El IMIDA o el desprecio político a la investigación agroalimentaria
En Murcia se despilfarran recursos y excelencia investigadora al interrumpir abruptamente investigaciones en curso o no iniciar otras
Si hay algún lugar en las que la ciencia, la invocación a san Isidro Labrador, la confusión sobre la esencia del dinero público, el que gestiona las administraciones públicas en nombre del interés general, el despilfarro del mismo y el desinterés por las consecuencias de la ejecución de la agenda pública en materia de investigación agroalimentaria se confunden, ese lugar es la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Es un desinterés insensato, que tal vez debiera ser conocido por la ciudadanía en su génesis y en su desarrollo.
En 2018 (no en el quinquenio ominoso de destrucción de empleo público y de desmantelamiento de la investigación científica en nuestro país), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (en adelante IMIDA), en contra del parecer de la Asamblea Regional, que el 8 de octubre pidió la creación de 48 puestos de trabajo de investigación agroalimentaria en el próximo trienio, decide, muy al contrario del sentir de los parlamentarios regionales, prescindir de los servicios de 53 trabajadores, enviando al paro casi al 60 por cien de sus investigadores. Detrás, claro, está la Consejería competente.
¿Quién puede estar si no detrás de tales decisiones en apariencia erráticas que buscan, como ya ha ocurrido en otros ámbitos públicos, deteriorar la investigación agroalimentaria en una Región en la que la agricultura es un sector estratégico? Habrá que concluir también que toda acción política tiene un plan, que el Consejero de Agricultura y Agua no actúa solamente con crueldad al mantener en suspenso el futuro de 53 trabajadores. Incluso durante los años ominosos de destrucción de empleo público, los responsables de recursos humanos mantuvieron cierto margen de empatía con las personas cesadas e incluso buscaron soluciones alternativas al despido.
A pesar de la decisión de la Asamblea regional sede, por cierto, de la soberanía popular, de potenciar la investigación agroalimentaria en el IMIDA, nada parece moverse en el Consejo de Gobierno ni en la Consejería de Agricultura y Agua. Ni el consejero, ni el gerente del IMIDA se han reunido con los trabajadores. Tampoco se han dirigido ni a la Junta Asesora ni a la Comisión Científica del Organismo autónomo. El desprecio por la sede legislativa pervive aún sin mayoría absoluta, sin que el apoyo parlamentario (C,s) con que cuenta el partido gobernante (PP) se resienta. Alguien dirá que hay pose en algunas decisiones políticas y que todo se reduce a un cálculo electoral primario.
A la inacción política para mantener la investigación agroalimentaria con el cambio del año en el IMIDA, se añade la inexplicable pasividad para poner en marcha, a uno de enero de 2019, trece proyectos clave de investigación para el sector agroalimentario murciano. La existencia de financiación no parece venir acompañada de la voluntad política necesaria para desarrollar líneas de investigación que beneficiarán notablemente el desarrollo del sector agroalimentario regional. En uno y otro caso se despilfarran recursos y excelencia investigadora al interrumpir abruptamente investigaciones en curso o no iniciar otras. No parece que en este caso se pueda hablar de una gestión eficaz y eficiente de los recursos aportados por la Unión europea. El Consejero de Agricultura y Agua sabrá las razones que le motivan. Sean las que fueran, y se dice que su apuesta por un “tercer sector” de la investigación es una de ellas, si no la primera, la excelencia en la gestión de las subvenciones debe ser su obligación.
Paralelamente, en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), con una situación precaria similar a la del IMIDA (por lo menos hasta ahora), se van a crear 33 nuevas plazas de investigación y se le va a dotar con una gerencia. Todo para estabilizar un empleo necesario y que aporta calidad a la prestación de los servicios sanitarios en nuestra Región. Falta crear mucho empleo en el IMIB, también transformarlo en empleo de calidad si atendemos a las protestas del personal investigador con denuncia el carácter mileurista de sus retribuciones. Pero entre este tímido despertar de la Consejería de salud para estabilizar el empleo temporal en el IMIB y la dejación absoluta del IMIDA por parte de la Consejería de Agua y Agricultura, hay un largo camino nunca recorrido que lleva desde la Plaza Juan XXIII (sede de la Consejería) a la Calle Mayor de La Alberca (sede de parte de las instalaciones del IMIDA).
La investigación agroalimentaria debe ser uno de los puntos fuertes de la gestión política de la Consejería de Agua y Agricultura, aunque el consejero no parezca entenderlo así. No obstante, habrá que recordarle que es el responsable de gestionar las competencias que tiene asignadas, de mantener y mejorar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, y no solo a una parte de la misma, de impulsar el I+D+i en aquellos servicios centrados en la investigación agroalimentaria, de marcar unos objetivos y obtener unos resultados en consonancia. Lo que no se puede hacer es crear incertidumbre entre su personal, mantener las dudas sobre futuros proyectos de investigación o no valorar las opiniones de profesionales de reconocida valía que han mantenido la calidad investigadora del IMIDA, en un entorno de restricciones presupuestarias y de, por no utilizar otro epíteto más duro, desdén hacia el trabajo bien hecho.