nuevatribuna.es
3 de mayo de 2010, 7:57
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 03.05.2010
España sigue figurando como el segundo país del mundo con más número de desaparecidos en fosas clandestinas, 150.000, una cifra tan solo superada por las matanzas perpetradas por el régimen de Pol Pot en Camboya. Como se pregunta el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, “¿cuántos desaparecidos habríamos podido restituir a sus familias en los dos años de vigencia de la Ley de Memoria Histórica si se hubiese previsto, entre otras cosas, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos?”. Así se hizo en Argentina con 30.000 desaparecidos y 25 años después de la dictadura militar, mientras que en España han pasado 70 años.
Eso es en esencia lo que pide el Grupo de ICV-IU en el Congreso de los Diputados que ha registrado una moción tras el debate protagonizado la semana pasada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño y el diputado de Iniciativa Per Catalunya Verds Joan Herrera.
En la moción, firmada por el propio Herrera y el parlamentario de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, se insta al Gobierno de Rodríguez Zapatero que lleve a cabo una reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En concreto se pide que sean modificados los artículos 11, 12, 13 y 14, aquellos referentes a la localización y exhumación de los cuerpos, para que los poderes públicos se responsabilicen de la recuperación de esos restos, asuman los gastos derivados de esa recuperación y garanticen la “señalización y dignificación de los espacios donde se ubican fosas de la Guerra Civil”.
La moción también plantea que se conmemore de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen de Franco y de apoyo a las víctimas; que se constituya un día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados; que se establezca un “marco institucional efectivo” que impulse políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática; y que se cree un Alto Comisionado y una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Pero la moción va más allá al instar al Gobierno a que aborde cuantas reformas legales sean necesarias para, bajo el paraguas de la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, impedir que nadie pueda ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo como ha sido el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La iniciativa va en paralelo a la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía de 1977 presentada hace unos días por estos mismos Grupos. Se trataría, explica Joan Herrera en conversación con nuevatribuna.es, que dicha ley “no pueda ser interpretada como una ley de punto final”. En este sentido, hay que recordar que el magistrado del Supremo Luciano Varela, que instruye la causa contra Garzón, basó su argumentación jurídica en dicha ley y en la de la Memoria Histórica obviando la normativa internacional en esta materia.
ICV-IU esperan poder negociar la moción con el Grupo Socialista. De hecho, Joan Herrera ya ha mantenido conversaciones con el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso y con el ministro Caamaño que ya dejó abierta la posibilidad de reformar la Ley de 2007 en el Pleno de la semana pasada en la Cámara baja.
> PDF: Texto de la moción de ICV-IU
España sigue figurando como el segundo país del mundo con más número de desaparecidos en fosas clandestinas, 150.000, una cifra tan solo superada por las matanzas perpetradas por el régimen de Pol Pot en Camboya. Como se pregunta el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, “¿cuántos desaparecidos habríamos podido restituir a sus familias en los dos años de vigencia de la Ley de Memoria Histórica si se hubiese previsto, entre otras cosas, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos?”. Así se hizo en Argentina con 30.000 desaparecidos y 25 años después de la dictadura militar, mientras que en España han pasado 70 años.
Eso es en esencia lo que pide el Grupo de ICV-IU en el Congreso de los Diputados que ha registrado una moción tras el debate protagonizado la semana pasada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño y el diputado de Iniciativa Per Catalunya Verds Joan Herrera.
En la moción, firmada por el propio Herrera y el parlamentario de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, se insta al Gobierno de Rodríguez Zapatero que lleve a cabo una reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En concreto se pide que sean modificados los artículos 11, 12, 13 y 14, aquellos referentes a la localización y exhumación de los cuerpos, para que los poderes públicos se responsabilicen de la recuperación de esos restos, asuman los gastos derivados de esa recuperación y garanticen la “señalización y dignificación de los espacios donde se ubican fosas de la Guerra Civil”.
La moción también plantea que se conmemore de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen de Franco y de apoyo a las víctimas; que se constituya un día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados; que se establezca un “marco institucional efectivo” que impulse políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática; y que se cree un Alto Comisionado y una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Pero la moción va más allá al instar al Gobierno a que aborde cuantas reformas legales sean necesarias para, bajo el paraguas de la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, impedir que nadie pueda ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo como ha sido el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La iniciativa va en paralelo a la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía de 1977 presentada hace unos días por estos mismos Grupos. Se trataría, explica Joan Herrera en conversación con nuevatribuna.es, que dicha ley “no pueda ser interpretada como una ley de punto final”. En este sentido, hay que recordar que el magistrado del Supremo Luciano Varela, que instruye la causa contra Garzón, basó su argumentación jurídica en dicha ley y en la de la Memoria Histórica obviando la normativa internacional en esta materia.
ICV-IU esperan poder negociar la moción con el Grupo Socialista. De hecho, Joan Herrera ya ha mantenido conversaciones con el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso y con el ministro Caamaño que ya dejó abierta la posibilidad de reformar la Ley de 2007 en el Pleno de la semana pasada en la Cámara baja.
> PDF: Texto de la moción de ICV-IU
