España no es Grecia, pero sus tasas de paro juvenil recorren de la mano y a buen ritmo un mismo camino que parece acabar sin remedio en la pérdida de varias generaciones. La precariedad en sus diversas formas, el empleo sumergido o en condiciones indignas, la exclusión del mercado laboral, la pobreza o la emigración son compañeros de viaje de un desempleo que en nuestro país afecta ya al 57,2% de los menores de 25 años, según la EPA del primer trimestre de 2013.
El problema tiene una caracterización evidente en términos sociales, pero conviene no olvidar su otro rostro: el paro juvenil supone a los países de la Unión Europea (UE27) un coste de 153.000 millones de euros, equivalente al 1,21% de su PIB, según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND).
El dato no carece de relevancia: quien no se muestre muy impresionado por los efectos sociales del paro juvenil es posible que se conmueva con su impacto sobre la economía y la fiscalidad de cada uno de los países. Por una u otra razón, la Comisión Europea lleva años anunciando medidas para atajar el problema: en septiembre de 2010, en el marco de la contestada Estrategia 2020, impulsó la iniciativa «Juventud en movimiento» que, superada por la realidad, dio paso -en diciembre de 2011- a otra llamada «Oportunidades para la juventud», vinculada ya de forma expresa al uso de recursos del Fondo Social Europeo. Concretamente, al uso de cuatro millones de euros que habrían de dirigirse al desarrollo de proyectos locales de empleo joven.
Sorprendentemente el plan no resultó satisfactorio, de manera que en su reunión de los días 28 y 29 de junio de 2012 el Consejo Europeo resolvió destinar 55.000 millones de euros de los Fondos Estructurales a medidas de impulso del crecimiento, priorizando la investigación y la innovación, las PYME y el empleo juvenil.
Un año después poco se sabe de dónde acabó aquella ambiciosa apuesta por la creación de empleo entre los jóvenes, pero a cambio tenemos un nuevo anuncio: el Consejo Europeo acaba de aprobar que se dediquen 6.000 millones de euros a la lucha contra el paro juvenil, de los que España recibirá 1.900 para su ejecución en 2014 y 2015. Además, el Banco Europeo de Inversiones ha prometido préstamos por valor de otros 18.000 millones -repartidos en tres años- a pequeñas y medianas empresas dispuestas a contratar a jóvenes.
La cuestión clave es a qué se dedicará ese dinero, en caso de materializarse realmente en los plazos y términos anunciados. La Comisión Europea aceptó impulsar la llamada «Garantía Juvenil» como una de las medidas centrales para afrontar este drama: los servicios públicos de empleo habrán de coordinarse con instituciones y empresas para asegurar que ningún menor de 26 años que quede en el paro o concluya sus estudios permanezca en el desempleo más de cuatro meses sin recibir ofertas de trabajo, formativas o de prácticas.
¿Problema solucionado? Lamentablemente, no. Al margen de que la «Garantía Juvenil» no constituye una solución a la destrucción generalizada de empleo en la periferia europea, derivada en gran parte de una política económica fracasada y antisocial, para que tal iniciativa al menos pudiera actuar como un parche contra la exclusión de amplias capas de la juventud habría primero que superar dos obstáculos: el financiero y el -llamémoslo así- español.
La UE está dispuesta a invertir 6.000 millones de euros, de los que sólo parte se destinarán a esta medida, pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la «Garantía Juvenil» no se podrá aplicar con menos de 21.000 millones. Cabría preguntarse por las prioridades de la burocracia europea, pero mejor centrémonos en el argumento aparentemente más capaz de activar ciertas voluntades: como vimos antes, sigue resultando más barato invertir en la lucha contra el paro que no hacer nada o, como es el caso, poner calderilla sobre la mesa.
Pero, siendo grave el problema de la inversión, es el factor español el que parece insuperable: el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin saber a qué dedicar el dinero europeo, continúa despreciando iniciativas «populistas» como la «Garantía Juvenil» y no deja de insistir en medidas ineficaces y muy cuestionables como el uso de cualquier recurso que se ponga a su alcance para la reducción casi indiscriminada de cotizaciones a la Seguridad Social.
No se movilizan apenas recursos contra el paro juvenil y los pocos que pueden llegar a nuestro país tienen grandes posibilidades de acabar en la basura. A la juventud española le sobran razones para el escepticismo.
