los procedimientos, en vez del juez, es la policía" o el que da "las instrucciones políticas".
"El otro día el Ministerio saco la nota diciendo que se habían detenido a unas personas y después se supo por el propio juzgado que no se había acordado ni ordenado la detención", ha apuntado la dirigente 'popular', al tiempo que ha incidido en que para obtener una declaración, el registro, y llevarse un expediente de un sitio y dos de otro, "no hacía falta llevarse a 80 policías nacionales de Madrid ni acordonar todas las calles, ni esta operación tipo los 'Hombres de Harrelson' que montó el Ministerio del Interior en Alicante. Por supuesto, previo aviso a las cámaras de televisión", ha concluido.
GÉNOVA SIGUE DANDO LA ESPALDA A LOS PROBLEMAS
Cospedal no ha hecho mención en sus declaraciones a los cinco delitos que se le imputan al presidente de la Diputación de Alicante tras su declaración del jueves ante el juez: cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a autoridades. Y el caso es que al margen de la polémica sobre las formas en las que se llevaron a cabo los registros y las detenciones, la sucesión de escándalos que sacude a la dirección del PP valenciano ha provocado que cunda la preocupación en esa Comunidad y que aumente la presión para que Mariano Rajoy dé un golpe de timón. Sin embargo, no parece que eso vaya a suceder, al menos por el momento.
Fuentes oficiales de Génova han rechazado de forma expresa la posibilidad de que se convoque un congreso regional extraordinario para proceder a una profunda renovación de los mandos. Es más, tampoco parece que se vayan a tomar, por el momento, medidas disciplinarias contra José Joaquín Ripoll. Queda descartado que se le aplique el tan cacareado código ético del PP. Entre las razones para la inacción, sobresale una sobre todas las demás: si la dirección nacional actuara contra el dirigente alicantino quedaría en evidencia un trato de privilegio hacia el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y hacia el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ambos imputados también por graves delitos de corrupción.
En cuanto a la otra opción que se barajaba, que el propio Ripoll partidario de "separar las manzanas podridas" según él mismo recomendó en relación a la trama Gürtel, decidiera tirar la toalla, tampoco parece que vaya a prosperar. En su comparecencia de la noche del jueves ante los medios, de apenas seis minutos y sin preguntas de la prensa, el presidente de la Diputación de Alicante no hizo ni la más mínima alusión a su dimisión como responsable de la institución provincial. A tenor de su declaración, su actitud es también la del 'enrocamiento': no conoce los hechos que sustentan su imputación, sostiene que su comparecencia ante el juez fue "voluntaria" al no haberse producido citación judicial sino una notificación de la Policía y anuncia voluntad de continuar y de plantear una dura batalla judicial en todos los frentes para garantizar su defensa. Este viernes, Ripoll retomará su agenda política durante un acto en la Diputación Provincial.
...supuestamente sin cobertura judicial, y un parapeto para contener el descontento de quienes opinan que habría que tomar medidas de calado.
La última en apuntarse públicamente a la estrategia ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha asegurado que su partido se siente "especialmente vigilado y acosado" por parte de lo mandos políticos del Ministerio del Interior, tras la detención y posterior puesta en libertad el miércoles del presidente de la Diputación de Alicante y que ha criticado el montaje de una operación "tipo los 'Hombres de Harrelson'" para obtener una declaración e intervenir "tres expedientes".
En declaraciones a 'La 10', Cospedal ha subrayado que son los "mandos políticos", entre los que ha destacado al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al propio ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, y no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE), los responsables de la operación. "Estas cosas no se hacen", ha dicho Cospedal, quien ha recordado que ella también fue subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, "porque esto es vivir en un Estado donde es el Ministerio, o el Ministerio de la Policía, en el mejor o en el peor de los sentidos, el que dirige las actuaciones judiciales o decide quién está a salvo; quién es impune y quién no lo es, o quién puede sufrir durante tres años una intervención telefónica a ver si así se encuentra algo".
Además, Cospedal ha señalado que no le cabe "la menor duda" de que este tipo de actuaciones "se volverán repetir", ya que en el PP se extiende la impresión de que "la instrumentalización que se está produciendo en España de las instituciones del Estado", concretamente del Ministerio y de la Fiscalía General del Estado, "se va a ver repetida lamentablemente en muchas ocasiones" durante los procesos preelectorales y de campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas. A su juicio, la actitud de la Fiscalía General del Estado "deja mucho que desear" en relación a la imparcialidad, puesto que el propio Ripoll "no sabe los delitos que se le imputan". De esta forma, ha recordado y reivindicado que el procedimiento, que tienen que cumplir el Ministerio del Interior y la Policía, "tiene que ser legalmente establecido" porque, de lo contrario, los ciudadanos "están viviendo en un Estado policial" y "quien dirige los procedimientos, en vez del juez, es la policía" o el que da "las instrucciones políticas".
"El otro día el Ministerio saco la nota diciendo que se habían detenido a unas personas y después se supo por el propio juzgado que no se había acordado ni ordenado la detención", ha apuntado la dirigente 'popular', al tiempo que ha incidido en que para obtener una declaración, el registro, y llevarse un expediente de un sitio y dos de otro, "no hacía falta llevarse a 80 policías nacionales de Madrid ni acordonar todas las calles, ni esta operación tipo los 'Hombres de Harrelson' que montó el Ministerio del Interior en Alicante. Por supuesto, previo aviso a las cámaras de televisión", ha concluido.
GÉNOVA SIGUE DANDO LA ESPALDA A LOS PROBLEMAS
Cospedal no ha hecho mención en sus declaraciones a los cinco delitos que se le imputan al presidente de la Diputación de Alicante tras su declaración del jueves ante el juez: cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a autoridades. Y el caso es que al margen de la polémica sobre las formas en las que se llevaron a cabo los registros y las detenciones, la sucesión de escándalos que sacude a la dirección del PP valenciano ha provocado que cunda la preocupación en esa Comunidad y que aumente la presión para que Mariano Rajoy dé un golpe de timón. Sin embargo, no parece que eso vaya a suceder, al menos por el momento.
Fuentes oficiales de Génova han rechazado de forma expresa la posibilidad de que se convoque un congreso regional extraordinario para proceder a una profunda renovación de los mandos. Es más, tampoco parece que se vayan a tomar, por el momento, medidas disciplinarias contra José Joaquín Ripoll. Queda descartado que se le aplique el tan cacareado código ético del PP. Entre las razones para la inacción, sobresale una sobre todas las demás: si la dirección nacional actuara contra el dirigente alicantino quedaría en evidencia un trato de privilegio hacia el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y hacia el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ambos imputados también por graves delitos de corrupción.
En cuanto a la otra opción que se barajaba, que el propio Ripoll partidario de "separar las manzanas podridas" según él mismo recomendó en relación a la trama Gürtel, decidiera tirar la toalla, tampoco parece que vaya a prosperar. En su comparecencia de la noche del jueves ante los medios, de apenas seis minutos y sin preguntas de la prensa, el presidente de la Diputación de Alicante no hizo ni la más mínima alusión a su dimisión como responsable de la institución provincial. A tenor de su declaración, su actitud es también la del 'enrocamiento': no conoce los hechos que sustentan su imputación, sostiene que su comparecencia ante el juez fue "voluntaria" al no haberse producido citación judicial sino una notificación de la Policía y anuncia voluntad de continuar y de plantear una dura batalla judicial en todos los frentes para garantizar su defensa. Este viernes, Ripoll retomará su agenda política durante un acto en la Diputación Provincial.
