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26 de marzo de 2009, 19:50
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 26.3.2009
Las familias de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida el 26 de mayo de 2003 a 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán, han denunciado ante el tribunal que juzga las identificaciones erróneas el "machaque psicológico" y las "amenazas" que tuvieron que sufrir por parte de los responsables del Ministerio de Defensa cuando dudaron de que los cuerpos que les habían entregado fueran los de sus allegados.
Carlos Ripollés, hermano de uno de los militares fallecidos ha asegurado que "se dieron órdenes para enterrarlos de noche como si fueran perros o terroristas". "Fue terrible, terrible, terrible, terrible", ha lamentado Ripollés ante el tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado martes juzga a tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente a 30 de los 62 militares muertos en el siniestro, para quienes el fiscal pide penas entre cuatro años y medio y cinco años de cárcel.
Este testigo se ha quejado también de que cuando les entregaron los restos de sus familiares no les dieron ningún tipo de documentación, ni de certificado de defunción, "sólo una caja con una chapa y nada más".
Ripollés ha recordado que tras la celebración del funeral de estado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) condujeron los féretros a un tanatorio de la capital, pese a que las familias habían solicitado que los fallecidos pasaran su última noche en un recinto militar. "Lo rogué, lo supliqué a coroneles, a generales, incluso llamé a (Alberto Ruiz) Gallardón. No me hicieron ni puñetero caso ninguno", ha aseverado el testigo, que ha añadido: "Fue una vergüenza absoluta y un desprecio para ellos y para las familias".
Ha explicado que fueron los propios compañeros de su hermano los que le llamaron para decirle que "se dieron órdenes para enterrarlos de noche, como si fueran perros o terroristas", y ha precisado que los cementerios donde los iban a inhumar permanecieron abiertos la noche del 28 al 29 de mayo.
Además, ha puesto de manifiesto que "la gran tragedia" comenzó en febrero de 2005, cuando tuvieron conocimiento del acta de entrega que hicieron los forenses turcos, en la que constaba que entregaban 32 cuerpos identificados y treinta sin identificar.
Los familiares han comparecido como testigos este jueves después de las declaraciones contradictorias del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán, y el jefe de Gabinete de Trillo. El primero ha asegurado que el jefe del Ejército de Tierra cuando se produjo el accidente, el general Luis Alejandre, le contó que propuso a Defensa entregar sólo los cuerpos de los identificados. El cargo del ex ministro Trillo, Bretón Romero, niega que Alejandre hiciera esa sugerencia.
NO SE SABE POR QUÉ HABÍA TANTA PRISA
La primera en comparecer ha sido Teresa Jiménez Cabello, la esposa del brigada Juan Carlos Jiménez Sánchez, que ha explicado como comenzó "a tener dudas sobre que las identificaciones fueran correctas" desde el principio porque lo "lógico" es que los cuerpos no se encontraran en buen estado al tratarse de un accidente de avión. "Con los detalles de las autopsias, comenzó a tener cada vez más dudas", ha explicado que "no sabe por qué había tanta prisa. Los familiares nunca pidieron que fuera rápido".
Teresa Jiménez Cabello ha relatado que las familias "eran conscientes de que no podían identificar 75 cuerpos (62 de los militares y 13 de la tripulación ucraniana) "en un día o dos noches". La mujer del militar fallecido Juan Carlos Jiménez Sánchez ha calificado de "maltrato psicológico y machaque" que han sufrido las "familias y los propios muertos".
En su caso, hasta el 1 de septiembre de 2004, tras las pruebas de ADN, no le comunicaron que se había producido un error en la identificación de su marido, aunque ella lo pensó durante más de un año. Jiménez Cabello ha relatado con la voz entrecortada como el cuerpo de su marido había sido incinerado por la familia que lo había recibido un año antes. Ha contado que ni ella ni la familia de su esposo querían incinerarlo. Lo peor, ha añadido, es que parte de las cenizas se habían exparcido: "Yo no quería que fuera incinerado, eso también fue un golpe para nosotros", ha relatado.
AMENAZAS Y MENTIRAS
También entre lágrimas, Amparo Gil, madre del sargento Francisco Cardona, ha denunciado que el coronel de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) les dirigió "amenazas" para que no dijeran "nada de lo que se pudieran arrepentir algún día", y les impidió ver el cuerpo de su hijo alegando que estaba "prohibido abrir los féretros".
Además, ha relatado que en noviembre de 2003 el general de Sanidad Vicente Navarro les confirmó en el despacho del secretario general de Política de Defensa Jaime Jiménez Ugarte que había visto el cuerpo de su hijo y les aseguró, a la pregunta de "si tenía cicatrices", que el cuerpo estaba "limpio". "Nuestro hijo tenía cicatrices, así que le dijimos: "Vámonos de aquí porque nos están mintiendo"", ha contado.
Gil también ha confesado al tribunal que su "corazón sabía" que los restos que les habían entregado no eran los de su hijo y ha añadido que esas sospechas se confirmaron cuando su marido volvió de Turquía con varias chapas, insignias identificativas, esferas de reloj y otros objetos personales de los fallecidos que no habían sido entregados a las familias.
Durante la sesión matutina del juicio también comparecieron Carlos Perla, Alfonso Agulló y José Antonio Alarcón, hermanos de un comandante, un cabo primero y un sargento primero, respectivamente, que fallecieron en la tragedia, que se produjo cuando el contingente volvía de una misión humanitaria en Afganistán.
Los tres describieron los detalles que les llevaron a descubrir que sus familiares habían sido mal identificados y las largas gestiones que tuvieron que realizar para confirmar sus sospechas sobre esta cuestión, que asumieron como un compromiso con los fallecidos. "No seríamos dignos del cariño de nuestros familiares si no les defendiésemos ahora que no están aquí", ha asegurado Agulló.
Las familias de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida el 26 de mayo de 2003 a 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán, han denunciado ante el tribunal que juzga las identificaciones erróneas el "machaque psicológico" y las "amenazas" que tuvieron que sufrir por parte de los responsables del Ministerio de Defensa cuando dudaron de que los cuerpos que les habían entregado fueran los de sus allegados.
Carlos Ripollés, hermano de uno de los militares fallecidos ha asegurado que "se dieron órdenes para enterrarlos de noche como si fueran perros o terroristas". "Fue terrible, terrible, terrible, terrible", ha lamentado Ripollés ante el tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado martes juzga a tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente a 30 de los 62 militares muertos en el siniestro, para quienes el fiscal pide penas entre cuatro años y medio y cinco años de cárcel.
Este testigo se ha quejado también de que cuando les entregaron los restos de sus familiares no les dieron ningún tipo de documentación, ni de certificado de defunción, "sólo una caja con una chapa y nada más".
Ripollés ha recordado que tras la celebración del funeral de estado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) condujeron los féretros a un tanatorio de la capital, pese a que las familias habían solicitado que los fallecidos pasaran su última noche en un recinto militar. "Lo rogué, lo supliqué a coroneles, a generales, incluso llamé a (Alberto Ruiz) Gallardón. No me hicieron ni puñetero caso ninguno", ha aseverado el testigo, que ha añadido: "Fue una vergüenza absoluta y un desprecio para ellos y para las familias".
Ha explicado que fueron los propios compañeros de su hermano los que le llamaron para decirle que "se dieron órdenes para enterrarlos de noche, como si fueran perros o terroristas", y ha precisado que los cementerios donde los iban a inhumar permanecieron abiertos la noche del 28 al 29 de mayo.
Además, ha puesto de manifiesto que "la gran tragedia" comenzó en febrero de 2005, cuando tuvieron conocimiento del acta de entrega que hicieron los forenses turcos, en la que constaba que entregaban 32 cuerpos identificados y treinta sin identificar.
Los familiares han comparecido como testigos este jueves después de las declaraciones contradictorias del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán, y el jefe de Gabinete de Trillo. El primero ha asegurado que el jefe del Ejército de Tierra cuando se produjo el accidente, el general Luis Alejandre, le contó que propuso a Defensa entregar sólo los cuerpos de los identificados. El cargo del ex ministro Trillo, Bretón Romero, niega que Alejandre hiciera esa sugerencia.
NO SE SABE POR QUÉ HABÍA TANTA PRISA
La primera en comparecer ha sido Teresa Jiménez Cabello, la esposa del brigada Juan Carlos Jiménez Sánchez, que ha explicado como comenzó "a tener dudas sobre que las identificaciones fueran correctas" desde el principio porque lo "lógico" es que los cuerpos no se encontraran en buen estado al tratarse de un accidente de avión. "Con los detalles de las autopsias, comenzó a tener cada vez más dudas", ha explicado que "no sabe por qué había tanta prisa. Los familiares nunca pidieron que fuera rápido".
Teresa Jiménez Cabello ha relatado que las familias "eran conscientes de que no podían identificar 75 cuerpos (62 de los militares y 13 de la tripulación ucraniana) "en un día o dos noches". La mujer del militar fallecido Juan Carlos Jiménez Sánchez ha calificado de "maltrato psicológico y machaque" que han sufrido las "familias y los propios muertos".
En su caso, hasta el 1 de septiembre de 2004, tras las pruebas de ADN, no le comunicaron que se había producido un error en la identificación de su marido, aunque ella lo pensó durante más de un año. Jiménez Cabello ha relatado con la voz entrecortada como el cuerpo de su marido había sido incinerado por la familia que lo había recibido un año antes. Ha contado que ni ella ni la familia de su esposo querían incinerarlo. Lo peor, ha añadido, es que parte de las cenizas se habían exparcido: "Yo no quería que fuera incinerado, eso también fue un golpe para nosotros", ha relatado.
AMENAZAS Y MENTIRAS
También entre lágrimas, Amparo Gil, madre del sargento Francisco Cardona, ha denunciado que el coronel de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) les dirigió "amenazas" para que no dijeran "nada de lo que se pudieran arrepentir algún día", y les impidió ver el cuerpo de su hijo alegando que estaba "prohibido abrir los féretros".
Además, ha relatado que en noviembre de 2003 el general de Sanidad Vicente Navarro les confirmó en el despacho del secretario general de Política de Defensa Jaime Jiménez Ugarte que había visto el cuerpo de su hijo y les aseguró, a la pregunta de "si tenía cicatrices", que el cuerpo estaba "limpio". "Nuestro hijo tenía cicatrices, así que le dijimos: "Vámonos de aquí porque nos están mintiendo"", ha contado.
Gil también ha confesado al tribunal que su "corazón sabía" que los restos que les habían entregado no eran los de su hijo y ha añadido que esas sospechas se confirmaron cuando su marido volvió de Turquía con varias chapas, insignias identificativas, esferas de reloj y otros objetos personales de los fallecidos que no habían sido entregados a las familias.
Durante la sesión matutina del juicio también comparecieron Carlos Perla, Alfonso Agulló y José Antonio Alarcón, hermanos de un comandante, un cabo primero y un sargento primero, respectivamente, que fallecieron en la tragedia, que se produjo cuando el contingente volvía de una misión humanitaria en Afganistán.
Los tres describieron los detalles que les llevaron a descubrir que sus familiares habían sido mal identificados y las largas gestiones que tuvieron que realizar para confirmar sus sospechas sobre esta cuestión, que asumieron como un compromiso con los fallecidos. "No seríamos dignos del cariño de nuestros familiares si no les defendiésemos ahora que no están aquí", ha asegurado Agulló.
