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19 de noviembre de 2010, 7:16
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 18.11.2010
Por lo tanto, Trinidad Jiménez ha insistido en que la comunidad internacional necesita un informe "claro e independiente" de lo ocurrido en la zona. No osbtante, la ministra no ha sugerido quién podría elaborar dicho documento.
Después, ante el aluvión de críticas de la oposición sobre la falta de firmeza del Ejecutivo ante los últimos acontecimientos en El Aaiún, la jefa de la diplomacia española ha señalado que la organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch, que tiene un representante en la zona, ha anunciado su intención de elaborar un informe sobre lo ocurrido. Según fuentes diplomáticas, este documento, junto con los datos que puedan recabar otros organismos con presencia en el Sáhara, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la misión de la ONU en el Sáhara MINURSO podrán contribuir a que se determine el número real de víctimas.
Jiménez ha explicado en su primera intervención en la comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados que hasta el momento sólo se tienen los datos que han ofrecido Marruecos y el Frente Polisario, "unas cifras", ha dicho, "que el Gobierno toma con cautela por no estar suficientemente contrastadas". Por eso, según sus palabras, "es necesario que la Comunidad Internacional conozca el balance final de lo ocurrido con datos fehacientes y precisos para tomar una decisión".
Lo que sí tiene muy claro la ministra es que lo importante es "no llegar nunca a la ruptura de diálogo con Marruecos". Ha puntualizado que, "aunque hay algunos que desearían que se diera esta situación", es "fundamental mantener la interlocución con Marruecos" para poder tener la posibilidad de intervenir. "Sólo así tendremos la posibilidad de trabajar para alcanzar soluciones", ha añadido.
Otros puntos en los que se basa la posición del Gobierno de España sobre la situación del Sáhara Occidental son: el compromiso histórico y actual del Ejecutivo con los Derechos Humanos y con la libertad de prensa y de información, la acción consular y la asistencia a los españoles en la zona de conflicto y la confianza del Ejecutivo en que la situación debe resolverse con el diálogo entre las partes, "siempre en el marco de las Naciones Unidas", ha dicho.
Jimenez ha recordado en todo momento que la posición del Gobierno español es "coincidente" a la de la ONU y ha destacado la importancia del protagonismo del órgano internacional. "El Sáhara Occidental es un asunto que compete a la comunidad internacional y en él, el protagonismo de Naciones Unidas es fundamental", ha dicho.
Ha recordado que se trata de un territorio que se encuentra en la lista de los "no autónomos" y que se encuentra todavía en "proceso de descolonización". Así, ha apuntado que la solución al problema en el Sáhara pasa por la autodeterminación, una posición "que han mantenido todos los gobiernos de España desde 1976". Ha destacado que "España no es potencia administradora del Sáhara Occidental" mientras que la ONU si constata la presencia de la administración marroquí en la zona. Una situación, ha dicho, que se mantendrá hasta que culmine el proceso de descolonización. Así, ha recordado también que "España no es parte del conflicto ni de las negociaciones".
No obstante, ha insistido en la "fuerte implicación" de España en el territorio ya que "se ha involucrado como ningún otro Estado". "España ha sido y es el país que más se ha preocupadp y el más solidario con la situación saharaui", ha dicho.
Dentro de las medidas que podría adoptar Rabat atendiendo a las peticiones que se le han formulado desde España, Jiménez ha dicho que espera "muy pronto" noticias por parte de Marruecos con respecto a autorizar la presencia de prensa española en el Sáhara Occidental. Ha explicado que el Gobierno español se mantiene "en contacto permanente" con Rabat para "organizar" la presencia de periodistas españoles en El Aaiún para que puedan ofrecer una "información fidedigna", algo que en su opinión es también "de interés" para Marruecos.
CRÍTICAS DE TODOS LOS GRUPOS
Todos los grupos parlamentarios, con excepción del PSOE, han criticado la gestión del Gobierno en esta crisis. El diputado del PP Gustavo de Arístegui ha acusado al Ejecutivo de anteponer los intereses de España a la defensa de los Derechos Humanos, ha advertido de que Marruecos "no puede recurrir a la fuerza sin más" y tenía que haber agotado la vía de la negociación con los líderes de la reivindicación socioeconómica del campamento. También ha pedido a Rabat que "demuestre" que no tiene "nada que ocultar" en relación a estos sucesos, se ha preguntado por qué el reino alauí evidencia "esa saña" con la prensa española y ha considerado que la política exterior del actual Gobierno hacia el Sáhara ha supuesto un "freno" a la solución del contencioso.
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha advertido a la ministra de que su grupo no aprobará su gestión en esta crisis "mientras no condene con la contundencia debida los hechos" y se ha mostrado sorprendido por el "empeño" del Gobierno en "quitarse de en medio" argumentando que no es parte en el conflicto porque abandonó el territorio en 1976.
En representación de CiU, Jordi Xuclà ha indicado que el Ejecutivo debe "protestar" después de que Marruecos haya "cercenado" el derecho de la prensa de acceder a la zona y tiene que requerir a Rabat la información oportuna sobre los hechos.
El diputado de ERC Joan Tardà ha valorado como "un paso atrás" la intervención de la ministra en comparación con la que hubiera hecho su antecesor Miguel Angel Moratinos, mientras que el diputado de IU-ICV Gaspar Llamazares le ha pedido a la ministra, sin éxito, que al menos condene como ha hecho Francia la no admisión en el Sáhara de parlamentarios nacionales.
Por lo tanto, Trinidad Jiménez ha insistido en que la comunidad internacional necesita un informe "claro e independiente" de lo ocurrido en la zona. No osbtante, la ministra no ha sugerido quién podría elaborar dicho documento.
Después, ante el aluvión de críticas de la oposición sobre la falta de firmeza del Ejecutivo ante los últimos acontecimientos en El Aaiún, la jefa de la diplomacia española ha señalado que la organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch, que tiene un representante en la zona, ha anunciado su intención de elaborar un informe sobre lo ocurrido. Según fuentes diplomáticas, este documento, junto con los datos que puedan recabar otros organismos con presencia en el Sáhara, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la misión de la ONU en el Sáhara MINURSO podrán contribuir a que se determine el número real de víctimas.
Jiménez ha explicado en su primera intervención en la comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados que hasta el momento sólo se tienen los datos que han ofrecido Marruecos y el Frente Polisario, "unas cifras", ha dicho, "que el Gobierno toma con cautela por no estar suficientemente contrastadas". Por eso, según sus palabras, "es necesario que la Comunidad Internacional conozca el balance final de lo ocurrido con datos fehacientes y precisos para tomar una decisión".
Lo que sí tiene muy claro la ministra es que lo importante es "no llegar nunca a la ruptura de diálogo con Marruecos". Ha puntualizado que, "aunque hay algunos que desearían que se diera esta situación", es "fundamental mantener la interlocución con Marruecos" para poder tener la posibilidad de intervenir. "Sólo así tendremos la posibilidad de trabajar para alcanzar soluciones", ha añadido.
Otros puntos en los que se basa la posición del Gobierno de España sobre la situación del Sáhara Occidental son: el compromiso histórico y actual del Ejecutivo con los Derechos Humanos y con la libertad de prensa y de información, la acción consular y la asistencia a los españoles en la zona de conflicto y la confianza del Ejecutivo en que la situación debe resolverse con el diálogo entre las partes, "siempre en el marco de las Naciones Unidas", ha dicho.
Jimenez ha recordado en todo momento que la posición del Gobierno español es "coincidente" a la de la ONU y ha destacado la importancia del protagonismo del órgano internacional. "El Sáhara Occidental es un asunto que compete a la comunidad internacional y en él, el protagonismo de Naciones Unidas es fundamental", ha dicho.
Ha recordado que se trata de un territorio que se encuentra en la lista de los "no autónomos" y que se encuentra todavía en "proceso de descolonización". Así, ha apuntado que la solución al problema en el Sáhara pasa por la autodeterminación, una posición "que han mantenido todos los gobiernos de España desde 1976". Ha destacado que "España no es potencia administradora del Sáhara Occidental" mientras que la ONU si constata la presencia de la administración marroquí en la zona. Una situación, ha dicho, que se mantendrá hasta que culmine el proceso de descolonización. Así, ha recordado también que "España no es parte del conflicto ni de las negociaciones".
No obstante, ha insistido en la "fuerte implicación" de España en el territorio ya que "se ha involucrado como ningún otro Estado". "España ha sido y es el país que más se ha preocupadp y el más solidario con la situación saharaui", ha dicho.
Dentro de las medidas que podría adoptar Rabat atendiendo a las peticiones que se le han formulado desde España, Jiménez ha dicho que espera "muy pronto" noticias por parte de Marruecos con respecto a autorizar la presencia de prensa española en el Sáhara Occidental. Ha explicado que el Gobierno español se mantiene "en contacto permanente" con Rabat para "organizar" la presencia de periodistas españoles en El Aaiún para que puedan ofrecer una "información fidedigna", algo que en su opinión es también "de interés" para Marruecos.
CRÍTICAS DE TODOS LOS GRUPOS
Todos los grupos parlamentarios, con excepción del PSOE, han criticado la gestión del Gobierno en esta crisis. El diputado del PP Gustavo de Arístegui ha acusado al Ejecutivo de anteponer los intereses de España a la defensa de los Derechos Humanos, ha advertido de que Marruecos "no puede recurrir a la fuerza sin más" y tenía que haber agotado la vía de la negociación con los líderes de la reivindicación socioeconómica del campamento. También ha pedido a Rabat que "demuestre" que no tiene "nada que ocultar" en relación a estos sucesos, se ha preguntado por qué el reino alauí evidencia "esa saña" con la prensa española y ha considerado que la política exterior del actual Gobierno hacia el Sáhara ha supuesto un "freno" a la solución del contencioso.
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha advertido a la ministra de que su grupo no aprobará su gestión en esta crisis "mientras no condene con la contundencia debida los hechos" y se ha mostrado sorprendido por el "empeño" del Gobierno en "quitarse de en medio" argumentando que no es parte en el conflicto porque abandonó el territorio en 1976.
En representación de CiU, Jordi Xuclà ha indicado que el Ejecutivo debe "protestar" después de que Marruecos haya "cercenado" el derecho de la prensa de acceder a la zona y tiene que requerir a Rabat la información oportuna sobre los hechos.
El diputado de ERC Joan Tardà ha valorado como "un paso atrás" la intervención de la ministra en comparación con la que hubiera hecho su antecesor Miguel Angel Moratinos, mientras que el diputado de IU-ICV Gaspar Llamazares le ha pedido a la ministra, sin éxito, que al menos condene como ha hecho Francia la no admisión en el Sáhara de parlamentarios nacionales.
