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13 de enero de 2010, 10:36
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 13.1.2010
A todos ellos se les acusaba de haber mantenido reuniones con Batasuna coincidiendo con la tregua de ETA en el año 2006. El Supremo considera que su actuacuión no supuso ningun delito, al estimar que las acusaciones populares (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) estaban suficientemnte legitimadas para pedir la apertura del juicio oral contra los mandatarios vascos, pese a que en este procedimiento la fiscalía no acusaba.
De este modo, el Supremo entra en el fondo del asunto a la vez que aplica al caso la denominada 'doctrina Atutxa', que considera suficiente la acusación popular, aunque el fiscal no acuse, al tratarse de un delito, el de desobediencia, que no tiene un perjudicado directo. Esta doctrina se opone a la conocida como 'doctrina Botín' que dice que no basta la única petición de la acusación popular para abrir juicio oral y sentar a los acusados en el banquillo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó la causa contra López e Ibarretxe al considerar que no existía acusación legítima por ser la acción penal únicamente ejercida por una acusación popular (las dos asociaciones mencionadas).
Durante el juicio celebrado en Bilbao, tanto la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, como la defensa de López y Ares, y de los cinco representantes de Batasuna, solicitaron el sobreseimiento en base a la denominada 'doctrina Botín', por la que el TS afirmó que no se podía abrir juicio oral si la causa la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular.
Las acusaciones populares ejercidas durante la vista oral por las asociaciones de víctimas, ahora recurrentes, solicitaron penas superiores a los dos años para los participantes en las reuniones, entre los que también se encontraban los miembros de la izquierda abertzale, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena.
A todos ellos se les acusaba de haber mantenido reuniones con Batasuna coincidiendo con la tregua de ETA en el año 2006. El Supremo considera que su actuacuión no supuso ningun delito, al estimar que las acusaciones populares (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) estaban suficientemnte legitimadas para pedir la apertura del juicio oral contra los mandatarios vascos, pese a que en este procedimiento la fiscalía no acusaba.
De este modo, el Supremo entra en el fondo del asunto a la vez que aplica al caso la denominada 'doctrina Atutxa', que considera suficiente la acusación popular, aunque el fiscal no acuse, al tratarse de un delito, el de desobediencia, que no tiene un perjudicado directo. Esta doctrina se opone a la conocida como 'doctrina Botín' que dice que no basta la única petición de la acusación popular para abrir juicio oral y sentar a los acusados en el banquillo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó la causa contra López e Ibarretxe al considerar que no existía acusación legítima por ser la acción penal únicamente ejercida por una acusación popular (las dos asociaciones mencionadas).
Durante el juicio celebrado en Bilbao, tanto la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, como la defensa de López y Ares, y de los cinco representantes de Batasuna, solicitaron el sobreseimiento en base a la denominada 'doctrina Botín', por la que el TS afirmó que no se podía abrir juicio oral si la causa la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular.
Las acusaciones populares ejercidas durante la vista oral por las asociaciones de víctimas, ahora recurrentes, solicitaron penas superiores a los dos años para los participantes en las reuniones, entre los que también se encontraban los miembros de la izquierda abertzale, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena.
