viernes. 26.04.2024
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 13.07.2010

La sentencia del Estatut de Catalunya llegará este miércoles al Parlamento con el debate de política general, el quinto que afronta José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y uno de los más difíciles para el PSOE por la crisis económica y los ajustes llevados a cabo.

El jefe del ejecutivo intentará recomponer el marco estatutario catalán sin salirse de los márgenes del modelo autonómico en respuesta a las reivindicaciones soberanistas e independentistas que algunas fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Catalunya están intentando capitalizar. Para ello, necesitará hilar muy fino en sus mensajes dirigidos en parte a los 25 diputados del PSC y al president José Montilla con quien se reunirá la próxima semana. La resaca de la manifestación del sábado en Barcelona en defensa del Estatut ha abierto un intenso debate interno en las filas socialistas del que se espera dé un respuesta Zapatero durante su intervención en la Cámara baja con el compromiso de reforzar el desarrollo del Estatut.

En líneas generales, el presidente pondrá el énfasis en que el ansia de autogobierno de Cataluña cabe en la Constitución. Así lo expresó ya en un artículo publicado poco después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional donde también abrió la puerta a recuperar algunos aspectos del texto original a través de la vía parlamentaria. De la misma opinión es la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al destacar que hay “margen” para lograr ese entendimiento entre España y Cataluña canalizando el “sentimiento identitario” manifestado en la marcha del pasado sábado. La número dos del Ejecutivo criticó la “tensión y desafección completamente irrazonable” generadas en los últimos cuatro años a raíz del recurso de inconstitucionalidad del PP e instó a los responsables de las distintas fuerzas políticas a “atender, entender y expresar en términos políticos” el contenido que la sentencia avala.

Sin embargo, esta declaración de buenas intenciones no oculta el malestar del PSC y sus discrepancias con Madrid. Para el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, el TC “no ha hecho más que certificar lo que se aprobó en el Congreso” al tiempo que confía en que la “ecuanimidad en la comprensión racional y sentimental pueda hacer convivir sin problemas a PSOE y PSC”. A su juicio, “no hay desencuentros con el PSC, ya que desde el Gobierno central nos estamos acercando racionalmente al Estatuto. Por ello, el PSOE no contempla que sus diputados catalanes, entre los que se encuentra la ministra de Defensa, Carme Chacón, vayan a votar por separado en el debate, según manifestó la secretaria de organización socialista, Leire Pajín. Lo que parece descartado es que el diputado Daniel Fernández, del PSC, tome la palabra para expresar el sentir de los partidos que apoyaron la protesta contra el fallo del Constitucional tal y como ha pedido la consellera de Justicia, Montserrat Tura. “El PSC no tiene grupo propio”, subrayaban fuentes socialistas en el Congreso de los Diputados para desmentir tal posibilidad.

Al menos se sabe que el PSC en Madrid está manteniendo conversaciones con CiU, ICV y ERC para adoptar una propuesta de mínimos que la dirección socialista ve difícil de concretar y que en su defecto podría traducirse en una resolución propia para evitar la crisis interna. Los partidos catalanes están a la espera de lo que se decida en Cataluña donde este viernes se celebra un pleno sobre el Estatut en el Parlament. “El debate ahora está en Cataluña y lo que se decida allí condicionará la postura que se tome aquí”, resaltan fuentes de ERC. Nadie oculta las dificultades para llegar a un acuerdo: “Se comparte el análisis pero no las recetas”, aseguran estas mismas fuentes. El optimismo tampoco reina en el PSC donde el viceprimer secretario, Miquel Iceta, reconoció que es “muy difícil” que “el acuerdo de fondo” se produzca antes de las elecciones catalanas”.

Por su parte, CiU, mantiene su presión al PSC para que se desmarque de las tesis que los socialistas defienden en Madrid. El portavoz convergente en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, retó a los diputados del PSC a votar una resolución conjunta que reproduzca fragmentos del discurso de Montilla nada más conocerse la sentencia. En este sentido, se defendió de la advertencia del president sobre que no aceptará “trampas” de la federación nacionalista. “¿Qué trampa es esta? La trampa es decir una cosa aquí y otra en Madrid”, afirmó. CiU cree que la pelota ahora está en el tejado de los socialistas. Su presidente Artur Mas, se comprometió a poner “las cosas fáciles” a Montilla si este presenta una resolución en la que, por una parte, se rechace la sentencia del Constitucional, y por otra, haga suyo el lema de la manifestación: Nosotros decidimos. Somos una nación. “Nos han matado el Estatut, y ahora lo importante es saber si la vía estatutaria es una vía de futuro o no, y creo que los poderes de Madrid nos dicen que no porque el Estatut de 2006 fue un intento de seguir desarrollándonos como país dentro de la vía constitucional y no nos lo han permitido”.

ZAPATERO DEFENDERÁ LA GESTIÓN QUE HA HECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Pero el Estatut no será el único motivo de enfrentamiento entre Gobierno y oposición en el debate sobre política general. Zapatero tomará la palabra en un marco de soledad parlamentaria que el PP no está dispuesto a desaprovechar. En Génova, Mariano Rajoy ultima los detalles de su discurso con el que se presentará como alternativa de Gobierno. A los populares les interesa bien poco ahondar en la bronca del Estatuto Catalán que ellos mismos instigaron pero sí en la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis económica.

La portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría exigió a Zapatero que aproveche el debate para hacer un ejercicio de “sinceridad” política y “aclare” si va a pedir más “sacrificios” a los españoles en forma de nuevos recortes sociales. Por lo pronto, a Alonso no le consta que vaya a ser así. El máximo responsable del Grupo Socialista aseguró que el PSOE afrontará el debate sobre el estado de la nación con “determinación” y “tranquilidad” de poder presentar un balance de gestión que, a su juicio, ha sido “razonablemente bueno”, y al tiempo, plantear las reformas que el Gobierno considera necesarias como la del mercado laboral -en trámite parlamentario-, la de pensiones y la del sistema financiero con la reforma de la Ley de Cajas, aprobada por decreto el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

Alonso criticó muy duramente al PP del que dijo “sigue instalado entre la abstención y el no” y lo retrató como un partido “incapaz no sólo de la gestión política de España, sino también de su propia labor de oposición”. El cruce de acusaciones siguió a las horas previas al debate en el que Rajoy podría pedir un adelanto de las elecciones generales. Los populares se agarran a la soledad parlamentaria del presidente del Gobierno que por primera vez en lo que lleva de mandato protagonizará un debate sobre la nación sin ningún aliado, ni siquiera de los grupos minoritarios de la izquierda que le reprocharán su giro a la derecha en política económica. Así se desprende de las declaraciones de los portavoces de IU e ICV. Gaspar Llamazares denunció el “cambiazo” en materia económica “de una política anunciada como política social que ha terminado siendo la política de los mercados y la renuncia del Gobierno a mantener el timón de los cambios”. Para Joan Herrera, del compromiso inicial del Gobierno de no hacer recortes sociales se ha pasado a “meter la tijera” pidiendo esfuerzos “a los más débiles”.

La bronca del Estatut se cuela en el debate del Estado de la Nación