La diputada de Iniciativa per Catalunya (ICV) en el Congreso, Laia Ortíz, quiere que el Ministerio de Defensa aclare si piensa compensar a la empresa Instalaza, de la que fue consejero el ministro Pedro Morenés, por la adscripción de España al convenio contra las bombas de racimo como las que fabricaba dicha empresa y que utilizó Muamar Gadafi contra su población durante el conflicto libio del pasado año.
En un escrito registrado en el Congreso la diputada recuerda que, según diferentes ONGs, las bombas de racimo MAT-120 que fueron las utilizadas por Gadafi en sus ataques a la población libia de Misrata fueron producidas por la empresa española Instalaza a la que estuvo vinculado Morenés primero como consejero (2005-2007) y después como representante.
La Convención sobre Municiones en Racimo, según subraya Laia Ortíz, fue adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008 por 107 Estados y firmada en diciembre del mismo año. A partir del 1 de agosto del pasado año 2010, se volvió parte del Derecho Internacional vinculante para los Estados de la ONU.
VENDIENDO MATERIAL PROHIBIDO
En ese contexto, la diputada de ICV pide conocer en qué situación se encuentra la reclamación de Instalaza y si el Gobierno considera que debe compensarse a empresas privadas por cumplir los Tratados Internacionales adoptados por España.
Laia Ortíz, que comparte grupo en el Congreso con IU y CHA, pregunta la opinión del Gobierno sobre el hecho de que la empresa Instalaza tuviera en su catálogo armas ilegales y pide saber qué medidas se van a llevar a cabo para asegurar el cumplimiento de la Convención sobre Municiones en Racimo.
