viernes. 21.06.2024
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 15.02.2010

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Baltasar Garzón, que investiga el supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisan de Irún, Joseba Elosúa.

El auto estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, por lo que "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España". En este sentido, el tribunal apuesta por "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación.

En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.

Garzón, obligado a reabrir el 'caso Faisán'