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13 de mayo de 2010, 6:07
NUEVATRIBUNA.ES - 12.5.2010
La decisión de Varela, que no es recurrible, supone la última resolución antes de sentar a Garzón en el banquillo. Fuentes del Alto Tribunal han señalado que Varela tiene previsto remitir este mismo miércoles este auto al Consejo General del Poder Judicial, lo que permitirá a este órgano convocar un pleno para estudiar la eventual suspensión del juez de la Audiencia Nacional. De esta manera, Varela fuerza el inicio de la vía disciplinaria antes de que el CGPJ decida sobre la solicitud del juez de la Audiencia Nacional para trasladarse a La Haya en calidad de asesor.
El órgano de gobierno de los jueces podría convocar hoy mismo un pleno extraordinario para decidir la suspensión de Garzón.
La Sala Penal del Tribunal Supremo decidió por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo, por haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y que estaban amnistiados.
Una vez que se ha confirmado el juicio a Garzón, el juez tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional, porque entiende que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales. Concretamente, Garzón considera que el Supremo vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías cuando inadmitió a trámite la recusación interpuesta contra el magistrado Luciano Varela.
El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando "interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo". Garzón se refería al hecho de que Varela pidiese a Falange -que finalmente fue expulsada del proceso- y a a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores.
LOS 'ULTRAS' JUZGAN AL JUEZ
La causa por la memoria histórica sienta a Garzón en el banquillo a instancias de una única acusación popular, la que ejercitan el pseudo sindicato 'ultra' Manos Limpias junto con la asociación Libertad e Identidad, después de que Varela expulsara del procedimiento a Falange Española y de las JONS por no presentar en plazo su escrito de acusación una vez le ordenara corregirlo, al estimar que contenía valoraciones y elementos ajenos al procedimiento. Se piden para él 20 años de inhabilitación.
La Fiscalía no acusa en este procedimiento, por entender que las actuaciones de Garzón durante su investigación de los crímenes franquistas en la Audiencia Nacional no supuso prevaricación alguna. Presentó además un recurso, aún pendiente de resolución, solicitando a la Sala de lo Penal del Supremo la nulidad de los acuerdos adoptados por Varela al exigir a las acusaciones que enmendaran sus escritos, al estimar que esta decisión del instructor no tiene base procesal, por lo que la causa debería ser archivada.
En noviembre de 2008 el titular del Juzgado de Instrucción número 5 se inhibió de este procedimiento a favor de los juzgados territoriales, si bien algunos de ellos, como el de Granada y el de El Escorial (Madrid) entienden que tampoco a ellos les corresponde la apertura de fosas y han planteado un conflicto de competencias que también se encuentra pendiente de resolución por el alto tribunal.
La decisión de Varela, que no es recurrible, supone la última resolución antes de sentar a Garzón en el banquillo. Fuentes del Alto Tribunal han señalado que Varela tiene previsto remitir este mismo miércoles este auto al Consejo General del Poder Judicial, lo que permitirá a este órgano convocar un pleno para estudiar la eventual suspensión del juez de la Audiencia Nacional. De esta manera, Varela fuerza el inicio de la vía disciplinaria antes de que el CGPJ decida sobre la solicitud del juez de la Audiencia Nacional para trasladarse a La Haya en calidad de asesor.
El órgano de gobierno de los jueces podría convocar hoy mismo un pleno extraordinario para decidir la suspensión de Garzón.
La Sala Penal del Tribunal Supremo decidió por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo, por haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y que estaban amnistiados.
Una vez que se ha confirmado el juicio a Garzón, el juez tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional, porque entiende que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales. Concretamente, Garzón considera que el Supremo vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías cuando inadmitió a trámite la recusación interpuesta contra el magistrado Luciano Varela.
El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando "interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo". Garzón se refería al hecho de que Varela pidiese a Falange -que finalmente fue expulsada del proceso- y a a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores.
LOS 'ULTRAS' JUZGAN AL JUEZ
La causa por la memoria histórica sienta a Garzón en el banquillo a instancias de una única acusación popular, la que ejercitan el pseudo sindicato 'ultra' Manos Limpias junto con la asociación Libertad e Identidad, después de que Varela expulsara del procedimiento a Falange Española y de las JONS por no presentar en plazo su escrito de acusación una vez le ordenara corregirlo, al estimar que contenía valoraciones y elementos ajenos al procedimiento. Se piden para él 20 años de inhabilitación.
La Fiscalía no acusa en este procedimiento, por entender que las actuaciones de Garzón durante su investigación de los crímenes franquistas en la Audiencia Nacional no supuso prevaricación alguna. Presentó además un recurso, aún pendiente de resolución, solicitando a la Sala de lo Penal del Supremo la nulidad de los acuerdos adoptados por Varela al exigir a las acusaciones que enmendaran sus escritos, al estimar que esta decisión del instructor no tiene base procesal, por lo que la causa debería ser archivada.
En noviembre de 2008 el titular del Juzgado de Instrucción número 5 se inhibió de este procedimiento a favor de los juzgados territoriales, si bien algunos de ellos, como el de Granada y el de El Escorial (Madrid) entienden que tampoco a ellos les corresponde la apertura de fosas y han planteado un conflicto de competencias que también se encuentra pendiente de resolución por el alto tribunal.
