La Región de Murcia fue azotada la madrugada del 15 de septiembre por un temporal de rayos, truenos, viento y lluvia. La mañana del sábado, el agua de los arrastres bajaba rauda hasta la costa, desaguando en las playas del Mediterráneo y del Mar Menor y dando a nuestros mares ese línea irregular característica que divide el agua marrón de aquella otra gris oscura a donde no ha llegado los sedimentos de la riada. Las lluvias abundantes, a veces torrenciales, no son excepcionales en nuestra tierra a finales del verano. Alguien dirá que no se pueden asociar, dados los conocientos científicos que atesoramos a día de hoy, al cambio climático, aunque los especialistas en la materia dan como cierta esa asociación. Pero lo que sí es novedoso es el potencial de destrucción de las lluvias torrenciales si se interrelacionan con la acción del hombre. Es decir, siempre ha habido gota fría pero nunca como ahora la acción de la naturaleza combinada con una actividad humana depredativa en grado sumo ha tenido tal potencial de devastación medioambiental.
Es difícil saber el efecto que las tormentas de este fin de semana y las que vendrán tendrán sobre el Mar Menor y su entorno. En los últimos meses, asistimos a una tendencia a considerar el medio ambiente como un todo (no es un contrasentido, no al menos para nuestra clase dirigente regional), y no como elementos aislados sobre los que se puede actuar sin temer efectos "externos". Ya no es solo el Mar Menor; es la sierra minera y los estériles, es el inmenso abanico aluvial que se extiende por gran parte de la Comarca de Cartagena, es la agricultura intensiva y la contaminación de los acuíferos, son las balsas contaminadas, los metales pesados, el desarrollo urbanístico, la presión humana sobre la naturaleza para crear mercado. No es un secreto que el cambio climático va a golpear más fieramente sobre los países más pobres. Pero hay un evidencia que no debemos obviar: los mayores desastres medioambientales se han producido en países dictatoriales sin controles sociales. La antigua URSS es un ejemplo paradigmática, también China. El oscurantismo es enemigo de las sociedades abiertas. Y ese oscurantismo parece que ha presidido las negociaciones a dos o tres bandas de las Proposiciones de Ley de las que vamos a hablar a continuación.
El pasado 3 de septiembre de 2018, los Grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos (C, s) presentaron en la Asamblea Regional la Proposición de Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. Con anterioridad, el 2 de julio de 2018, el Grupo Popular presentó la Proposición de ley de creación de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA). Sobre esto último, ya hemos escrito en otras ocasiones sobre la situación en cuanto a recursos humanos tanto en la Dirección General del Medio Ambiente y el Mar Menor como la del Medio Natural. Son dos leyes que pretenden dejar desprotegido el Medio Ambiente ante el mercado, hacer de aquel una fuente de enriquecimiento privado y someter el interés general al particular. Diversas organizaciones sociales del ámbito ecologista también han escrito sobre la cuestión, sobre todo sobre las repercusiones que puede tener la creación del ARCA en las potestades públicas y la protección medioambiental. En alguna ocasión se ha dicho también que la participación sobredimensionada de las organizaciones empresariales en los órganos de administración del ARCA es “poner a la zorra a cuidar el gallinero”. Lo cierto, es que la creación de una nueva entidad de derecho público en la Administración Regional rompe de nuevo el modelo de gestión de los servicios públicos e introduce incertidumbre sobre las potestades públicas de las y los empleados públicos, sobre su independencia y obligación de velar por el interés general y sobre la forma constitucional de acceso a empleos públicos (igualdad, mérito, capacidad, publicidad…).
Las dos normas han sido presentadas como proposiciones de ley por grupos parlamentarios y no como proyecto de ley del Gobierno Regional, una manera poco disimulada de evitar los fastidiosos (y para algunos, insidiosos) informes de Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Jurídico, tan atentos al interés general y a legalidad normativa. Sin embargo, la llamada "Ley de Aceleración Empresarial" no ha salido bien parada del Informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional, aunque no hayamos la desagregación necesaria más allá de que se afirma que es contraria a legislación nacional y regional, que invade competencias municipales, que desprotege el Medio Ambiente o que busca una "pseudoamnisía urbanística".
La Proposición de Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad tiene varios aspectos que podrían ser contrarios a la ley en materia medioambiental. En la Exposición de Motivos se indica que "si la administración consultada no emite su informe en el plazo requerido es que ha considerado que los valores protegidos no se encuentran afectados”. Tal pretensión se repite en el artículo 23 de la citada Proposición de Ley. Toda la normativa de Medio Ambiente se basa en principios de protección no solo del medio ambiente, también de la salud pública, por lo que considerar el silencio de la Administración competente como positivo es una aberración que carga sobre el servidor público las responsabilidades por daños medioambientales o de salud pública irreparables.
No dudamos que la llamada "Ley de Aceleración Empresarial" persigue convertir el Medio Ambiente en un negocio. Recordemos las palabras del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente cuando declaró que “el empresario que no vea el medio ambiente como una oportunidad de generar riqueza se quedará fuera del mercado” y que “el medio ambiente es una oportunidad de negocio” (La Opinión de Murcia, 29 de abril de 2018). Y tampoco dudamos que la creación del ARCA busca facilitar el negocio privatizando la gestión de su protección y poniendo a los funcionarios y funcionarias en la dianas de las responsabilidades por posibles desastres medioambientales.
Hay otra cuestión que no podemos ignorar, que hemos mencionado más arriba y que también destaca el diario La Verdad de Murcia : la Proposición de Ley de Aceleración Empresarial es considerada por las Letradas de la Asamblea Regional como "un 'traje a medida' para regularizar actividades y construcciones ilegales, hasta el punto de calificar algunas de sus medidas como una «pseudoamnistía urbanística»" (La Verdad, 15 de septiembre de 2018).
Con todo lo dicho, se puede entender que las proposiciones de ley" de aceleración empresarial" y de creación del ARCA están interrelacionadas íntimamente. La segunda es necesaria para torcer el interés general en la Administración Regional mediante la desprotección jurídica de los funcionarios que componen la Dirección General de Medio Ambiente y del Mar Menor y del Medio Natural. Lo que no es entendible es como la ley de creación del ARCA sólo ha sido presentada por el Grupo Popular y la llamada Ley de Aceleración Empresarial por el Grupo Popular y el de C, s. Lo que sí sesabe es que en ambas ha estado muy presente la CROEM, sucursal regional de la CEOE, y sobre todo, la falta de transparencia y la ausencia absoluta de la ciudadanía murciana en el debate de las mismas.