nuevatribuna.es
6 de junio de 2010, 8:11
NUEVATRIBUNA.ES - 3.6.2010
El interesado ya se ha acogido a la información para proclamar que hay pruebas que demuestran su "absoluta inocencia". Es más, antes de que se sepa si esas pruebas realmente existen y en qué consisten exactamente, Francisco Camps ya ha dicho que "alguien tendrá que explicar por qué se ocultaron unas pruebas exculpatorias tan evidentes, que además se tomaron al principio del proceso, y que hubieran ahorrado este año y medio a todos".
Los hechos son, a día de hoy, que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la ampliación de la querella del abogado de uno de los imputados contra el juez Baltasar Garzón y dos fiscales para saber si el magistrado se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel en 2008 saltándose las normas de reparto de la Audiencia Nacional. La decisión de Alberto Jorge Barreiro es consecuencia de la querella interpuesta por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, contra Garzón por las escuchas ilegales realizadas entre uno de los principales cabecillas de la trama, Pablo Crespo, con sus abogados, entre los que se encontraba el propio Peláez. Dicho letrado denunció a la Fiscalía por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y acusó a las fiscales, Concepción Sabadell y Myriam Segura, por haber forzado a dirigir ilegalmente el caso a manos de Garzón eludiendo el reparto por sorteo de los sumarios.
Este jueves, La Razón, que cita "fuentes del entorno del líder valenciano", asegura que el magistrado del Supremo "plantea la duda no sólo sobre el derecho a este reparto sino que investiga si el juez, la Fiscalía y las dos fiscales citadas ocultaron deliberadamente las manifestaciones de Pablo Crespo con sus abogados en las que exoneraba a Francisco Camps de que le hubieran pagado los trajes y, por tanto, podían haberle evitado una acusación de cohecho impropio decidida por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencina, José Flors".
Por otra parte -añade el diario- "el magistrado Barreiro también se interesa por la instrucción del juez Antonio Pedreira, encargado del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. De ahí que solicite toda la información sobre la realización de las escuchas, declaradas ilegales en su día por el Supremo, y traslado del contenido de las mismas así como de todas las actuaciones practicadas durante el periodo que el sumario estuvo bajo la responsabilidad del juez Garzón, incluidas "las prórrogas de las intervenciones" de los pinchazos".
De todo lo anterior, concluye que "si la investigación de Barreiro llegara a anular las actuaciones de Baltasar Garzón, no sólo saldría beneficiado el presidente Camps, sino que quedaría anulada la instrucción de gran parte de la 'trama Gürtel'". No contento con eso, otorga cara de naturaleza a la última manifestación de Camps en Les Corts, cuando dijo que estaba siendo objeto "de un envite de todo el aparato del Estado", lo que según La Razón quedaría demostrado con la inadmisión de estas pruebas y de la conversación en la que claramente se exculpa al presidente Camps de haber recibido trajes regalados.
Este miércoles, en un nuevo intento por salvar a Camps del vía crucis judicial que apenas acaba de iniciar, el PP presentó un recurso contra "ese escrito del ministerio fiscal que ha hecho suyo de manera confusa el juez Antonio Pedreira", instructor de la rama madrileña de Gürtel y de la valenciana hasta su reciente inhibición. Pedreira, atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, se inhibió tras apreciar indicios de delito en la actuación de dirigentes del PP valenciano aforados al ser diputados en las Corts Valencianes que concretó en: delitos de financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama liderada por Francisco Correa.
El interesado ya se ha acogido a la información para proclamar que hay pruebas que demuestran su "absoluta inocencia". Es más, antes de que se sepa si esas pruebas realmente existen y en qué consisten exactamente, Francisco Camps ya ha dicho que "alguien tendrá que explicar por qué se ocultaron unas pruebas exculpatorias tan evidentes, que además se tomaron al principio del proceso, y que hubieran ahorrado este año y medio a todos".
Los hechos son, a día de hoy, que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la ampliación de la querella del abogado de uno de los imputados contra el juez Baltasar Garzón y dos fiscales para saber si el magistrado se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel en 2008 saltándose las normas de reparto de la Audiencia Nacional. La decisión de Alberto Jorge Barreiro es consecuencia de la querella interpuesta por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, contra Garzón por las escuchas ilegales realizadas entre uno de los principales cabecillas de la trama, Pablo Crespo, con sus abogados, entre los que se encontraba el propio Peláez. Dicho letrado denunció a la Fiscalía por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y acusó a las fiscales, Concepción Sabadell y Myriam Segura, por haber forzado a dirigir ilegalmente el caso a manos de Garzón eludiendo el reparto por sorteo de los sumarios.
Este jueves, La Razón, que cita "fuentes del entorno del líder valenciano", asegura que el magistrado del Supremo "plantea la duda no sólo sobre el derecho a este reparto sino que investiga si el juez, la Fiscalía y las dos fiscales citadas ocultaron deliberadamente las manifestaciones de Pablo Crespo con sus abogados en las que exoneraba a Francisco Camps de que le hubieran pagado los trajes y, por tanto, podían haberle evitado una acusación de cohecho impropio decidida por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencina, José Flors".
Por otra parte -añade el diario- "el magistrado Barreiro también se interesa por la instrucción del juez Antonio Pedreira, encargado del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. De ahí que solicite toda la información sobre la realización de las escuchas, declaradas ilegales en su día por el Supremo, y traslado del contenido de las mismas así como de todas las actuaciones practicadas durante el periodo que el sumario estuvo bajo la responsabilidad del juez Garzón, incluidas "las prórrogas de las intervenciones" de los pinchazos".
De todo lo anterior, concluye que "si la investigación de Barreiro llegara a anular las actuaciones de Baltasar Garzón, no sólo saldría beneficiado el presidente Camps, sino que quedaría anulada la instrucción de gran parte de la 'trama Gürtel'". No contento con eso, otorga cara de naturaleza a la última manifestación de Camps en Les Corts, cuando dijo que estaba siendo objeto "de un envite de todo el aparato del Estado", lo que según La Razón quedaría demostrado con la inadmisión de estas pruebas y de la conversación en la que claramente se exculpa al presidente Camps de haber recibido trajes regalados.
Este miércoles, en un nuevo intento por salvar a Camps del vía crucis judicial que apenas acaba de iniciar, el PP presentó un recurso contra "ese escrito del ministerio fiscal que ha hecho suyo de manera confusa el juez Antonio Pedreira", instructor de la rama madrileña de Gürtel y de la valenciana hasta su reciente inhibición. Pedreira, atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, se inhibió tras apreciar indicios de delito en la actuación de dirigentes del PP valenciano aforados al ser diputados en las Corts Valencianes que concretó en: delitos de financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama liderada por Francisco Correa.
