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12 de abril de 2009, 16:59
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 11.04.2009
La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, propondrá a las CCAA un compromiso para "acelerar aún más" la aplicación de la Ley de Dependencia, particularmente la concesión de las ayudas, y favorecer así de forma eficaz a las personas que más lo necesitan.
La ministra, que ha recorrido el centro del IMSERSO de atención integral de discapacitados físicos de Leganés, ha anunciado que para ello convocará en breve el Consejo Interterritorial de Dependencia con la intención, también, de aprobar los niveles acordados de inversión para cada comunidad.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
Acompañada en todo momento por la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, con la que ha llegado al centro, y por la consejera de Familia y Asuntos Sociales de Madrid, Engracia Hidalgo, la ministra ha indicado que, además, propondrá la elaboración de un manual de buenas prácticas para el desarrollo de una política de autonomía personal.
El objetivo será acortar los plazos de respuesta a los dependientes y mejorar los servicios que se les prestan.
Jiménez, que ha visitado varios talleres y ha conversado con discapacitados, familiares y empleados, ha recibido algunas quejas por la tardanza en el pago de las ayudas en casos concretos.
Ha respondido que es consciente de los retrasos y ha apelado a la colaboración entre las administraciones, además de pedir a esos familiares de dependientes que aún no reciben la ayuda que facilitaran sus datos para analizar situación con la Consejería de Madrid.
"Es cierto que la implantación de este nuevo derecho conlleva tiempo, y es muy necesaria la cooperación entre las distintas administraciones", según Jiménez, que ha hablado de hacer "un esfuerzo suplementario".
EL GRAN RETO
En relación con la Ley de Dependencia, ha señalado que es uno de los retos más importante del departamento y "ha sido la responsabilidad y máxima ocupación" de Amparo Valcarce.
De las 893.712 personas que han solicitado ser beneficiarios, más del 70% tienen ya reconocido el derecho a recibir las prestaciones correspondientes y 600.000 personas ya las tienen.
La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, propondrá a las CCAA un compromiso para "acelerar aún más" la aplicación de la Ley de Dependencia, particularmente la concesión de las ayudas, y favorecer así de forma eficaz a las personas que más lo necesitan.
La ministra, que ha recorrido el centro del IMSERSO de atención integral de discapacitados físicos de Leganés, ha anunciado que para ello convocará en breve el Consejo Interterritorial de Dependencia con la intención, también, de aprobar los niveles acordados de inversión para cada comunidad.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
Acompañada en todo momento por la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, con la que ha llegado al centro, y por la consejera de Familia y Asuntos Sociales de Madrid, Engracia Hidalgo, la ministra ha indicado que, además, propondrá la elaboración de un manual de buenas prácticas para el desarrollo de una política de autonomía personal.
El objetivo será acortar los plazos de respuesta a los dependientes y mejorar los servicios que se les prestan.
Jiménez, que ha visitado varios talleres y ha conversado con discapacitados, familiares y empleados, ha recibido algunas quejas por la tardanza en el pago de las ayudas en casos concretos.
Ha respondido que es consciente de los retrasos y ha apelado a la colaboración entre las administraciones, además de pedir a esos familiares de dependientes que aún no reciben la ayuda que facilitaran sus datos para analizar situación con la Consejería de Madrid.
"Es cierto que la implantación de este nuevo derecho conlleva tiempo, y es muy necesaria la cooperación entre las distintas administraciones", según Jiménez, que ha hablado de hacer "un esfuerzo suplementario".
EL GRAN RETO
En relación con la Ley de Dependencia, ha señalado que es uno de los retos más importante del departamento y "ha sido la responsabilidad y máxima ocupación" de Amparo Valcarce.
De las 893.712 personas que han solicitado ser beneficiarios, más del 70% tienen ya reconocido el derecho a recibir las prestaciones correspondientes y 600.000 personas ya las tienen.
